Adri�n Perez

Álvaro Herrero Para LA NACION
La preocupación por contar con mecanismos de control destinados a prevenir y detectar abusos por parte de los poderes de Estado no es nueva. Poco más de dos siglos atrás, en la etapa preconstitucional de los Estados Unidos, James Madison no ocultaba su inquietud por la tensión existente entre la necesidad de concebir un aparato estatal con suficiente poder como para lograr sus fines con la igualmente imperiosa necesidad de someterlo a algún grado de control. En sus escritos en El Federalista, Madison proponía diseñar artilugios que permitieran cierta injerencia recíproca entre las ramas del gobierno para así evitar acciones desmedidas por parte de cualquiera de ellas, pero sin afectar su autoridad y fortaleza.
El desvelo por el control como factor limitativo del poder no parece haber sido enteramente solucionado en las democracias contemporáneas. Desafortunadamente, la Argentina no escapa a dicho patrón ya que no hemos encontrado aún un equilibrio conveniente entre un Estado con capacidad de ejecución y esquemas efectivos para impedir abusos. Algunos organismos de control en nuestro país parecen haber sido postergados por nuestra clase política. La situación de la Defensoría del Pueblo de la Nación es un buen ejemplo del desinterés reinante.
Con rango constitucional desde la reforma de 1994, la Defensoría tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional frente a actos de la Administración Pública Nacional y de los terceros que gestionen servicios públicos. Sin embargo, pese a su enorme importancia tanto por sus funciones de protección de derechos como de control, el cargo de defensor del Pueblo permanece vacante desde la renuncia de su titular en 2009. Si bien hubo algunos intentos tímidos para cubrir la vacante, la falta de consensos y la prevalencia de concepciones autointeresadas impidieron que los principales partidos políticos llegaran a acuerdos para poner en funciones a un nuevo defensor.
Frente a este panorama, en 2009, un extenso grupo de organizaciones de derechos humanos, sociales, profesionales y gremiales propusimos que la persona a ocupar dicho cargo fuera elegida de manera transparente y participativa, y tuviera una reconocida trayectoria y compromiso en la defensa de derechos. Sin embargo, excepto por la presentación de un proyecto de ley del diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica), la iniciativa no sólo no tuvo eco en el Congreso sino que la Defensoría aún permanece a cargo del Defensor adjunto.
Otros organismos de control padecen similares dolencias. La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, ha perdido notablemente la impronta que tuvo durante sus primeros años de vida. Una situación análoga se percibe hoy en el funcionamiento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que carece del liderazgo y la efectividad que ostentó durante la gestión del ex Fiscal Manuel Garrido. Asimismo, las tensiones en el funcionamiento de la Sigen y en su relación con otros organismos de contralor como la Auditoría General de la Nación (AGN) sugieren algunas falencias y falta de coordinación entre agencias con similares propósitos. Vale recordar que dichas desavenencias llegaron a los estrados judiciales: recientemente la justicia federal en lo contencioso administrativo le ordenó a la Sigen entregar a la AGN una serie de informes que la primera le había denegado. Por otra parte, el acuciante problema de los jueces subrogantes también alimenta las carencias en los mecanismos de control. Datos de 2010 señalan que un 22,6% de los cargos no están cubiertos por un juez designado para esa vacante específica, como lo establece la Constitución Nacional.
Endilgarle la responsabilidad exclusiva por esta preocupante situación sólo al partido de gobierno sería ingenuo. Nuestra clase política toda debe retomar la preocupación madisoniana por las funciones de control en nuestro sistema democrático y poner este tema en el centro de la agenda política.
El autor es director ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles.

Referencia: nota diario La Nación

Por: Álvaro Herrero

Fecha: 16 de mayo de 2011

Link: http://www.lanacion.com.ar/1373662-hay-desinteres-por-vigilar-al-poder

La oposición unificó estrategia en Diputados para avanzar mañana con la sesión que intenta subir el mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, en contra de la pretensión del Gobierno que quiere guardarse esa mejora salarial para disponerla por resolución o decreto después de las negociaciones paritarias.

Hasta ahora existían tres pedidos de sesión especial para mañana, con la Coalición Cívica tomando un camino propio y el radicalismo sosteniendo dos variantes. Pero ayer la oposición decidió unificar la sesión especial y realizarla finalmente mañana a las 13.

De todas formas, no hay nada seguro aún sobre la sesión. El kirchnerismo pelea para intentar frenarla mientras se juega a que la oposición no logre el quórum. El oficialismo no participará de la sesión, pero ingresará si se reúne el número.

Acuerdos

La decisión de unificar la sesión especial se tomó después que la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el socialismo, GEN y el Peronismo Federal se pusieran de acuerdo en otro tema.

Todos solicitaron para el mismo miércoles (mañana) la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en un plenario de comisiones de la Cámara baja, previsto para las 10. Además, acordaron incluir en la sesión especial el tratamiento del proyecto de ley que establece un régimen a la distribución de la pauta publicitaria, que figuraba en el pedido se sesión especial junto con la suba en el mínimo no imponible de Ganancias impulsado por el radicalismo, pero no en el que presentó Elisa Carrió.

La Coalición Cívica le había pedido una sesión especial para debatir la suba en el piso de Ganancias a Eduardo Fellner antes que el resto de los bloques. Y planteó desde un principio que el Congreso debía aprobarla, mientras el Gobierno se negaba a discutir el tema a pesar de la presión de la CGT que alega que las paritarias serán más duras si no se baja la presión de ese impuesto sobre los salarios.

