Adri�n Perez

La oposición dio ayer un paso importante en la Cámara de Diputados en su intento de acotar el poder del Gobierno para manejar los recursos del Estado: aprobó una iniciativa para eliminar los llamados “superpoderes”, como se conoce a la facultad del Poder Ejecutivo para reasignar, sin límites, partidas del presupuesto nacional.

El proyecto, aprobado con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Al mismo tiempo que ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja.

“La asignación de recursos es una función ineludible del Congreso de la Nación”, sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos del que surgió el dictamen opositor. El diputado alineado con Elisa Carrió consideró que la ley de superpoderes había convertido al presupuesto nacional “en una mera ficción”.

Un instante antes, el oficialista Gustavo Marconato había argumentado que, desde 2004, el Poder Ejecutivo nunca había reasignado partidas por un monto superior al 5 por ciento del presupuesto. “Con esto vemos la prudencia y la responsabilidad que se tuvo en el uso de este instrumento”, sostuvo.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), autor de otros de los proyectos del que surgió la iniciativa opositora, explicó que el dictamen del oficialismo no resolvía el problema, dado que la mayor parte de la asignación de partidas hechas por el Gobierno se había canalizado por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), con los que se destinaron excedentes de recaudación, que eran producto de una maniobra premeditada de subestimación de ingresos.

Entre 2003 y 2009, el Gobierno reasignó partidas por 148.946 millones de pesos, el equivalente al 20 por ciento del total de los presupuestos de esos años, sin el consentimiento previo del Congreso. De ese monto, $ 103.000 millones, el 70 por ciento, corresponden a excedentes presupuestarios redestinados a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

“Argumentan que los gobiernos anteriores usaron esta facultad. Es cierto. Y así estamos. Este gobierno dice que los gobiernos anteriores son un horror. Si son un horror, ¿por qué se siguen usando las mismas herramientas? Con un discurso contrario, este gobierno ha repetido la historia”, sostuvo Oscar Aguad, jefe del bloque radical, al cuestionar al oficialismo.

Le respondió el presidente de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

Razonable

“Todos sabemos que el límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Si hemos verificado que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo fue utilizada razonablemente, para reasignar gastos hacia áreas sociales, quitarle esa facultad sería un error”, afirmó. “Cuando hay que reasignar excedentes de recaudación, el Gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un DNU. El Gobierno seguirá usando esos dos instrumentos”, sostuvo.

Si bien destacaron el logro político de haber dado media sanción a la iniciativa, en la oposición reconocían ayer que, incluso si el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado ayer, el Gobierno seguiría teniendo un camino para reasignar excedentes de recaudación, por medio de los polémicos decretos presidenciales.

Como hasta la actualidad, esos eventuales decretos deberían superar después el filtro del Congreso. En la oposición explicaban que, en ese caso hipotético, tendrían un argumento cantado para rechazar los DNU.

A su turno, el diputado de Pro Federico Pinedo destacó que con el proyecto de ley aprobado “se cumple con el compromiso de recuperar las facultades propias del Congreso”. Inmediatamente aseguró: “Le devolvimos la dignidad a las provincias postergadas del país”.

Todo dependerá, como hasta ahora, de quién tenga la mayoría en el Parlamento. En el Senado no hay un escenario muy favorable para la oposición (ver aparte).

PUNTOS CENTRALES DEL PROYECTO DE LEY

• Obligatoriedad Cualquier reasignación del presupuesto nacional que afecte su monto total, el pago de deuda o la suba de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, deberá ser previamente aprobada por el Congreso. Este es un requisito obligatorio que impone el proyecto de ley.

• Reasignaciones El Poder Ejecutivo no podrá reasignar, sin aval del Congreso, los recursos extrapresupuestarios, ya sean provenientes de la recaudación tributaria, de la Administración Nacional de Seguridad Social o de cualquier otra fuente de financiamiento del Tesoro nacional.

• Eliminación El proyecto ayer aprobado deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Y ratifica que cualquier modificación debe ser resuelta por el Congreso.

• Uso discrecional . Desde 2003 hasta 2009, el Gobierno manejó por medio de los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete más de 148.000 millones de pesos. El 70 por ciento de esa redistribución de partidas la hizo el Poder Ejecutivo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 24 de junio de 2010

Por: Gabriel Sued

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278150

El diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, señaló hoy que la derogación de los superpoderes “significa dar un gran salto de calidad institucional y de transparencia en la asignación de los recursos públicos”, al informar sobre el dictamen de la oposición, que acompañan los bloques Peronismo Federal, UCR, PRO, Partido Socialista, GEN, Peronista y otros, y que con modificaciones introducidas posteriormente obtuvo el respaldo de la bancada de Proyecto Sur.

“La modificación del Artículo 37 de la Ley de Administración Financiera de 2006, que ahora revertimos, se basó en una teoría aberrante que decía que la introducción de la figura del Jefe de Gabinete en la Constitución del 94 significaba que tenía la facultad para reasignar partidas presupuestarias”, señaló Pérez y agregó: “Esa facultad estuvo siempre en manos del Congreso de la Nación, dentro de nuestro esquema institucional, porque es el organismo más plural y que mejor representa la diversidad política y geográfica del país”.

 “Entre 2004 y 2009 el Poder Ejecutivo reasignó unos 145.000 millones de pesos, es decir un presupuesto anual completo o el 20% del total asignado por el Parlamento en ese período”, destacó el diputado de la CC. “Por todo esto es necesario y razonable volver a la antigua redacción del artículo 37 de la Ley de Administración financiera, para que haya más transparencia y más calidad institucional en la asignación de los recursos de todos los argentinos”, dijo.

