Adri�n Perez

El kirchnerismo cumplió su palabra de vetar aquello con lo que no está de acuerdo. Ayer, al promulgar la ley de reforma política, Cristina Fernández de Kirchner observó dos artículos de la norma, que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de algunas de las condiciones que se les exige a los partidos políticos para conseguir su personería y poder competir en las presidenciales de 2011.

Lejos de ser un error de los legisladores, la fecha había surgido de las negociaciones que se desarrollaron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Fue una concesión de los diputados del Frente para la Victoria para seducir a los partidos de centroizquierda. La fecha intentaba demostrar que los partidos chicos no tendrían restricciones en la próxima elección presidencial. Con el veto parcial, la Presidenta no sólo desautorizó a sus propios legisladores y demostró lo difícil que le resulta al kirchnerismo cumplir sus promesas, sino que además puso en evidencia la manera en que piensa relacionarse con un Congreso dominado por la oposición.

El veto de Cristina Fernández alcanzó a los artículos 107 y 108 de la ley. En el primero, los legisladores habían definido que recién en 2012 comenzaría a regir la exigencia de contar con el 4 por mil de afiliados para que un partido político obtenga la personería nacional. En el 108 se definió que a partir de esa fecha aquellos que no se ajustaran a la demanda no podrían presentar candidaturas a cargos electivos, ni en elecciones primarias, ni en elecciones nacionales.

La fecha fue una de las 50 modificaciones que se le introdujeron al proyecto en la Cámara baja. Modificaciones que nunca se hacen al margen de la opinión de la Casa Rosada. El diputado Claudio Lozano recordó a este diario que los cambios vetados ayer fueron defendidos por el actual apoderado del PJ, Jorge Landau, y avalados por la totalidad del Frente para la Victoria.

A pesar de la insistencia de este diario, Landau no respondió ayer a ninguno de los mensajes que se acumularon en su teléfono celular. El jefe del bloque K en Diputados, Agustín Rossi, quien se encontraba al lado de Néstor Kirchner en un acto en Rosario, tampoco contestó a la búsqueda de Crítica de la Argentina. El senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en el Senado, también eligió guardar silencio. Mientras que el kirchnerismo optaba por no hacer comentarios, la oposición legislativa se levantó en un coro uniforme que unió a los bloques cercanos al Gobierno y también a los más críticos.

La presidenta del MST, Vilma Ripoll, que había participado activamente de los debates que se llevaron a cabo en el Congreso, recordó que precisamente los dos artículos vetados formaron parte de los pedidos que su fuerza le formuló al kirchnerismo. “Le pedimos que los cambios corrieran en el 2012 porque tenemos la personería en trámite en muchas provincias. Somos una fuerza con representación en 18 provincias argentinas. El cambio hace la ley más proscriptiva aún. Si uno no puede conseguir la personería no se puede presentar a las internas abiertas y si no se presenta a las internas no puede competir en las nacionales”, destacó Ripoll.

Desde la derrota electoral del 28 de junio cada una de las iniciativas legislativas del kirchnerismo llevaba la misma lógica. Se negociaba en Diputados y se aprobaba a libro cerrado en el Senado. Esto incluyó aun los casos en los había errores manifiestos de redacción, como sucedió con la ley de medios. Al publicar el veto parcial en el Boletín Oficial, la Presidenta dijo en los fundamentos que la fecha votada por ambas cámaras del Congreso “contradice el objetivo central de la ley”. Desde un primer momento, la oposición opinó que ese objetivo no era otro que confeccionar un traje a medida de Néstor Kirchner para controlar la interna del PJ. Algo que el kirchnerismo se preocupó en desmentir.

El diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez señaló a este diario que “es mentira que el veto parcial de la Presidenta no altere el espíritu de la norma sancionada por el Congreso”. Pérez consideró que con el veto, “la Presidenta atenta contra las libertades políticas de los ciudadanos”. También calificó el gesto “como un antecedente gravísimo”. Precisamente por eso fue que el flamante jefe del bloque radical en el Senado, Gerardo Morales, le pidió a Cristina Fernández que “no se le haga costumbre” vetar leyes aprobadas por el Parlamento. El radical consideró que detrás del veto presidencial se esconde “la intención de manipular el sistema de partidos políticos”. Algo en lo que ayer coincidieron casi todos los bloques parlamentarios. Al vetar la fecha aprobada por los diputados y los senadores, las exigencias comienzan a correr desde este momento. El 2011 irrumpió brutalmente como un regalo navideño. Kirchner tiene un plan y Cristina lo sigue al pie de la letra.

Los que quedan a salvo

Unión Cívica Radical: con 2,3 millones de afiliados.

PRO: cumple sólo en Capital.

PJ: tiene 3,7 millones de afiliados.

Frente Grande: conserva 170 mil fichas.

CC-ARI: tiene 50 mil fichas.

Partido Socialista: cuenta con 120 mil afiliados.

Referencia: nota diario Crítica

Fecha: 15 de diciembre de 2009

Link: www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=35507

Diputados opositores, intendentes de la provincia de Buenos Aires y representantes de la Mesa de Enlace se amotinaron ayer en la Cámara de Diputados para reclamar el urgente tratamiento del veto presidencial al artículo 4 de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Como adelantó el martes este diario, la polémica por el veto de Cristina de Kirchner volverá a estallar en el Congreso dentro de los próximos 10 días. Ése es el plazo que tiene la Casa Rosada para enviar la decisión de la Presidente a la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, para resolver si se acepta o rechaza el veto.

