El proyecto, aprobado con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Al mismo tiempo que ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja.

“La asignación de recursos es una función ineludible del Congreso de la Nación”, sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos del que surgió el dictamen opositor. El diputado alineado con Elisa Carrió consideró que la ley de superpoderes había convertido al presupuesto nacional “en una mera ficción”.

Un instante antes, el oficialista Gustavo Marconato había argumentado que, desde 2004, el Poder Ejecutivo nunca había reasignado partidas por un monto superior al 5 por ciento del presupuesto. “Con esto vemos la prudencia y la responsabilidad que se tuvo en el uso de este instrumento”, sostuvo.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), autor de otros de los proyectos del que surgió la iniciativa opositora, explicó que el dictamen del oficialismo no resolvía el problema, dado que la mayor parte de la asignación de partidas hechas por el Gobierno se había canalizado por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), con los que se destinaron excedentes de recaudación, que eran producto de una maniobra premeditada de subestimación de ingresos.

Entre 2003 y 2009, el Gobierno reasignó partidas por 148.946 millones de pesos, el equivalente al 20 por ciento del total de los presupuestos de esos años, sin el consentimiento previo del Congreso. De ese monto, $ 103.000 millones, el 70 por ciento, corresponden a excedentes presupuestarios redestinados a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

“Argumentan que los gobiernos anteriores usaron esta facultad. Es cierto. Y así estamos. Este gobierno dice que los gobiernos anteriores son un horror. Si son un horror, ¿por qué se siguen usando las mismas herramientas? Con un discurso contrario, este gobierno ha repetido la historia”, sostuvo Oscar Aguad, jefe del bloque radical, al cuestionar al oficialismo.

Le respondió el presidente de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

Razonable

“Todos sabemos que el límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Si hemos verificado que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo fue utilizada razonablemente, para reasignar gastos hacia áreas sociales, quitarle esa facultad sería un error”, afirmó. “Cuando hay que reasignar excedentes de recaudación, el Gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un DNU. El Gobierno seguirá usando esos dos instrumentos”, sostuvo.

Si bien destacaron el logro político de haber dado media sanción a la iniciativa, en la oposición reconocían ayer que, incluso si el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado ayer, el Gobierno seguiría teniendo un camino para reasignar excedentes de recaudación, por medio de los polémicos decretos presidenciales.

Como hasta la actualidad, esos eventuales decretos deberían superar después el filtro del Congreso. En la oposición explicaban que, en ese caso hipotético, tendrían un argumento cantado para rechazar los DNU.

A su turno, el diputado de Pro Federico Pinedo destacó que con el proyecto de ley aprobado “se cumple con el compromiso de recuperar las facultades propias del Congreso”. Inmediatamente aseguró: “Le devolvimos la dignidad a las provincias postergadas del país”.

Todo dependerá, como hasta ahora, de quién tenga la mayoría en el Parlamento. En el Senado no hay un escenario muy favorable para la oposición (ver aparte).

PUNTOS CENTRALES DEL PROYECTO DE LEY

• Obligatoriedad Cualquier reasignación del presupuesto nacional que afecte su monto total, el pago de deuda o la suba de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, deberá ser previamente aprobada por el Congreso. Este es un requisito obligatorio que impone el proyecto de ley.

• Reasignaciones El Poder Ejecutivo no podrá reasignar, sin aval del Congreso, los recursos extrapresupuestarios, ya sean provenientes de la recaudación tributaria, de la Administración Nacional de Seguridad Social o de cualquier otra fuente de financiamiento del Tesoro nacional.

• Eliminación El proyecto ayer aprobado deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Y ratifica que cualquier modificación debe ser resuelta por el Congreso.

• Uso discrecional . Desde 2003 hasta 2009, el Gobierno manejó por medio de los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete más de 148.000 millones de pesos. El 70 por ciento de esa redistribución de partidas la hizo el Poder Ejecutivo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 24 de junio de 2010

Por: Gabriel Sued

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278150

El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.

Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.

“Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos”, dijo a LA NACION el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires)

Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo”, graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, “este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar”.

Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: “Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011″. Según el economista de la CTA, “el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste”, interpretó.

“Es un disparate”, definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. “Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal”, agregó Pérez.

