Frente a ese escenario, los máximos referentes de la oposición empezaron a trabajar en la redacción de un proyecto de ley para establecer un sistema de asignación familiar como derecho para todos los niños de menos de 18 años.

Si bien la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, no quiso hablar del tema, un destacado funcionario de esa cartera admitió que “el decreto de asignación universal debe ser perfeccionado en su reglamentación para que no haya gente que se quede afuera”.

El Gobierno no conocía hasta ayer el número de personas que se anotaron en las oficinas de la Anses, pero calificadas fuentes oficiales dijeron a LA NACION que a partir de mañana ese organismo tendrá el primer corte del muestreo que exhibirá un número tentativo de beneficiarios que estarán en condiciones de cobrar a partir del 1° de diciembre.

Hay coincidencias en la oposición y entre los economistas especializados de que el plan no será universal porque no llegará a todos los niños pobres. Sin embargo, hay diferencias respecto del número: lo ubican entre 800.000 y 2 millones, según el universo que abarquen. Pero los legisladores de la oposición acordaron un punto central: a partir del 10 de diciembre próximo, impulsarán la aprobación de una ley para establecer un seguro universal para la niñez.

Los detalles de la propuesta de la oposición aún no están consensuados. Pero los máximos referentes de cada bloque de la Cámara de Diputados negocian desde la semana última para avanzar con una ley que sustituya el decreto de Cristina Kirchner.

La intención es evitar una vinculación entre la asignación universal y el mercado laboral, como lo planteó el Gobierno, que pone como requisitos para recibir la ayuda de $ 180 mensuales por hijo que el padre del beneficiario sea un desocupado, un trabajador informal que gane menos del salario mínimo ($ 1440) o un empleado del servicio doméstico.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) realizó un estudio detallado de los alcances del decreto presidencial y concluyó que la medida dejará afuera a 2.300.000 niños pobres e indigentes.

Para sostener este dato, Lozano expresó a LA NACION que el decreto “deja afuera a los trabajadores de la economía informal que ganen más que el salario mínimo, a los monotributistas que no perciben una asignación familiar por hijo y a los trabajadores del servicio doméstico que no estén inscriptos”.

Proyecto alternativo

Eduardo Amadeo, ex ministro de Desarrollo Social de Eduardo Duhalde y actual asesor de Felipe Solá y Francisco de Narváez, coincidió con ese número y añadió que el proyecto que se evalúa el PJ disidente apuntará a establecer “una política integral que asegure escolaridad y salud para todos los chicos sin excepciones”.

La fuente oficial consultada por LA NACION no supo contestar con precisión qué hará el Estado cuando se presente alguien a pedir el subsidio y sea trabajador informal con remuneraciones por encima del salario mínimo. “Me imagino que las oficinas de la Anses están recibiendo más de 500 interrogantes por día que luego analizaremos y ajustaremos a la reglamentación del decreto. Allí se ajustarán las eventuales discriminaciones”, se limitó a decir el funcionario, sin dar mayores detalles.

El diputado de la Coalición Cívica y referente del movimiento social del barrio La Juanita, de La Matanza, Héctor Flores (“Toty”), advirtió que el decreto “no toma en cuenta a más de 800.000 personas que hoy no tienen DNI”. No se trata de un tema menor: para que el niño reciba una asignación, una de las condiciones primordiales es que se deberá presentar el documento de identidad.

La diputada Paula Bertol (Pro) señaló la necesidad de establecer un registro de familias pobres y de acordar un proyecto de universalización de toda la oposición. Para el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, “hay una coincidencia firme en la oposición de que el seguro universal no es tal, sino que se trata de otro plan focalizado del Gobierno para fomentar el clientelismo”.

En rigor, las diferencias entre los bloques de la UCR, la Coalición Cívica, la izquierda y Pro hoy son menores en función de la idea de extender la asignación familiar y diferenciar este derecho del campo laboral.

Ernesto Kritz, economista especializado en temas laborales de SEL Consultores, explicó: “La única manera de evitar clientelismo es separar la asignación universal de los niños de la condición laboral de los padres”. Si bien Kritz no se arriesgó a dar cifras de la cantidad de gente en situación de pobreza y que quedará fuera del decreto, admitió a LA NACION que “hay miles de monotributistas, personal doméstico no declarado y trabajadores que cobran apenas por arriba del salario mínimo y, tal como está planteado el plan, quedarán sin ayuda”.

El presidente de Cáritas Argentina, Gabriel Castelli, destacó que, si bien el decreto de asignación universal es positivo porque reconoce un problema de pobreza importante, “queda en claro que la medida, como está planteada, no cubrirá el 100% de la población”. La Iglesia le llevó al Gobierno un proyecto que incluía un seguro universal para todos los niños menores de 18 años y las embarazadas.

Los requisitos

• Por Internet. Se podrá consultar los requisitos en la página www.anses.gob.ar o hacer consultas por teléfono a la Anses, marcando el 130.

• Dónde consultar. Se podrá obtener información en los centros de integración comunitarios y de atención primaria del Ministerio de Desarrollo Social y en las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo.

• Documentación adicional. Desde el 1° de marzo, los beneficiarios deberán presentar el control sanitario y el plan de vacunación para los menores de cuatro años. A partir de los 5 años, además, se deberá presentar la acreditación de concurrencia al colegio.

• El monto del beneficio. La Anses pagará $ 180 por hijo y $ 720 por hijo con discapacidad. Los $ 180 por mes por hijo se pagarán en un 80% todos los meses y el 20% restante se abonará cuando se presente toda la documentación de vacunación y escolaridad.

