Adri�n Perez

Los diputados de de la Coalicion Cìvica, Adrián Pérez, Patricia Bullrich y Marcela Rodríguez presentaron esta noche un dictamen de minorìa en la Comison de Asuntos Constitucionales en la que piden que se haga lugar a las cuestiones de privilegio presentadas por Elisa Carriò, Cyntia Hotton y Elsa Alvarez.

La oposición dio ayer un paso importante en la Cámara de Diputados en su intento de acotar el poder del Gobierno para manejar los recursos del Estado: aprobó una iniciativa para eliminar los llamados “superpoderes”, como se conoce a la facultad del Poder Ejecutivo para reasignar, sin límites, partidas del presupuesto nacional.

El proyecto, aprobado con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Al mismo tiempo que ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja.

“La asignación de recursos es una función ineludible del Congreso de la Nación”, sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos del que surgió el dictamen opositor. El diputado alineado con Elisa Carrió consideró que la ley de superpoderes había convertido al presupuesto nacional “en una mera ficción”.

Un instante antes, el oficialista Gustavo Marconato había argumentado que, desde 2004, el Poder Ejecutivo nunca había reasignado partidas por un monto superior al 5 por ciento del presupuesto. “Con esto vemos la prudencia y la responsabilidad que se tuvo en el uso de este instrumento”, sostuvo.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), autor de otros de los proyectos del que surgió la iniciativa opositora, explicó que el dictamen del oficialismo no resolvía el problema, dado que la mayor parte de la asignación de partidas hechas por el Gobierno se había canalizado por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), con los que se destinaron excedentes de recaudación, que eran producto de una maniobra premeditada de subestimación de ingresos.

Entre 2003 y 2009, el Gobierno reasignó partidas por 148.946 millones de pesos, el equivalente al 20 por ciento del total de los presupuestos de esos años, sin el consentimiento previo del Congreso. De ese monto, $ 103.000 millones, el 70 por ciento, corresponden a excedentes presupuestarios redestinados a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

“Argumentan que los gobiernos anteriores usaron esta facultad. Es cierto. Y así estamos. Este gobierno dice que los gobiernos anteriores son un horror. Si son un horror, ¿por qué se siguen usando las mismas herramientas? Con un discurso contrario, este gobierno ha repetido la historia”, sostuvo Oscar Aguad, jefe del bloque radical, al cuestionar al oficialismo.

Le respondió el presidente de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

Razonable

“Todos sabemos que el límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Si hemos verificado que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo fue utilizada razonablemente, para reasignar gastos hacia áreas sociales, quitarle esa facultad sería un error”, afirmó. “Cuando hay que reasignar excedentes de recaudación, el Gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un DNU. El Gobierno seguirá usando esos dos instrumentos”, sostuvo.

Si bien destacaron el logro político de haber dado media sanción a la iniciativa, en la oposición reconocían ayer que, incluso si el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado ayer, el Gobierno seguiría teniendo un camino para reasignar excedentes de recaudación, por medio de los polémicos decretos presidenciales.

Como hasta la actualidad, esos eventuales decretos deberían superar después el filtro del Congreso. En la oposición explicaban que, en ese caso hipotético, tendrían un argumento cantado para rechazar los DNU.

A su turno, el diputado de Pro Federico Pinedo destacó que con el proyecto de ley aprobado “se cumple con el compromiso de recuperar las facultades propias del Congreso”. Inmediatamente aseguró: “Le devolvimos la dignidad a las provincias postergadas del país”.

Todo dependerá, como hasta ahora, de quién tenga la mayoría en el Parlamento. En el Senado no hay un escenario muy favorable para la oposición (ver aparte).

PUNTOS CENTRALES DEL PROYECTO DE LEY

• Obligatoriedad Cualquier reasignación del presupuesto nacional que afecte su monto total, el pago de deuda o la suba de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, deberá ser previamente aprobada por el Congreso. Este es un requisito obligatorio que impone el proyecto de ley.

