Adri�n Perez

El diputado nacional de la Coalición Cívica Adrián Pérez explicó hoy que  “vetar la ley del 82 por ciento móvil es un golpe injustificado a los jubilados. Tanto en el debate de Diputados como en el Senado, demostramos que el proyecto es viable, que hay recursos suficientes para hacer una inversión que ponga justicia a millones de jubilados”.
 
“El gobierno nacional parece mas interesado en rechazar de plano cualquier propuesta superadora de la oposición que en encontrar soluciones concretas al problema de la pobreza y de la mala distribución del ingreso.”, concluyó Pérez.

Fecha: 14 de octubre de 2010

El ex presidente Néstor Kirchner cuestionó ayer los “festejos” de la oposición al lograr la media sanción en la Cámara baja de un proyecto de ley que deroga los llamados “superpoderes” del Ejecutivo, y tras volver a acusar a los opositores de ser “una máquina de impedir”, dijo que de ser jefe de Estado, “vetaría” la ley. Al hablar con la prensa tras mantener un encuentro con 15 embajadores latinoamericanos en su rol de secretario general de Unasur, Kirchner advirtió que “cuando se tienen responsabilidades institucionales, festejar si eso puede servir o ser una máquina de impedir, es tener poca visión estratégica”.

El ex mandatario se expresó en sintonía con otras espadas K, como el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados Agustín Rossi (ver aparte) o la legisladora Diana Conti. En ese marco, Kirchner agregó: “Si me preguntan si me llegara un proyecto de este tipo, si lo tuviera que vetar, lo vetaría sin problemas”.

Conocidas esas declaraciones, la oposición salió a cuestionar con dureza al oficialismo. El diputado nacional por la Coalición Cívica-ARI Adrián Pérez consideró que la sanción que dio la Cámara baja fue un “logro importante para el país” y alertó que “vetar la ley que elimina los superpoderes sería una irresponsabilidad”.

“Esto es un salto importante para adelante, era el reclamo de la mayoría de las fuerzas políticas, es algo que va a venir muy bien”, manifestó Pérez en diálogo con radio Continental. Según el legislador, si se convierte en ley lo que este miércoles aprobó la Cámara de Diputados se va a “terminar con la facultad de reasignar partidas” y finalmente será “el Parlamento el que asigne recursos y el Poder Ejecutivo se encargue de administrar, como marca la Constitución”.

En tanto, para la titular del bloque GEN, Margarita Stolbizer, “si la Presidenta vetara la derogación de los superpoderes aprobada en la Cámara de Diputados, se pondría en evidencia la vocación constante del Gobierno por evitar los controles, la transparencia y la rendición de sus actos”.

Para la diputada nacional por Buenos Aires, “la decisión que tome el Poder Ejecutivo, aceptando o rechazando los límites impuestos por el Congreso en el manejo de los recursos presupuestarios, será una señal del rasgo más característico de este Gobierno: es insaciable”.

Stolbizer advirtió que al oficialismo “no le alcanza con el poder que ya tiene con los ATN, la ley de emergencia económica, los gastos reservados, las transferencias de partidas, las retenciones y todo lo que manejan de forma discrecional”. Y completó: “Nada es suficiente para el inagotable deseo de manejar fondos públicos de manera arbitraria y al servicio de su proyecto de acumulación personal”.

Pinedo: “Timerman es lo contrario a un diplomático”

Una de las noticias de la semana fue la asunción de Héctor Timerman como canciller y sobre él opinó en Cronista TV el diputado y jefe del bloque PRO Federico Pinedo: “No va a poder contenerse, está en su naturaleza, lo que más le divierte es pelear y patotear, es lo contrario a un diplomático”, dijo. Eso sí, aclaró que no cree que “Timerman pueda empeorar las relaciones argentinas con el mundo” porque “tenemos problemas con Uruguay, China, Chile”.

Sobre la media sanción al límite de los superpoderes que aprobó la oposición en Diputados, indicó que “la oposición limitó absolutamente al Gobierno, estableciendo lo que dice la Constitución: el Congreso decide cómo se gasta el dinero de la gente, y el Poder Ejecutivo administra, y no al revés”. Y agregó que el Senado, “puede insistir a favor del Gobierno y en contra de las provincias, o puede votar lo que nosotros votamos y en cuyo caso las provincias se van a independizar de los presidentes y ministros de turno, que les imponen la billetera”.

Por su parte el diputado Fernando Iglesias, diputado por la Coalición Cívica, recordó que “a contra mano de una opinión mayoritaria de que la oposición era impotente y no lograba ponerse de acuerdo para imponer una agenda legislativa, hoy los hechos demuestran lo contrario”. Sobre el canje, advirtió que “no variaron los mercados”.

