Creemos que en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento, la comunicación es un aspecto central que requiere una regulación del Estado, para evitar la concentración y asegurar la pluralidad de medios a través de disposiciones antimonopólicas. Pero esa regulación también debe dar garantías para que la prensa pueda cumplir con su rol fundamental, que es controlar al poder.

El texto final de la ley invierte ese rol. Debilita el sistema de medios a través de la administración de la pauta oficial por una autoridad de aplicación controlada por el oficialismo, sin reglas ni criterios objetivos, con atribuciones para otorgar licencias y hacerlas caducar, que dependerá del gobierno de turno para ejercer su función con una mínima injerencia de la oposición. Eso es pura discrecionalidad. Por tanto era central que el proyecto garantizase una perfecta autonomía de la autoridad de aplicación respecto del Gobierno. Y eso no se logró, a pesar de que fue un reclamo de todos los sectores que participaron en las audiencias públicas y en los foros regionales en los que algunos, no todos los sectores, pudieron expresarse. Del mismo modo la ley garantiza que los medios públicos se sigan manejando con la misma parcialidad con la que se vienen manejando desde hace años, en los que prevalece la línea editorial oficialista y se restringe la mirada crítica de la oposición. La ley habilita la discrecionalidad y justamente eso es lo que debe evitar cualquier norma que vote el Parlamento. Por eso decimos que esta ley debe ser revisada y corregida por el próximo Congreso. Pero en uso de su probable mayoría a partir del 10 de diciembre, la oposición debe actuar con amplitud y generosidad. Debe garantizar un debate razonable y contribuir a lograr lo que el kirchnerismo frustró: que la Argentina no vuelva a perder otra oportunidad de tener una política de Estado expresada en una ley de consenso.

Adrián Pérez (Coalición Cívica, jefe del bloque de diputados)

Referencia: nota diario El Cronista Comercial

Fecha: 12 de octubre de 2009

Link: www.cronista.com/notas/207103-debe-ser-revisada-y-corregida-el-proximo-congreso

El diputado Francisco de Narváez, en tanto, recordó que hace un mes, tras reunirse con el vice Julio Cobos, líderes de Unión-PRO, del radicalismo y el cobismo reclamaron postergar el debate sobre la ley hasta el recambio legislativo, y advirtieron que si la norma era aprobada iban a impulsar su revisión. De Narváez ratificó aquella decisión de revisar “todas las leyes” sancionadas desde el 28 de junio, en particular la ley de Medios. “No es una buena ley, lo que intenta es modificar la opinión de las personas a través de condicionar la información”, afirmó.Adrián Perez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, coincidió en que a partir del 10 de diciembre buscarán acuerdos legislativos en temas como el ingreso universal a la niñez, el consejo de la Magistratura, el INDEC, y también la Ley de Medios. “Hay que discutir modificaciones a los temas más críticos y perjudiciales de esta ley, que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno”, señaló Perez.

Por su parte, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, que asumirá una banca en diciembre, advirtió que “el país político quiere una ley de Medios” y opinó que en Diputados “se va a requerir de muchos consensos”. Por ello reclamó “ser realistas e ir por lo posible”, y sostuvo que “hay que volver a plantear la discusión con un dictamen único de la oposición, un acuerdo global sobre artículos que estamos todos convencidos que deben cambiar, como la autoridad de aplicación, el plazo de desinversión y la potestad del Ejecutivo de adjudicar licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes”.La diputada electa Gabriela Michetti (PRO), también confirmó que impulsarán cambios en la ley: “Tiene aspectos que son inconstitucionales y que no le hacen bien a la población, por la libertad de prensa; ni a la industria, porque no favorecen el aggiornamiento permanente. Creemos que desde diciembre vamos a poder cambiar cosas que mejoren esta norma”.