Pero el oficialismo no sólo tiene una amplia mayoría en la Comisión Bicameral, sino que sus principales representantes son kirchneristas de paladar negro que no están dispuestos a ceder un milímetro frente a los reclamos agro-opositores. La cordobesa Patricia Vaca Narvaja, la bonaerense Diana Conti, la mendocina María Cristina Perceval y el santacruceño Nicolás Fernández, custodio del matrimonio presidencial en el Consejo de la Magistratura, son algunos de los halcones de la Casa Rosada que dominan este cuerpo legislativo donde también se blindan los DNU de la Presidente.

«El veto fue implementado mediante un decreto, por lo que nos corresponde analizarlo en la Comisión Bicameral. La ley en cuestión fue aprobada por unanimidad en las dos Cámaras. Es ridículo el argumento del oficialismo de que la aprobación fue un error. Es de caradura decir que ninguno de los ciento veinte diputados oficialistas y sus más de quinientos asesores leyera el proyecto completo en los 7 meses que pasaron desde que fue presentado. Tampoco pueden ignorar la grave situación que atraviesa el campo», se quejó ayer en el Anexo de la Cámara baja el diputado macrista Julián Obiglio.

La Sala 2 del segundo piso se pobló de diputados opositores, representantes de la Mesa de Enlace, como Carlos Garetto (CARBAP) y el actual secretario agropecuario del PRO Luciano Miguens. Estuvieron presentes también 12 intendentes de los departamentos bonaerenses afectados por la sequía que iban a recibir beneficios impositivos, entre ellos, Necochea, Azul y Bolívar. Horacio López, intendente de Puán, advirtió que se encuentran «en estado terminal» y narró inclusive cómo se dividen familias rurales, donde cargan las pertenencias de los más jóvenes y los envían en busca de otros horizontes.

«Es desgarrador ver la separación y a los ancianos quedarse en los campos improductivos, en soledad», alertó el jefe comunal.

Adrián Pérez (Coalición Cívica) reiteró que «el Gobierno está demostrando que no quiere resolver el conflicto con el campo, sino mantenerlo en el tiempo». Y Francisco de Narváez, autor de la ley vetada por la Casa Rosada, advirtió sobre la metodología oficial: «No vaya a ser esto una forma con la cual Néstor Kirchner planea llevar adelante los destinos del país».

El titular de la Municipalidad de Necochea, Daniel Molina, fue categórico: «Estamos a las vísperas de un conflicto social».

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: 27 de agosto de 2009

Link:www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=478929

Como reacción al veto de Cristina Kirchner a la ley que bajaba las retenciones a 37 distritos bonaerenses, diputados e intendentes opositores de las zonas en emergencia se reunieron en el Congreso para expresar su protesta y avanzar con una estrategia a dos puntas: presionar a los legisladores para que insistan con el texto que aprobaron por unanimidad y pedir una audiencia con el gobernador Daniel Scioli, para exigirle que se ponga a la cabeza del rechazo al veto. Tarea difícil, porque el gobernador apoyó públicamente la decisión de Cristina.

Al día siguiente de publicarse el veto en el Boletín Oficial, la Mesa de Consenso Agropecuario que nuclea a diputados radicales, macristas, de la Coalición Cívica y peronistas disidentes -faltó el socialismo- armó una puesta en escena con 13 jefes comunales del sur y el centro provincial que pertenecen al Acuerdo Cívico. Faltaron 6 opositores -algunos con aviso- y mandó adhesión escrita un solo justicialista, Cristian Breitenstein, de Bahía Blanca. Es un kirchnerista crítico que se negó a una candidatura testimonial.

Del lado opositor estuvieron, entre otros, Francisco de Narváez, Felipe Solá (por el PJ disidente), Adrián Pérez (jefe de la Coalición Cívica), Christian Gribaudo (el macrista que convocó, en su carácter de vice de la Comisión de Agricultura) y Pedro Morini, puntal de la UCR en temas agrarios.

La intención fue potenciar el costo político de la medida presidencial y retomar la iniciativa parlamentaria para insistir con la rebaja de las retenciones. El proyecto vetado entró el martes a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -sobre 16 integrantes, 10 son oficialistas-, que tiene diez días hábiles para expedirse. Trascendió que podría reunirse el próximo jueves. Después de emitido el dictamen, debe ser tratado por ambas cámaras y en cada una se requieren dos tercios de los votos para rechazar el veto y obligar al Ejecutivo a promulgar la ley. Una posibilidad que aparece remota, dada la relación de fuerzas en el Parlamento.

Diputados e intendente advirtieron sobre el “peligro” que implica la práctica del veto, con el antecedente del que aplicó Cristina a la Ley de Glaciares el año pasado. Morini habló de una “ofensa al Congreso” y Pérez acusó al Gobierno de “potenciar” el conflicto con los ruralistas. “Hay una política de retenciones y es incrementarlas”, dijo. Francisco De Narváez, autor del proyecto que generó la polémica, adelantó que en diciembre -cuando asuman los diputados electos- pedirá “la revisión de las leyes que atenten contra lo que se votó el 28 de junio”.

Participaron los intendentes de Necochea, Guaminí, Saavedra, Tres Lomas, Coronel Dorrego, Carlos Casares, Pringles, Hipólito Yrigoyen, Puan, Bolívar, Saliqueló, Pellegrini y Benito Juárez. Además de los ruralistas y diputados electos Ulises Forte y Pablo Orsolini.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 27 de agosto de 2009

Por: Martín Bravo

Foto: diario Clarín

Link: www.clarin.com/diario/2009/08/27/elpais/p-01986596.htm