Referencia: nota diario Cronista Comercial

Fecha: 25 de junio de 2010

Link: http://www.cronista.com/notas/236349-kirchner-tambien-hablo-veto-y-desato-la-polemica

El conglomerado opositor consiguió ayer en la Cámara de Diputados modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) e impone mayores exigencias al Ejecutivo. Con 142 votos a favor y 98 en contra, la oposición logró 13 voluntades más de las 129 necesarias para darle media sanción a una ley reglamentaria de la Constitución. Para el oficialismo “esta ley es claramente violatoria de la Constitución porque rechaza en forma ficta los decretos y promulgaciones parciales de leyes dictadas por el Ejecutivo”. Al cierre de esta edición, los diputados discutían los 19 artículos del proyecto, que ahora debe ser aprobado por el Senado para transformarse en ley.
“Es una mala modificación de la ley, que estableció esta Presidenta cuando era una senadora oficialista y con mayoría parlamentaria. Una decisión que la enorgullece. Porque otros bloques políticos no hicieron nada por instrumentar lo que decía la Constitución cuando fueron Gobierno”, sostuvo el jefe de la bancada K, Agustín Rossi. “Así que con esto nosotros declaramos nulas de nulidad absoluta todas las acusaciones sobre que somos un gobierno autoritario y absolutista”, afirmó el diputado santafesino para oponerse a la modificación.
Graciela Camaño consideró que el proyecto interpretaba “el núcleo de coincidencias básicas” (Pacto de Olivos) y “el anhelo” del constituyente que reformó la Constitución en el ’94 y que “buscaba la atenuación del presidencialismo”. “Esta norma viene a poner en caja la reglamentación sobre los DNU, y los decretos delegados y de promulgación de leyes”, dijo la peronista disidente, miembro informante del proyecto que unificó una docena de iniciativas opositoras.
Camaño dio marcha atrás sobre el artículo más cuestionado del proyecto: “Si es necesario, vamos a suprimir el artículo 20”, afirmó en referencia al artículo que prohibía al Ejecutivo la atribución constitucional de “vetar esta ley”.
El proyecto, que todavía debe pasar por el Senado, aumenta de 16 a 24 los miembros de la Comisión Bicameral (“para una representación más plural de las minorías”), le garantiza la presidencia de la misma a la oposición (“porque es una comisión de control”). También dispone para el tratamiento parlamentario “un plazo perentorio de sesenta días” desde dictado el decreto y condiciona su vigencia al respaldo de ambas cámaras del Congreso. Además, establece que los DNU y la promulgación parcial perderán vigencia si el Parlamento no se pronuncia después de los 60 días de plazo, y prohíbe la sanción ficta si persiste “el silencio” de alguna de las Cámaras.
La propuesta preveía que la Comisión Bicameral podría “aprobar, rechazar o declarar nulo de nulidad absoluta e insanable” todo DNU que considere dictado “sin haber necesidad y urgencia”. Sin embargo, anoche, en la discusión en particular, este artículo no fue aprobado, por el rechazo de Nuevo Encuentro y Proyecto Sur.
La respuesta oficialista llegó a través de Jorge Yoma. Valoró la “sensatez” de anular el cuestionado artículo 20, pero no se privó de soltar la ironía que había preparado para enfrentarla: “Había pensado en proponer para incorporar al proyecto que esta ley no puede ser votada”.
“Se parte de una premisa falsa cuando se dice que el Poder Ejecutivo se arroga facultades que fueron del Congreso”, remarcó Yoma y desempolvó la chapa de ex constituyente para afirmar que “la Constitución establece a los DNU dentro del capítulo referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo, de carácter legislativo”.
Elisa Carrió compartió la defensa del proyecto junto al diputado de su bancada, Adrián Pérez. “A lo largo de todos estos años vimos cambiar de posiciones a los distintos bloques, en tanto eran oficialismo u oposición. Hay que acostumbrarse a gobernar respetando la división de poderes. Hoy estamos dando un salto de calidad”, sentenció Pérez. Lilita prefirió defender el proyecto recordando las épocas que compartieron como legisladoras con la Presidenta y discutían un proyecto para regular los DNU, bajo el gobierno de la Alianza. “En ese momento, teníamos un proyecto idéntico al de Cristina”, en el que –dijo– reclamaban “un plazo de 30 días” para que el Parlamento se pronunciara sobre los decretos.
Felipe Solá justificó su apoyo a la iniciativa recriminando la decisión de la Presidenta de anunciar un DNU en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso. La macrista Gabriela Michetti agradeció el aporte de Camaño para unificar los proyectos opositores y aseguró que la iniciativa “nos pone más cerca del parlamentarismo”. La cívica Patricia Bullrich insistió en que “la interpretación de que estamos en un sistema presidencialista, es una interpretación de facto”.
El sabbatellismo también respaldó el proyecto, pero con algunos reparos, como intentar eliminar el veto presidencial. “No podemos requerir por ley lo que la propia Constitución no requiere”, dijo la porteña Vilma Ibarra, que se encargó de los cuestionamientos a la facultad del Congreso para declarar la nulidad de los decretos, que generaría efectos retroactivos: “El proyecto preserva los derechos de terceros, pero no los de los Estados provinciales –dijo–. Lo que no podemos es volver para atrás los DNU, porque se acaba el instituto. Y si no, reformemos la Constitución y listo”.
A su turno, el diputado radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra señaló: “La verdad es que nos debemos un debate más amplio sobre la teoría de la nulidad de los decretos. Pero la nulidad está prevista en la Constitución y no para que la decida el Poder Judicial”.