La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

Oportunidad perdida

La oportunidad existe, pero los gobernadores no están dispuestos a aprovecharla: en efecto, junto con el presupuesto 2010, el Gobierno necesita como el agua la prórroga de una decena de impuestos que vencen a fin de año, entre ellos Ganancias, Bienes Personales y de débitos y créditos bancarios (cheque). La oposición buscará condicionar esa prórroga a que se coparticipe en mayor medida con las provincias la recaudación de esos tributos, sobre todo el de cheque. En el oficialismo sólo se oyeron tibios reclamos, pero no parece dispuesto a hacer causa común a favor de sus provincias.

A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les concederá a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (aunque, de manera deliberada, el Gobierno evitó hacer taxativa esa concesión).

También les otorgó la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y endeudamiento.

Con la colaboración de Laura Serra

2,5%
Crecimiento económico

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Las provincias, cada vez más ahogadas

• Tal como esperaban, el presupuesto 2010 no trae buenas noticias para las ya de por sí golpeadas arcas provinciales. Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. Sin computar los recursos de Seguridad Social, las provincias percibirían (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado, unos $ 264.688 millones.

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 13 de octubre de 2009

Por: Jaime Rosemberg

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1185676

Aunque el Gobierno jura y perjura que el año que viene habrá un superávit primario del 2,3% y que después de pagar los servicios de la deuda aún restarán 0,5% del PBI (algo así como 621,5 millones de pesos) desde la oposición aseguran que en el 2010 las cuentas del Gobierno estarán al rojo vivo.

“El déficit financiero será de 15.000 millones de pesos, mientras que el resultado primario será de un punto por debajo del producto”, pronosticó Alfonso Prat Gay en diálogo con Clarín.

El diputado electo por la Coalición Cívica se mostró preocupado por saber “cómo se financiará el Gobierno el año próximo si se tiene en cuenta que no tiene acceso a los mercados de crédito”. Y señaló: “Es posible que vuelva a hacer lo que hizo este año, que se apropió de fondos que no le corresponden del BCRA, tomó dinero del Banco Nación, de la ANSES y el PAMI”.

A su lado, Adrián Pérez, se refirió a los superpoderes y al grado de rigidez del proyecto de que estima los ingresos y los gastos para el año que viene.

“El Presupuesto puede ser una gran ficción, según lo disponga el Jefe de Gabinete”, dijo el presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y precisó que “el problema es que desde la Jefatura de Gabinete se puede disponer sin tener que rendir cuentas del 5% de los fondos, que representan un 30% del total del gasto no rígido de todo el Presupuesto”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 25 de septiembre de 2009

Por: Candelaria de la Sota

Link: www.clarin.com/diario/2009/09/25/elpais/p-02005687.htm

“Todos los bloques de la oposición tenemos proyectos similares para derogar los superpoderes; no se puede volver a repetir la farsa de votar el presupuesto anual, cuando se sabe que el Ejecutivo tiene facultades para modificar las partidas”, evaluó Oscar Aguad, jefe de la bancada radical de diputados.

En 2006, el oficialismo modificó la Ley de Administración Financiera (norma que fija las pautas con las que el Estado administra los recursos públicos), y en su artículo 37 se habilitó al Ejecutivo a realizar cambios en el presupuesto nacional. Fue así que desde entonces, esa atribución del Ejecutivo quedó fuera del proyecto anual de presupuesto. Las iniciativas de la oposición coinciden en derogar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, para terminar con la discrecionalidad del Ejecutivo para modificar las partidas. “Este año, por ejemplo, el gobierno sacó dinero de planes de viviendas, para inyectar esos fondos en el rescate de Aerolíneas; esto fue posible gracias a los superpoderes”, ejemplificó Jorge Sarghini, diputado peronista bonaerense (ex lavagnista), que firmó junto a otros seis justicialistas anti K, otro contra los superpoderes.

La semana pasada, una reunión entre los bloques opositores definió como prioridad de la agenda legislativa, la derogación de los superpoderes. De inmediato, el marco de alianzas se amplió extra muros del Congreso: la ruralista Mesa de Enlace manifestó su apoyo al nuevo embate opositor. “La discusión de los superpoderes debe involucrar a toda la sociedad”, afirmó Adrián Pérez, titular del bloque de la Coalición Cívica.

“Es posible que se dé un escenario similar a la 125 -especuló Federido Pinedo, jefe de la bancada PRO-. Pero ahora hay una diferencia: antes había diputados que le tenían miedo a Néstor Kirchner y sus provincias; ahora sólo le temen a Kirchner”.

