Adri�n Perez

La oposición unificó estrategia en Diputados para avanzar mañana con la sesión que intenta subir el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, en contra de la pretensión del Gobierno que quiere guardarse esa mejora salarial para disponerla por resolución o decreto después de las negociaciones paritarias.

Hasta ahora existían tres pedidos de sesión especial para mañana, con la Coalición Cívica tomando un camino propio y el radicalismo sosteniendo dos variantes. Pero ayer la oposición decidió unificar la sesión especial y realizarla finalmente mañana a las 13.

De todas formas, no hay nada seguro aún sobre la sesión. El kirchnerismo pelea para intentar frenarla mientras se juega a que la oposición no logre el quórum. El oficialismo no participará de la sesión, pero ingresará si se reúne el número.

Acuerdos

La decisión de unificar la sesión especial se tomó después que la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el socialismo, GEN y el Peronismo Federal se pusieran de acuerdo en otro tema.

Todos solicitaron para el mismo miércoles (mañana) la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en un plenario de comisiones de la Cámara baja, previsto para las 10. Además, acordaron incluir en la sesión especial el tratamiento del proyecto de ley que establece un régimen a la distribución de la pauta publicitaria, que figuraba en el pedido se sesión especial junto con la suba en el mínimo no imponible de Ganancias impulsado por el radicalismo, pero no en el que presentó Elisa Carrió.

La Coalición Cívica le había pedido una sesión especial para debatir la suba en el piso de Ganancias a Eduardo Fellner antes que el resto de los bloques. Y planteó desde un principio que el Congreso debía aprobarla, mientras el Gobierno se negaba a discutir el tema a pesar de la presión de la CGT que alega que las paritarias serán más duras si no se baja la presión de ese impuesto sobre los salarios.

Ayer, Adrián Pérez, compañero de Carrió en la fórmula presidencial, insistió: «Les pedimos a los trabajadores, a sus representantes y a los pequeños y medianos empresarios que nos acompañen en la sesión especial del miércoles para que se vote el proyecto que eleva el piso de pago de Ganancias a $ 6.100 para solteros y $ 7.200 a un casado con hijos», dijo. «Luego de ese primer paso tenemos que encarar una reforma tributaria profunda que beneficie a las pymes generadoras de empleo y desterrar para siempre el sistema actual que favorece al capital especulativo y castiga al que quiere invertir en la economía real», terminó.

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: 29 de febrero de 2011

Link: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=574986

Debajo de la bandera común que levanta la oposición para aumentar las jubilaciones, persisten diferencias marcadas sobre las formas de financiar la medida, que, de no ser conciliadas en el mediano plazo, pondrían en riesgo la propuesta.

Las posiciones son variadas y, en algunos casos, contrapuestas. Van desde los que sostienen que no hace falta precisar las fuentes de financiamiento y proponen dejar esa definición en manos del Gobierno, hasta los que promueven la creación de un impuesto a la renta financiera y la restitución de aportes patronales para las grandes empresas. A la vez, otros promueven un recorte de subsidios o hacer uso de los excedentes de recaudación no previstos en el presupuesto.

El predictamen que todos los bloques no oficialistas aprobaron en el Senado, elaborado por Gerardo Morales (UCR) y Rubén Giustiniani (Partido Socialista), no aborda el tema del financiamiento de la medida. Las diferencias quedaron más expuestas en la Cámara de Diputados, donde, durante el debate del tema en la Comisión de Previsión Social, la oposición se dividió en torno a dos propuestas: la primera tiene el respaldo de la UCR, el Peronismo Federal (PF), la Coalición Cívica (CC) y Pro; la segunda corresponde al interbloque de centroizquierda, que lidera “Pino” Solanas (Proyecto Sur), al Partido Socialista y al GEN, de Margarita Stolbizer.

Ambas iniciativas proponen aumentar la jubilación mínima de $ 895 a 1230, cifra equivalente al 82% del salario mínimo, y recomponer las jubilaciones que están por encima de la mínima, de acuerdo con los fallos de la Corte Suprema en los casos Sánchez y Badaro. Los cálculos opositores coinciden en que para ello haría falta $ 31.000 millones extra por año.