Referencia: nota diario Página/12

Por: Miguel Jorquera

Fecha: 22 de abril de 2010

Link: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-144372-2010-04-22.html

El veto parcial de la Presidenta a la Ley de Reforma Política, publicado ayer en el Boletín Oficial junto a la promulgación de la nueva norma, desató la crítica de casi todo el arco opositor. Desde la UCR y la CC hasta Proyecto Sur y Nuevo Encuentro cuestionaron las “observaciones” del Ejecutivo que “obliga” a los partidos políticos, especialmente a los denominados “chicos”, a adaptarse a las nuevas exigencias que impone la normativa para mantener el reconocimiento electoral y que la ley sancionada por el Congreso posponía hasta el 31 de diciembre de 2011. En cambio, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, defendió el veto afirmando que la ley mantiene los pisos vigentes para la obtención de las personerías electorales, “por lo cual no hay motivos para extender el plazo un año más”.

El radicalismo no está entre los más afectados ni tampoco fue de los primeros que pegaron un grito de “alarma” sobre el veto parcial pero también hicieron público su desagrado. “Queda a las claras la necesidad del Gobierno de tener una ley electoral a su medida. La desmedida ambición de poder de Néstor Kirchner es el único fundamento de este veto”, dijo el jefe de los senadores de la UCR, Gerardo Morales.

“El gobierno nacional dejó en claro hoy lo que ya anticipamos, que el objetivo de la reforma política es allanar el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011”, sostienen a través de un comunicado conjunto los referentes de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Mario Mazzitelli, junto al presidente del socialismo Rubén Giustiniani.

Las críticas también llegaron desde quienes el kirchnerismo considera aliados parlamentarios. “Con el veto de dos artículos de la ley de reforma política se confirma la intención de fortalecer el bipartidismo y cerrarle el paso al crecimiento de nuevos partidos. Esto impide que surjan nuevas fuerzas políticas, para que la sociedad sólo quede rehén de los dos partidos mayoritarios”, sostuvo Martín Sabbatella.

Desde la Coalición Cívica se sumaron al reclamo. “Con esta decisión, el Gobierno privará de representación política a millones argentinos en el próximo proceso electoral”, dijo el diputado Adrián Pérez. Luego afirmó que observaciones a los artículos 107 y 108 de la ley “hará que caduquen inmediatamente las personerías jurídicas de todos los partidos políticos que no cumplan con los requisitos establecidos por la norma, sin los plazos de adaptación que establecía la sanción del Congreso”.

“El veto refuerza la intención de la ley de consolidar el bipartidismo y empuja fuera del escenario político a todas las expresiones emergentes”, remarcó Eduardo Macaluse, de SI. “El decreto 2004 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente negociadora para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano que luego el Ejecutivo vetaría las modificaciones”, agregó el ex CC Samuel Cabanchik.

La izquierda también salió a cruzar la decisión presidencial. “El kirchnerismo quiere superar su disgregación imparable con leyes y vetos de proscripción política. En este caso, apuntando directamente a la izquierda”, dijeron los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Vanina Biasi. “Si ya la ley era proscriptiva, este decretazo la empeora. Esto marca la obsesión K de imponer como sea el bipartidismo”, sumó Vilma Ripoll del MST.

Tulio fue uno de los pocos que salió a defender la decisión. El titular de la Dirección Nacional Electoral argumentó que la propuesta del Gobierno de subir del 4 al 5 por mil del padrón electoral de cada distrito para otorgar el reconocimiento electoral fue desechada por el Congreso, “por lo tanto continúa en vigencia la actual norma y por eso no existe motivo para prorrogar el plazo por un año más”. Aunque, con la eliminación en el decreto presidencial del nuevo plazo (31 de diciembre de 2011), en febrero de 2010 –de acuerdo con la nueva ley– se comenzarán a controlar, como todos los años, la cantidad de afiliados de cada partido, que de no cumplir con el piso dentro de los tres meses siguientes perderían la personería. En tanto, para los partidos de creación más reciente empezaría a correr el plazo de seis meses para transformar los adherentes en afiliados a su fuerza política.

Referencia: diario Página/12

Fecha: 15 de diciembre de 2009

Por: Miguel Jorquera

www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137026-2009-12-15.html