Es inminente la presentación conjunta que hará la oposición de todos los proyectos anti superpoderes. Entienden que esta discusión se dará en paralelo al proyecto de Presupuesto 2009 que hoy ingresará a Diputados, después que Cristina le de el visto bueno.

La oposición saca cuentas para dar la batalla contra los superpoderes: unos noventa legisladores entre la UCR, el PRO y la CC. Luego agregan la bancada del Partido Socialista (diez votos), a Sarghini y otros PJ, y meten el dedo en la llaga oficialista: “Felipe Solá apoyaría derogar los superpoderes y con él, se vienen otros veinte votos; y es casi seguro que se sumen los diputados que responden a Julio Cobos (conducidos por el radical Daniel Katz)”, se le escuchó a un jefe de bloque. “Solá tiene muy buen criterio”, elogió Aguad.

“Siempre se ha hablado de la Ley de Presupuesto, como ‘la ley de leyes’; pero la sociedad pocas veces participó de su discusión. El presupuesto implica discutir sobre federalismo, sobre redistribución del ingreso, impuestos; hay que sacar su discusión más allá del Congreso”, sostuvo Pinedo.

La UCR, además, quiere meter otro tema ríspido en la discusión: el pago de la deuda al Club de París debe pasar por el Congreso.

Luego de más de doce horas de extenuante debate, y con el aval de votos propios y algunos aliados impensados, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró esta madrugada aprobar en general el proyecto de presupuesto para el año próximo.

Sin complicaciones, el kirchnerismo obtuvo la aprobación de la norma enviada por el Poder Ejecutivo con 149 votos positivos y 87 en contra. Para la aprobación en general, a los votos kirchneristas se sumaron los de aliados del radicalismo K, bloques transversales y dos diputados de ARI fueguino que responden a la gobernadora Fabiana Ríos.

La oposición tenía cifradas esperanzas en el debate en particular, en el que, incluso diputados del kirchnerismo, amenazaban con votar en contra de los superpoderes al jefe de Gabinete para reordenar partidas presupuestarias.

A contramano de la preocupación mundial por la crisis financiera, el Gobierno aprobó su iniciativa con proyecciones económicas auspiciosas a pesar del clamor de la oposición para que sea revisado. Prevé una suba del PBI del 4% y un aumento en la recaudación del 16%.

Hubo iniciativas muy cuestionadas, como la reforma a la carta orgánica del Banco Central para permitir ampliar los adelantos al Tesoro para el pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito. También, un clásico del presupuesto, los controvertidos “superpoderes”, ley que la oposición y un grupo de oficialistas “rebeldes” iban a intentar derogar durante el debate en particular.

Preocupación oficial

Pocas veces como ayer se vio a un oficialismo tan preocupado por asegurar una mayoría numérica que evite cualquier cambio a la letra oficial del presupuesto. Sus esfuerzos se abocaban a disuadir a los rebeldes, tal como sucedió en julio pasado cuando se debatieron las retenciones móviles al campo. Por caso, resultó sugestivo que, al caer la tarde, un puñado de diputados peronistas entrerrianos ?díscolos como su jefe partidario, Jorge Busti? partieran, raudos, a Olivos a entrevistarse con Néstor Kirchner.

Mientras estos conciliábulos políticos se tejían fuera y dentro del Congreso, en el recinto oficialistas y opositores se medían en duros discursos. Por momentos, parecía que hablaban de dos países distintos: mientras la oposición alertaba sobre los coletazos en el país de la crisis financiera mundial (por lo que, a su juicio, la visión optimista del presupuesto quedaba desdibujada), el oficialismo insistía en remarcar la fortaleza de la economía.

“Tenemos reservas para hacer frente a la vulnerabilidad externa por la crisis internacional”, exaltó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato (FPV-Santa Fe), a lo que la secretaria del bloque, Patricia Fadel (Mendoza), agregó: “Aprobar este presupuesto será una señal clara al mundo de un país previsible”.

Al coro oficialista se sumaron, también, Graciela de la Rosa (Formosa) y Alberto Cantero (Córdoba). Sin embargo, como era previsible, sus argumentos no convencieron a la oposición.