Pero mientras que en el predictamen de los bloques mayoritarios de la oposición no se precisa una fuente de financiamiento, en el de los partidos de centroizquierda se propone la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas (aquéllas que facturen más de $ 10 millones por año y tengan más de 40 empleados) al nivel de 1993. Esa medida, según estima Claudio Lozano (Proyecto Sur), se traduciría en un incremento de $ 16.800 millones en la recaudación impositiva.

El diputado detalla que a esa cifra habría que sumarle $ 8500 millones que el Gobierno tiene previstos para el aumento de jubilaciones de septiembre próximo y para el pago de juicios por falta de actualización de haberes, unos $ 4000 millones de recaudación extra de IVA por el incremento de consumo que generaría la medida y unos $ 8200 millones de superávit de la Anses. Todo eso, sin contar los más de $ 30.000 millones que, calcula, habrá este año de excedente de recaudación. “No hay para nada un problema de plata. Se puede dar el aumento, porque los recursos están”, dijo Lozano a LA NACION.

Definir prioridades

Felipe Solá, del Peronismo Federal, cree que “es responsabilidad del Gobierno definir las prioridades. Y, para nosotros, los jubilados son prioridad”, expresó.

Adrián Pérez (CC) asegura que lo ideal sería llegar a un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento y echar mano a las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (unos $8000 millones), destinar todo el superávit del organismo (unos $ 17.500 millones) al pago de los aumentos y crear un impuesto a la renta financiera para solventar el plan de asignación universal por hijo.

La restitución de los aportes patronales y la creación de un gravamen a la renta financiera son rechazadas por los bloques del Peronismo Federal y de Pro. “Hay que tener cuidado con las salidas que tengan un impacto inflacionario y que puedan afectar el empleo formal”, dijo a LA NACION Gustavo Ferrari (PF). Este propone avanzar en un esquema gradual de aumentos y solventar la primera etapa con la “racionalización de subsidios” a la energía eléctrica y al transporte automotor. En la misma dirección, Jorge Triaca (Pro) cree que hay que buscar los recursos extra en los excedentes de recaudación presupuestaria y en el combate del empleo en negro.

CONTRAPUNTOS

“La plata está. Es responsabilidad del Gobierno definir las prioridades. Para nosotros los jubilados son prioritarios.”

FELIPE SOLA
Diputado del Peronismo Federal

“Se debe llegar a un acuerdo sobre las fuentes de financiamiento del aumento a los jubilados. Se podría sustentar con el fondo de la Anses.”

ADRIAN PEREZ
Diputado Coalición Cívica

Referencia: nota diario La Nación

Por Gabriel Sued

Fecha: 12 de julio de 2010

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1283765

Los diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez y Fernanda Reyes rechazaron hoy la amenaza de veto a la ley de 82% móvil para las jubilaciones mínimas, que adelantó el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, en caso de que el proyecto impulsado por la oposición en el Congreso se convierta en ley.

 “Si para Aníbal Fernández la racionalidad pasa por usar los recursos de los jubilados para financiar barato al Estado y hacer negocios corruptos con los amigos del poder, bienvenida la irracionalidad de los que buscamos procurar una jubilación digna”, ironizó Reyes.

 Pérez en tanto, señaló: “Nuestro objetivo es lograr jubilaciones dignas, que nunca se pagaron en el país. Hoy la ANSES tiene el dinero suficiente para hacerlo, pero destina los fondos a otros programas que deberían financiarse con los recursos del Tesoro. Nos dicen que no hay plata para aumentarle a los jubilados, con los mismos argumentos con que rechazaban la implementación del programa de Asignación por Hijo y finalmente hubo ingreso a la niñez. En la medida en que el proyecto avance en el Congreso, el Gobierno se verá obligado a discutir mejoras sustanciales para los jubilados.”

“El veto a una ley que garantice una jubilación digna a todos los adultos mayores es lo demencial. La ANSeS tiene los recursos para solventar el aumento y la recomposición de las jubilaciones. No hay justificación para no destinar los recursos del sistema previsional a los jubilados”, completó Reyes.

 Pérez y Reyes darán hoy a las 18.30 una charla en el local central de la CC (Rivadavia 1475) en la que explicarán los alcances de la propuesta opositora para elevar la jubilación mínima al 82% móvil del salario mínimo y recomponer los haberes de aquellos que cobran por encima de esa remuneración básica.