A juicio de De Narváez la discusión se dará en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias de 2010. Pero otros referentes, como Aguad, dijeron que el Congreso podría autoconvocarse a extraordinarias, según un argumento que dijo haber tomado de Cristina Kirchner cuando era senadora.  Frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner haga valer el veto presidencial a eventuales modificaciones, Adrián Pérez dijo que “traería un conflicto de poderes” que no se respetara la voluntad legislativa. Aguad fue más lejos y advirtió que “el desconocimiento sistemático de la voluntad del Congreso constituye un mal desempeño de funciones, lo que podría iniciar un proceso de juicio político.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de octubre de 2009

Foto: Diario Clarín

http://www.clarin.com/diario/2009/10/12/elpais/p-02017162.htm

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, se refirió a lo ocurrido en la sesión de diputados que trató la ley de Radiodifusión y su postura respecto a la misma. En este sentido expresó que “la libertad de expresión está garantizada en la medida que haya pluralidad de medios, por lo tanto es razonable que el Estado establezca una regulación que habilite una pluralidad efectiva de voces. Pero otra garantía que tiene que haber es que la prensa tiene que ser independiente, y justamente lo que genera la ley es un espacio de control muy fuerte desde el Gobierno hacia los medios de comunicación”.

 “Este Gobierno tiene vocación hegemónica, vocación de que su voz sea la única escuchada, de no tener críticas del lado de enfrente y en este caso una de las formas de asegurarse de que no haya críticas es establecer un esquema de rígido control sobre los medios mediante una autoridad de aplicación que no es una autoridad de Estado con autonomía, sino que es una autoridad de gobierno”, declaró el diputado Pérez.

 En cuanto a la decisión tomada de retirarse del recinto Pérez dijo “nos quedamos para dejar claro cuál era nuestra posición como bloque. Pero decimos retirarnos para manifestar nuestro absoluto rechazo respecto de la metodología, del avasallamiento

Fecha: 17 de septiembre de 2009

Los reclamos se expresaron en una conferencia de prensa conjunta entre el radicalismo, el macrismo y el peronismo disidente, mientras que el socialismo y la Coalición Cívica coincidieron en la crítica al expresar sus posiciones por separado.

Federico Pinedo, el jefe de bloque de Pro, focalizó su discurso en ese punto. “Atrás de este tratamiento existe un gran negocio, con acuerdos entre sectores gubernamentales y privados”, aseguró el macrista, y enumeró una serie de hechos que vinculó con el impulso del proyecto: “Un grupo empresario compró a una cifra ridícula (60 millones de dólares) la mitad de Telecom; el Gobierno, a través de dos organismos que dependen de De Vido y Moreno, les prohibió vender sus acciones a terceros; este año Moreno pretende obligar a los accionistas italianos a abandonar el país y vender todo en un año; y empresarios cercanos al Gobierno manifiestan interés en comprar esas acciones”. Y agregó: “En estas circunstancias la ley permite el acceso de Telecom al mercado de medios”.

La radical Silvana Giúdici, titular de la comisión de Libertad de Expresión, también hizo un cuestionamiento sobre ese artículo: “La ley es un traje a medida para una de las empresas telefónicas”.

Los diputados de la Coalición Cívica, por su lado, incluyeron el reclamo como uno de los puntos centrales de su rechazo al proyecto: “Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y/o proveedoras de servicios públicos en ningún caso podrán brindar contenidos de radiodifusión”. El artículo 23 del proyecto enviado por el Ejecutivo impide que puedan obtener una licencia, pero el artículo 25 establece una excepción para las “personas jurídicas con fines de lucro prestadoras de telecomunicaciones”, con determinadas condiciones. Según Adrián Pérez, el jefe de bloque, la nueva ley “permite el ingreso del Gobierno a través de Telecom para obtener un multimedio”.

En la rueda de prensa del socialismo, en la que el senador Rubén Giustiniani adelantó que los legisladores votarán en contra de la ley, ese punto fue uno de los motivos para argumentar esa postura. “El proyecto es contradictorio con la libertad de expresión y a la medida de las telefónicas. Si se sanciona la ley, en un año desaparecen los cables del interior”, sostuvo Roy Cortina.