“¿Somos inteligentes al votar un presupuesto elaborado antes de la crisis, cuando planteamos que la inflación será otra vez del 8%?”, ironizó el diputado Esteban Bullrich (Pro-Capital), a lo que su par radical Oscar Aguad agregó: “La Argentina ya estaba en crisis hace tres meses, antes del derrumbe financiero mundial. Disminuyó la inversión bruta, se detuvo la generación de empleo y el déficit de la balanza comercial con Brasil alcanza los 4000 millones de dólares. Para el Gobierno, el presupuesto es un inconveniente”.

“La crisis encuentra mal parada a la Argentina con una economía desordenada, con un 30% de inflación y 30% de pobreza. La Argentina perdió la oportunidad de desarrollar una matriz nueva de crecimiento”, se lamentó Adrián Pérez (Coalición Cívica-Capital). “El presupuesto habla de un país irreal”, remató su colega, Fernanda Reyes (Capital).

Uno de los puntos que mayor debate desató es la modificación a la carta orgánica del BCRA. “Observo en el Gobierno un deslizamiento peligroso hacia la ortodoxia económica, que se refleja en la decisión irresponsable de modificar la carta orgánica del BCRA y del Banco Nación para utilizar reservas y fondos públicos para pagar deuda”, asestó Claudio Lozano (CTA-Capital).

La sorpresa la dio el diputado oficialista y ex presidente de la Comisión de Presupuesto, Walter Agosto, que adelantó que votaría en contra de la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: jueves, 16 de octubre de 2008

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1059785

Los diputados de casi todo el arco opositor volvieron a juntarse para ejercitar reclamos comunes: ayer insistieron en pedir la derogación de los superpoderes, reformas a la coparticipación federal de impuestos, y que se revea el proyecto de Presupuesto, que fue redactado en otro contexto cuando la hecatombe financiera internacional no era tan profunda.

Fue en una conferencia de prensa conjunta, donde una treintena de diputados marcó los temas que los unen. Estaban la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, los peronistas disidentes y varios bloques unipersonales.

“Frente a la crisis mundial, el Gobierno debería revisar todas las pautas presupuestarias -dijo el jefe de bloque radical, Oscar Aguad– Ni el superávit fiscal, ni la pauta de crecimiento, ni el cálculo de la inflación, tienen nada que ver con la realidad”. Y desde la Coalición Cívica, Adrián Pérez subrayó que es una prioridad “que se coparticipe totalmente el impuesto al cheque, porque hoy las provincias están en rojo. El Estado nacional se queda con el 76% de la recaudación total. Si coparticipamos este impuesto, habría $ 5.500 millones más para distribuir en el interior”.

El reclamo contra los superpoderes no es nuevo, pero es un tema del que los oficialistas no quieren ni hablar. Se debería reformar la ley de Administración Financiera del Estado (ya hay varios proyectos para eso), porque en 2006 el kirchnerismo hizo que los poderes especiales sean permanentes al reformar esa norma.

De hecho, a raíz de los superpoderes -se quejan los opositores- tiene poco sentido votar el Presupuesto porque después el jefe de Gabinete “puede reasignar a su antojo todas las partidas”.

“Si todas las decisiones las toma una sola persona -dijo Federico Pinedo, del PRO- la Argentina es absolutamente imprevisible, causará mayor daño en medio de la crisis”. Para Aguad, “hoy más que nunca hay que derogar los superpoderes, porque en tiempo de crisis el Congreso debe ser el principal protagonista del control de los dineros públicos. Sin la opinión del Congreso se corre el riesgo de tomar decisiones equivocadas”.

Los opositores anunciaron que llamarán a una sesión especial para el miércoles 15 a las 10, antes de que -de acuerdo a lo anunciado por el oficialismo- se trate la ley de Presupuesto que tendrá dictamen hoy. Es un intento por frenar la táctica que el oficialismo ideó para llegar a fin de año con todas las leyes económicas aprobadas sin cambios: pusieron en agenda primero la ley de Presupuesto y después la prórroga al impuesto al cheque, de modo que se aprueben antes los recursos con que debería contar el Estado nacional. El ingreso por los cheques ya estará aprobado, cerrándole el camino a los que quieren distribuirlo con las provincias. Por eso quieren cambiar el orden de la discusión.

El puntano Luis Lusquiños aseguró que en el Presupuesto “todas las variables son un gran dibujo, no tiene correspondencia con la realidad. Ya había sido diseñado por trabajadores de Bellas Artes -ironizó-, pero ahora con la crisis mundial es más evidente”.