Ayer, Adrián Pérez, compañero de Carrió en la fórmula presidencial, insistió: «Les pedimos a los trabajadores, a sus representantes y a los pequeños y medianos empresarios que nos acompañen en la sesión especial del miércoles para que se vote el proyecto que eleva el piso de pago de Ganancias a $ 6.100 para solteros y $ 7.200 a un casado con hijos», dijo. «Luego de ese primer paso tenemos que encarar una reforma tributaria profunda que beneficie a las pymes generadoras de empleo y desterrar para siempre el sistema actual que favorece al capital especulativo y castiga al que quiere invertir en la economía real», terminó.

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: 29 de febrero de 2011

Link: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=574986

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, encabezados por los diputados Adrián Pérez y Fernanda Reyes, y la senadora María Eugenia Estenssoro, presentaron hoy en el Senado más de 100 mil firmas de jubilados de todo el país solicitando la aprobación del proyecto para aumentar y recomponer las jubilaciones que se tratará mañana en la Cámara alta.

“Estas firmas reclaman el derecho a una jubilación digna y pertenecen a los jubilados y ciudadanos que vienen luchando desde hace mucho para que mañana se apruebe el proyecto para aumentar y recomponer las jubilaciones y se salde, de una vez, la deuda social que el Estado tiene con los jubilados”, sostuvo la diputada Reyes, una de las autoras del proyecto.

Adrián Pérez, vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la CC, agregó: “Esta es la principal ley que va a votar el Congreso este año, porque va a poner justicia en uno de los sectores más castigados de nuestra sociedad, que son los adultos mayores. De allí el apoyo de la ciudadanía y la voluntad general de la sociedad para que esto se vote mañana”.

“Que los jubilados tengan un haber digno es un derecho que está en la Constitución. Por eso, no se puede elegir si cumplirlo o no. Hoy tenemos una ANSeS rica y jubilaciones de pobreza. Aumentar las jubilaciones no es una cuestión de dinero, sino un derecho básico, como la asignación por hijo”, sostuvo la senadora María Eugenia Estenssoro.

De esta manera, los legisladores de la CC exhortaron a los senadores a que mañana aprueben el proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, para elevar las jubilaciones mínimas al 82 por ciento del salario mínimo, recomponer los haberes congelados hasta 2006 según lo establecido por la Corte Suprema y actualizar las jubilaciones de acuerdo con el índice de salarios.

De la conferencia de prensa, también participaron los diputados de la CC Elsa Quiróz, Juan Carlos Morán, Fernando Iglesias, Alicia Terada, Susana Gacía, Elisa Carca, Horacio Piemonte y Carlos Comi y asociaciones de jubilados de todo el país.

Carpa en el Congreso

Mañana desde las 14, durante el tratamiento del proyecto en el Senado, la Coalición Cívica montará una carpa en la Plaza del Congreso, desde donde se transmitirá la sesión en vivo. La carpa se instalará en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos.

Fecha: 12 de octubre de 2010

El vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, calificó hoy de “correcta pero insuficiente” la decisión del Gobierno de elevar las jubilaciones y las asignaciones familiares. “Desde la Coalición Cívica vamos a insistir en el Congreso para subir las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo y la efectiva universalización del ingreso por hijo”, dijo.

“Evidentemente la presión que desde la oposición vinimos haciendo hizo reaccionar a la Presidenta. Pero no se puede dejar sujeto a la benevolencia del Ejecutivo la seguridad social. Creemos que es el Congreso el que tiene que institucionalizar los beneficios y establecer los mecanismos automáticos de incrementos de los mismos”, señaló Pérez y agregó: “Es urgente el tratamiento por ley de la asignación por hijo, que incluya la efectiva universalización y un esquema automático de incremento”.

Los principales referentes de la oposición cruzaron al ministro de Economía, Amado Boudou, que aseguró que el 82 por ciento móvil “es imposible” de pagar. “El verdadero problema es que Kirchner y Boudou se están financiando con la plata de la ANSeS”, aseguró la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. “Boudou fue corrupto cuando manejó la caja del ANSeS y va a seguir siendo corrupto ahora que es ministro de Economía”, sentenció Lilita, que además prometió “pelear” por un aumento en las jubilaciones mínimas y que el “dinero está”. “En todo caso que la presidenta le diga al pueblo que tiene dinero para los negociados con Venezuela y no tiene dinero para los jubilados”, finalizó Carrió. El diputado Adrián Pérez puntualizó que “cuando impulsamos la asignación universal por hijo también decían que no había plata”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Alfonsín también acusó acuso a Néstor Kirchner de utilizar “a los jubilados como variable de ajuste de las cuentas publicas a los jubilados”. “Es falso lo que dijo Kirchner acerca de lo que representa para el Estado la aprobación del proyecto que se está tratando en el Congreso por el que se elevarían las jubilaciones a una suma equivalente al 82% del salario mínimo”, aseguró Alfonsín.

El titular del bloque de senadores radicales, Gerardo Morales, consideró que la ANSeS “se ha convertido en la ‘cajita feliz’” del Gobierno para “pagar obras públicas ” que no están incluidas en la seguridad social. “Es injusto que se termine saqueando la ANSeS y que el fondo de los jubilados se tome para atender erogaciones que debe atender el Tesoro”, sostuvo Morales. “El fondo de la ANSeS debe ser utilizado para atender las obligaciones para lo que fue creado”, concluyó Morales.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 1 de julio de 2010

Link: http://www.clarin.com/politica/oposicion-dice-plata_0_290370976.html