• Reasignaciones El Poder Ejecutivo no podrá reasignar, sin aval del Congreso, los recursos extrapresupuestarios, ya sean provenientes de la recaudación tributaria, de la Administración Nacional de Seguridad Social o de cualquier otra fuente de financiamiento del Tesoro nacional.

• Eliminación El proyecto ayer aprobado deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Y ratifica que cualquier modificación debe ser resuelta por el Congreso.

• Uso discrecional . Desde 2003 hasta 2009, el Gobierno manejó por medio de los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete más de 148.000 millones de pesos. El 70 por ciento de esa redistribución de partidas la hizo el Poder Ejecutivo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 24 de junio de 2010

Por: Gabriel Sued

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278150

Si hay déficit y problemas de caja, que no se noten. Ese parece ser el objetivo del Gobierno fijado en uno de los artículos del presupuesto de gastos e ingresos para el año próximo, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana en el recinto.

El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.

Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.

“Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos”, dijo a LA NACION el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires)

Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo”, graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, “este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar”.

Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: “Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011″. Según el economista de la CTA, “el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste”, interpretó.

“Es un disparate”, definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. “Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal”, agregó Pérez.

La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

Oportunidad perdida

La oportunidad existe, pero los gobernadores no están dispuestos a aprovecharla: en efecto, junto con el presupuesto 2010, el Gobierno necesita como el agua la prórroga de una decena de impuestos que vencen a fin de año, entre ellos Ganancias, Bienes Personales y de débitos y créditos bancarios (cheque). La oposición buscará condicionar esa prórroga a que se coparticipe en mayor medida con las provincias la recaudación de esos tributos, sobre todo el de cheque. En el oficialismo sólo se oyeron tibios reclamos, pero no parece dispuesto a hacer causa común a favor de sus provincias.

A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les concederá a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (aunque, de manera deliberada, el Gobierno evitó hacer taxativa esa concesión).

También les otorgó la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y endeudamiento.

Con la colaboración de Laura Serra

2,5%
Crecimiento económico

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Las provincias, cada vez más ahogadas

• Tal como esperaban, el presupuesto 2010 no trae buenas noticias para las ya de por sí golpeadas arcas provinciales. Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. Sin computar los recursos de Seguridad Social, las provincias percibirían (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado, unos $ 264.688 millones.

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 13 de octubre de 2009

Por: Jaime Rosemberg

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1185676

Aunque el Gobierno jura y perjura que el año que viene habrá un superávit primario del 2,3% y que después de pagar los servicios de la deuda aún restarán 0,5% del PBI (algo así como 621,5 millones de pesos) desde la oposición aseguran que en el 2010 las cuentas del Gobierno estarán al rojo vivo.

“El déficit financiero será de 15.000 millones de pesos, mientras que el resultado primario será de un punto por debajo del producto”, pronosticó Alfonso Prat Gay en diálogo con Clarín.

El diputado electo por la Coalición Cívica se mostró preocupado por saber “cómo se financiará el Gobierno el año próximo si se tiene en cuenta que no tiene acceso a los mercados de crédito”. Y señaló: “Es posible que vuelva a hacer lo que hizo este año, que se apropió de fondos que no le corresponden del BCRA, tomó dinero del Banco Nación, de la ANSES y el PAMI”.

A su lado, Adrián Pérez, se refirió a los superpoderes y al grado de rigidez del proyecto de que estima los ingresos y los gastos para el año que viene.

“El Presupuesto puede ser una gran ficción, según lo disponga el Jefe de Gabinete”, dijo el presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y precisó que “el problema es que desde la Jefatura de Gabinete se puede disponer sin tener que rendir cuentas del 5% de los fondos, que representan un 30% del total del gasto no rígido de todo el Presupuesto”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 25 de septiembre de 2009

Por: Candelaria de la Sota

Link: www.clarin.com/diario/2009/09/25/elpais/p-02005687.htm