Fecha: 6 de julio de 2010

El veto parcial de la Presidenta a la Ley de Reforma Política, publicado ayer en el Boletín Oficial junto a la promulgación de la nueva norma, desató la crítica de casi todo el arco opositor. Desde la UCR y la CC hasta Proyecto Sur y Nuevo Encuentro cuestionaron las “observaciones” del Ejecutivo que “obliga” a los partidos políticos, especialmente a los denominados “chicos”, a adaptarse a las nuevas exigencias que impone la normativa para mantener el reconocimiento electoral y que la ley sancionada por el Congreso posponía hasta el 31 de diciembre de 2011. En cambio, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, defendió el veto afirmando que la ley mantiene los pisos vigentes para la obtención de las personerías electorales, “por lo cual no hay motivos para extender el plazo un año más”.

El radicalismo no está entre los más afectados ni tampoco fue de los primeros que pegaron un grito de “alarma” sobre el veto parcial pero también hicieron público su desagrado. “Queda a las claras la necesidad del Gobierno de tener una ley electoral a su medida. La desmedida ambición de poder de Néstor Kirchner es el único fundamento de este veto”, dijo el jefe de los senadores de la UCR, Gerardo Morales.

“El gobierno nacional dejó en claro hoy lo que ya anticipamos, que el objetivo de la reforma política es allanar el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011”, sostienen a través de un comunicado conjunto los referentes de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Mario Mazzitelli, junto al presidente del socialismo Rubén Giustiniani.

Las críticas también llegaron desde quienes el kirchnerismo considera aliados parlamentarios. “Con el veto de dos artículos de la ley de reforma política se confirma la intención de fortalecer el bipartidismo y cerrarle el paso al crecimiento de nuevos partidos. Esto impide que surjan nuevas fuerzas políticas, para que la sociedad sólo quede rehén de los dos partidos mayoritarios”, sostuvo Martín Sabbatella.

Desde la Coalición Cívica se sumaron al reclamo. “Con esta decisión, el Gobierno privará de representación política a millones argentinos en el próximo proceso electoral”, dijo el diputado Adrián Pérez. Luego afirmó que observaciones a los artículos 107 y 108 de la ley “hará que caduquen inmediatamente las personerías jurídicas de todos los partidos políticos que no cumplan con los requisitos establecidos por la norma, sin los plazos de adaptación que establecía la sanción del Congreso”.

“El veto refuerza la intención de la ley de consolidar el bipartidismo y empuja fuera del escenario político a todas las expresiones emergentes”, remarcó Eduardo Macaluse, de SI. “El decreto 2004 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente negociadora para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano que luego el Ejecutivo vetaría las modificaciones”, agregó el ex CC Samuel Cabanchik.

La izquierda también salió a cruzar la decisión presidencial. “El kirchnerismo quiere superar su disgregación imparable con leyes y vetos de proscripción política. En este caso, apuntando directamente a la izquierda”, dijeron los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Vanina Biasi. “Si ya la ley era proscriptiva, este decretazo la empeora. Esto marca la obsesión K de imponer como sea el bipartidismo”, sumó Vilma Ripoll del MST.

Tulio fue uno de los pocos que salió a defender la decisión. El titular de la Dirección Nacional Electoral argumentó que la propuesta del Gobierno de subir del 4 al 5 por mil del padrón electoral de cada distrito para otorgar el reconocimiento electoral fue desechada por el Congreso, “por lo tanto continúa en vigencia la actual norma y por eso no existe motivo para prorrogar el plazo por un año más”. Aunque, con la eliminación en el decreto presidencial del nuevo plazo (31 de diciembre de 2011), en febrero de 2010 –de acuerdo con la nueva ley– se comenzarán a controlar, como todos los años, la cantidad de afiliados de cada partido, que de no cumplir con el piso dentro de los tres meses siguientes perderían la personería. En tanto, para los partidos de creación más reciente empezaría a correr el plazo de seis meses para transformar los adherentes en afiliados a su fuerza política.

Referencia: diario Página/12

Fecha: 15 de diciembre de 2009

Por: Miguel Jorquera

www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-137026-2009-12-15.html