Ayer estuvieron casi todos. No se vio a los socialistas, ni Claudio Lozano, ni a los del ex ARI de Eduardo Macaluse. Pero se convirtió en una advertencia de que las leyes económicas que restan hasta fin de año tendrán una fuerte resistencia opositora. Aunque minoritaria, porque la mayoría hegemónica en la Cámara es del oficialismo.

Referencia: nota diario Clarín
Fecha: miércoles, 8 de octubre de 2008
Por: Alfredo Gutiérrez
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/10/08/elpais/p-01776713.htm

Fue en el plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, conducido por el kirchnerista Alberto Cantero que debía producir dictámenes, último paso antes del recinto. No pasó nada de ello. No pasó nada, salvo la súbita determinación de Cantero de anunciar, sin que nadie lo esperase, un pase a cuarto intermedio hasta hoy, a las 10 de la mañana. Se sumarán los miembros de la comisión de Legislación General para tratar -y aparentemente producir dictamen- proyectos fogoneados por la Federación Agraria, una ley de arrendamiento y otra para mejorar el sistema de garantía, en especial para el pequeño productor.

Uno de los autores es el diputado Eduardo Macaluse (bloque SI), ausente en la reunión de ayer, aunque no demasiado lejos. Permaneció cerca, entre los espacios vallados por seguridad, interesado en aclarar a los periodistas que merodeaban el lugar que los nueve miembros de su bloque sólo quieren colaborar en una solución y no sumarse, ni mucho menos, al kirchnerismo.

Para hablar en nombre de este bloque estaba el bonaerense Carlos Raimundi, quien iba a desarrollar las ideas en apoyo de los pequeños y medianos productores. No pudo.

Entre los que callaron pese a tener de qué hablar en concreto -los opositores- y los que hablaron sin tener nada específico que decir -los oficialistas- la situación insumió dos horas. Había comenzado con una hora y cuarenta de demora.

La reunión la había precedido un encuentro de jefes de bloque y autoridades de comisión, en la que el oficialismo rehusó suspender el plenario como le pedía la oposición hasta tanto el bloque del Gobierno tuviera pasada en limpio su propuesta.

Pese a ello, los diputados radicales, cívicos, macristas, socialistas y provinciales, igual que los peronistas puntanos (bloque Frejuli) y otros avezados, también peronistas, como Jorge Sarghini (bloque unipersonal) no fueron al plenario a hablar en concreto sobre sus propias iniciativas. Fue un error colectivo.

El encuentro arrancó con el propio Cantero. Dijo que su bloque había resuelto realizar modificaciones. “La decisión política es lograr el mejor de los proyectos”, afirmó. Pero el proyecto nuevo no estaba.

Juan Mario País, de Chubut, kirchnerista, habló para justificar las retenciones móviles y el procedimiento legal y constitucional del Gobierno. El macrista Esteban Bullrich sostuvo que debe ser el Congreso el que fije los impuestos “para dar certidumbre” y no un funcionario. “Hoy venimos a discutir los proyectos”, avisó el radical Pedro Morini. “¿Cuál es la posición?”, inquirió. Nadie le respondió. Había planteado una moción de orden que debe votarse sin discusión. Cantero no la escuchó. Morini no reaccionó. Cantero le dio la palabra al kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse. Dijo: “No hay proyecto nuevo, es el del Poder Ejecutivo”. La oposición calló. Hablaron Sarghini, la cívica Patricia Bullrich, el socialista Lisandro Viale y el saaista Claudio Poggi. Ninguno habló de los proyectos presentados. Y cuando parecía que finalmente iba a ver una reacción si el oficialismo, a su vez, seguía con las generalidades, Cantero atendió su teléfono, lo guardó rápidamente y dijo: “Pasamos a cuarto intermedio”.

Referencia: nota diario Clarín
Fecha:  Jueves, 3 de julio de 2008
Por: Armando Vidal
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/07/03/elpais/p-00501.htm

La Justicia comenzó esta semana una investigación para determinar si funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner cometieron irregularidades en los procesos de licitación para la construcción de tres cárceles federales.

Las aparentes anomalías consistieron en millonarios aumentos de los presupuestos de ejecución de las obras, que se incrementaron entre el 52 y el 86 por ciento respecto de las cifras previstas originalmente. Esas variaciones fueron convalidadas, en junio pasado, por un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Néstor Kirchner.