Entre los seis pedidos de modificaciones al proyecto por parte del socialismo, figura la “limitación expresa para que las empresas comerciales de servicios públicos y concesionarios del Estado ingresen a la radiodifusión”.

El ex diputado Héctor Polino también cuestionó el controvertido artículo: “No podemos admitir que a las empresas telefónicas les resulte mucho más fácil hacer radio y televisión que a una cooperativa”. La entrada de las empresas telefónicas también generó la resistencia de sectores de centroizquierda aliados del Gobierno.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de septiembre de 2009

Por: Martin Bravo

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/09/12/elpais/p-01997418.htm

El diputado y jefe de Bloque de la CC, Adrián Pérez, aseguró que “creemos imprescindible que se trate una nueva ley de medios pero para sancionarse debe requerir de un amplio consenso y de un debate razonable, algo que el oficialismo ha evitado al apurar el debate y los procedimientos para sacar la ley sin atender los reclamos de la oposición”. En cuanto al proyecto en sí, Pérez señaló que “no garantiza la libertad de prensa y busca controlar los medios, porque la autoridad de aplicación depende del Gobierno de turno, no se regula la asignación de publicidad oficial y el kirchnerismo busca entrar al mercado privado a través de la compra de Telecom”.

A su turno, la senadora de la CC, María Eugenia Estenssoro, sostuvo que “si el objetivo es democratizar la información es necesario abordar los puntos que venimos trabajando y hoy estamos presentando en esta conferencia, está claro que esto no se puede resolver en diez horas de debate como propone el oficialismo”. Y agregó: “es necesario reemplazar la ley de la dictadura pero cualquier ley de la democracia -por si- no es una buena ley, debemos consensuar y llegar a la mejor ley”.

Estenssoro y Pérez repudiaron además el operativo de la AFIP en la sede del diario Clarín: “Los organismos del Estado no pueden ser utilizados como herramientas de intimidación”, dijo el diputado de la CC.

Para los bloques parlamentarios de la Coalición Cívica, la ley de medios de comunicación debe tener en cuenta los siguientes principios:

• La autoridad de Aplicación debe ser un organismo de Estado y no de gobierno, autónomo y autárquico; es decir, no puede depender del Poder Ejecutivo.
• Los medios públicos deberán cumplir con los requisitos de autonomía y autarquía respecto del Poder Ejecutivo y sus directores serán elegidos mediante concursos públicos de antecedentes y oposiciones.
• Las decisiones sobre adjudicaciones y renovaciones de licencias y frecuencias de radio y TV no pueden ser discrecionales sino que deben hacer mediante concursos y audiencias públicas sobre la base de parámetros objetivos.
• Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y/o proveedoras de servicios públicos en ningún caso podrán brindar contenidos de radiodifusión.
• El debate sobre los medios de comunicación actual debe ampliarse e incluir en forma paralela la sanción de una Ley de Medios Públicos, una Ley de Publicidad Oficial y una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Despenalización de delitos por Calumnias e Injurias.´
• La asignación de publicidad oficial deberá regularse y los mecanismos de distribución deberán estar contemplados en el texto de la ley, a los fines de evitar que funciones como un instrumento de disciplinamiento para castigar o premiar a los medios de comunicación.
• La ley de Medios de Comunicación debe garantizar el acceso universal a los servicios de banda ancha de Internet, de modo de cumplir con el objetivo de acceso a la información y el alcance de la convergencia digital.
• Los plazos de adecuación de las licencias actuales a las condiciones que se fijes deben ser más amplios y razonables, de modo de no vulnerar derechos adquiridos.
• En ningún caso se permitirán revisiones periódicas de las licencias otorgadas ni de las reglas para el otorgamiento de las mismas sin acuerdo del Parlamento.
• La Ley deberá evitar la extranjerización del capital invertido en las licencias de radiodifusión, así como la monopolización del mercado audiovisual.
• En ningún caso la ley establecerá control alguno sobre los contenidos que difundan los licenciatarios de medios, ni registros que limiten la producción de esos contenidos.

Fecha: 11 de septiembre de 2009