 Pérez indicó que se aceptaron modificaciones al dictamen a pedido del interbloque Proyecto Sur y que una vez en vigencia, la ley permitirá al Ejecutivo redistribuir partidas presupuestarias “pero dentro de la finalidad asignada”.

Fecha: 23 de junio de 2010

La oposición en la Cámara de Diputados intentará mañana aprobar un proyecto para impedir que el Gobierno pueda continuar reasignando partidas presupuestarias a través de la Jefatura de Gabinete, una facultad conocida como “superpoderes”. Los bloques de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica-ARI y el PRO, entre otros, consensuaron un texto en ese sentido, aunque primero deberán imponer su número para rechazar el que impulsa el Ejecutivo, que será tratado en primer término durante la sesión. Esa iniciativa mantiene las facultades de reasignación hasta un límite del 5 por ciento del presupuesto y ya fue aprobada en el Senado.

Los opositores descuentan que harán naufragar la media sanción de la Cámara alta en el comienzo de la sesión. Incluso el oficialismo admite que no tiene los votos para sostener el proyecto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió cuando finalizaba el año pasado al Congreso. “No sé cómo va a hacer la oposición para explicar que vota en contra de la autolimitación que se pone la Presidenta a la redistribución de partidas”, se quejó el titular de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, del bloque del Frente para la Victoria.

A pesar de la chicana, el cívico Adrián Pérez –impulsor del texto que apoyará la oposición– estimó que el sector no tendrá problemas en imponer su proyecto. “Estamos bien con el número. Esta votación no requiere mayoría especial, así que tenemos una mayoría bastante holgada”, aseguró. Al respecto, la macrista Laura Alonso advirtió que “la oposición tiene que garantizar la presencia de todos sus diputados”.

En ese sentido, Pérez anticipó que podría flexibilizar en el recinto algunos puntos del texto para sumar al bloque de centroizquierda que responde a Fernando “Pino” Solanas y que, a través del economista Claudio Lozano, presentó un dictamen de minoría propio.

“Nosotros vamos a plantearle al Grupo A que la ley tome en cuenta no solo los excedentes de recaudación, sino también otro tipo de excedentes. Vamos a hablar mañana (por hoy) con diputados de otros bloques a ver si hay voluntad de acordar. En ese caso, podríamos acompañar el texto con disidencias parciales”, explicó al respecto Lozano. A diferencia de la del resto de la oposición, su iniciativa sí permite la reasignación de partidas, aunque la limita al 10 por ciento del presupuesto y no admite cruces entre los gastos corrientes y los de capital, ni cambios por la vía de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

De aprobarse el proyecto opositor, el tema volverá al Senado, donde el oficialismo podrá insistir con mayoría simple para defender el texto que envió el Ejecutivo. En ese caso, la oposición deberá esperar hasta el año próximo para poder volver a tratar su propuesta. Aunque el escenario en la Cámara alta aparece difuso y es difícil prever qué pasará.

Protección de glaciares

Por otra parte, mañana la Cámara de Diputados también tratará el proyecto de protección de glaciares que impulsa el titular de la comisión de Recursos Naturales, Miguel Bonasso. El texto es el mismo que la Presidenta vetó a fines de 2008. Mientras que la reforma del Consejo de la Magistratura quedó para la sesión del miércoles 30. Ese día, la oposición espera sumar un nuevo triunfo.

Referencia: nota diario Cronista Comercial

Fecha: 22 de junio de 2010

Link: http://www.cronista.com/notas/235847-la-oposicion-va-los-superpoderes-diputados

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó hoy dos proyectos de ley para hacer frente a la situación inflacionaria que vive el país, durante una conferencia de prensa en el salón Cabezas de la Cámara baja. Los legisladores impulsarán una iniciativa para dotar de autonomía al INDEC, del diputado Adrián Pérez y otra para modificar la Ley de Defensa de la Competencia, de su colega de bancada, Elsa Quiroz.

“La prioridad política de la Argentina tiene que ser el combate a la inflación, que afecta los ingresos de las familias más pobres y de la clase media. El aumento de los precios de los alimentos se come el ingreso a la niñez y redistribuye el ingreso de forma inequitativa: es un ajuste encubierto”, dijo Pérez y propuso: “Vamos a insistir para que la semana próxima comience en el Congreso la discusión sobre la autonomía del INDEC, con directores elegidos por concurso, para que comencemos a encausar el debate sobre este, que es el tema que más preocupa hoy”.

Su colega de bancada, Alfonso Prat-Gay, agregó: “Cuando se manipulan las estadísticas, las expectativas inflacionarias quedan a la buena de Dios, y esto provoca cada vez más inflación. Este es un tema en el que prontamente nos pondremos de acuerdo con el resto de la oposición, para darle rápido tratamiento en el Congreso”. “Queremos que el ministro de Economía, Amado Boudou, reconozca de una vez por todas que hay inflación en la Argentina y se tomen medidas para enfrentarla”, concluyó.

A su turno, Quiroz explicó su proyecto para modificar la Ley de Defensa de la Competencia: “Queremos que se cree el tribunal de defensa de la competencia, que establece la ley y se disuelva la comisión que existe hoy, que sólo recibe órdenes del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Queremos hacer nuestro aporte para recuperar institucionalidad en este área muy importante para el combate a la inflación”.

Además de los mencionados Pérez, Prat-Gay y Quiroz, participaron de la conferencia de prensa, los diputados Horacio Piemonte, Juan Carlos Morán, Patricia Bullrich y Alicia Terada.

Fecha: 14 de abril de 2010