Las licitaciones, que comenzaron en diciembre de 2003, están destinadas a la construcción de cárceles en las ciudades de Güemes, en Salta; Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y Coronda, en Santa Fe.

En la causa, que está a cargo del juez federal Julián Ercolini, aún no hay imputados. De haberlos, serán funcionarios de los ministerios de Justicia y de Planificación Federal, los organismos de aplicación del programa, o de la comisión mixta -integrada por tres funcionarios de cada cartera- que se ocupó de la evaluación de las propuestas de las empresas.

Pese a que los procesos de licitación estaban casi concluidos y los actos para la firma de los contratos, programados, las obras no llegaron a ser adjudicadas.

Unos días antes de dejar el Ministerio de Justicia, el 26 de julio pasado, Horacio Rosatti frenó los trámites y remitió los expedientes a la Oficina Anticorrupción (OA). El caso había llegado antes al organismo por una denuncia anónima.

Especulaciones

Incluso en los días posteriores al alejamiento de Rosatti, en ámbitos políticos se especuló con que esa diferencia había sido uno de las causas principales de su renuncia.

Cerca del ex ministro lo niegan, pero afirman que no firmó los contratos porque había una denuncia en la OA y dicen: “Mientras no hubiera claridad en este punto, no los iba a firmar”.

Desde entonces, la OA investiga en forma reservada el proceso de licitación para decidir si agrega una denuncia a la causa abierta en la Justicia.

Ante una consulta de LA NACION, voceros del organismo que dirige Abel Fleitas Ortiz de Rozas se limitaron a informar que hace cerca de un mes se había pedido un informe técnico a la Subsecretaría de Obras Públicas para aclarar las diferencias entre los precios presupuestados.

Martín Montero, que hoy secunda a Fleitas en la OA, formó parte de la comisión mixta, por designación del primer ministro de Justicia de Kirchner, Gustavo Beliz.

El expediente judicial se inició por una denuncia del diputado de ARI Adrián Pérez, que el martes pasado ratificó la presentación y pidió la declaración testimonial de Rosatti.

En el escrito de Pérez, joven abogado que integra la fuerza de Elisa Carrió, se hacen tres cuestionamientos a los procesos licitatorios:

“Nos parece que hubo irregularidades, sobre todo por la diferencia abismal entre el presupuesto original y el adjudicado”, advirtió Pérez a LA NACION.

Variaciones

La mayor variación, que fue del 86 por ciento, se registró en la licitación para construir la cárcel de Coronda. El presupuesto original, fijado en abril de 2004, era de 23.040.000 pesos. Cuatro meses más tarde, Montero -entonces secretario de Justicia- solicitó a la Subsecretaría de Obras Públicas un incremento del 25 por ciento en el presupuesto, que, de esa forma, pasó a 28.800.000 pesos.

El último incremento se produjo en junio pasado con el decreto de Kirchner. Tras analizar las diferentes propuestas, la comisión mixta había seleccionado en diciembre pasado a la empresa Eleprint-Emaco, con una oferta por 42.857.803 pesos. El decreto presidencial adaptó el presupuesto de la obra a esa cifra ofertada.

El diputado Pérez aclaró que, en un primer momento, no se habían calculado de manera adecuada los metros cuadrados por construir. Pero sostuvo que eso sólo explica una porción, quizá grande, del aumento presupuestario, pero nunca todo.

En el Ministerio de Planificación no respondieron a la consulta de LA NACION para hablar sobre el tema.

Aunque con diferentes cifras, la operatoria usada para la cárcel de Coronda se reiteró en las otras dos licitaciones. En Güemes, el precio fue de 38.400.000 pesos a 64.985.972, y en Mercedes, de 124.800.000 a 189.606.167, según documentos oficiales aportados en la denuncia. En ambos casos se seleccionó a Iecsa-Supercemento.

• La “falsedad ideológica” de un informe de esa comisión que invocó la participación de equipos técnicos del Ministerio de Justicia en la selección de las ofertas, algo que no ocurrió de esa forma.

• La falta de idoneidad de los integrantes de la comisión mixta.

• Los incrementos en los presupuestos de ejecución de las obras.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: domingo, 11 de septiembre de 2005

 Por: Gabriel Sued

Link:  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=737850