• Cuándo se abonará. Los pagos comenzarán a realizarse a partir del 1° de diciembre.

• Condiciones. El límite de edad de los hijos para percibir la asignación universal dispuesta por el Gobierno es de 18 años. Los hijos discapacitados no tienen tope de edad para ser beneficiarios. Los chicos deben ser argentinos nativos o tener, por lo menos, tres años de residencia en el país. El aspirante a la ayuda social deberá poseer Documento Nacional de Identidad.

• A quiénes está dirigido. Podrán ser beneficiarios los trabajadores no registrados que ganen menos del salario mínimo vital y móvil, desocupados y personal del servicio doméstico.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 15 de noviembre de 2009

Por: Martín Dinatale

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1200018

La palabra consenso volvió a emerger ayer en las filas de la oposición como condición para que se pueda avanzar con el plan de ayuda social que estudia el kirchnerismo para las familias pobres. Un día después de entrevistarse con el presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, los líderes de la UCR y de la Coalición Cívica comenzaron la rueda de diálogo con el Partido Socialista para coordinar una propuesta común y el PRO y Unión-PRO, de Mauricio Macri y Francisco de Narváez, dijeron que la pobreza reclama un “debate urgente” para el que hay que buscar “consenso” en el Congreso.

Los diputados radicales y de la CC insistieron en proponer una asignación por hijo de $200 por mes y que los planes sean universales. Es decir, para hijos de padres desocupados, pero también para quienes gozan de buen empleo. Así lo expresaron en una conferencia los presidentes de bloques Oscar Aguad (UCR) y Adrián Pérez (CC). En la mesa también estuvo, y esta fue la novedad, la socialista Silvia Ausburguer, quien dijo que el plan “tiene que salir por consenso y tiene que ser universal”.

La foto fue un anticipo del cónclave que el martes próximo, en el Comité de la UCR, mantendrán los líderes partidarios: Gerardo Morales, Elisa Carrió y el presidente del PS, Rubén Giustiniani, quien se encuentra en el exterior. Los dos primeros estuvieron anteayer en el Episcopado y condicionaron su apoyo a la propuesta del oficialismo: dijeron que si el plan se limita a los pobres “el kirchnerismo va a multiplicar el clientelismo y los va a tomar de rehenes”.

En sintonía con las frases de Carrió del día anterior, Aguad comentó: “Queremos que todos los chicos tengan un mismo ingreso como un derecho a la ciudadanía. No estamos de acuerdo con las políticas focalizadas, queremos romper con esa esquema clientelar”. La focalización de la ayuda es la principal consigna del Gobierno.

Con De Narváez a la cabeza, diputados electos y en funciones del macrismo y Unión-PRO se reunieron ayer para avanzar en un proyecto para combatir la pobreza y la exclusión. “Sin duda, el debate por la niñez y la pobreza es el más urgente. Es necesario avanzar cuanto antes en la búsqueda de consensos para sancionar la mejor ley”, manifestó De Narváez, quien había planteado este tema ya en la campaña.

“Queremos unificar todos los programas sociales existentes, garantizando a las familias beneficiarias la percepción de iguales o mejores prestaciones -agregó De Narváez-. Proponemos una asignación de carácter mensual equivalente al 50% del valor de una ‘canasta básica’, en función de la composición del grupo familiar. Es una propuesta similar al programa ‘Bolsa Familia’ de Brasil”.

El gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, abordó el plan de ayuda social que impulsa el oficialismo con una crítica puntual a la administración K: “Yo creo que ahora hay más desigualdad que antes del kirchnerismo”.

Binner mostró cierta simpatía por la propuesta difundida el martes por la Iglesia Católica. “El planteo de la Iglesia lo conocemos hace mucho tiempo”, señaló para recordar el trabajo que, en 2001, en plena crisis económica y política, se hizo a través de la Conferencia Episcopal. Binner era entonces intendente de Rosario.

“Este es un tema que desde la política nunca se ha hablado mucho. Siempre se lo ha abordado desde el exitismo, como por ejemplo cuando se corta cintas. Con la pobreza no se corta ninguna cinta. Hay que avanzar sobre la igualdad de oportunidades”, sentenció.

Referencia: nota diario Clarin

Fecha: 22 de octubre de 2009

Por: Santiago Fioriti

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/10/22/elpais/p-02023982.htm

Prometió convocar a un plenario de las comisiones de Trabajo, Salud y Familia para tratar los diferentes proyectos presentados en torno a una asignación universal por hijo. Sin embargo, la ley de medios concentró toda la atención y las iniciativas para reducir la pobreza quedaron relegadas.

“Espero que Rossi cumpla con la palabra de apurar el debate para ampliar la cobertura social. Vamos a pedir su inclusión en la discusión del Presupuesto o que sea tratado en forma paralela”, aseguró Carlos Raimundi, de Solidaridad e Igualdad, uno de los diputados de la centroizquierda de mejor diálogo con el kirchnerismo. Y avisó que si la demora se mantiene, impulsará una sesión especial.

Por los despachos de oficialistas influyentes circula una carpeta con datos para comenzar la discusión. “Los menores de 18 años son 12.400.000. La mitad son hijos de trabajadores con cobertura. Del resto, 60% reciben diferentes planes sociales. Quedan 2.664.226 sin asistencia”, plantea.

Pero hasta el momento sólo hubo reuniones entre asesores y ninguna convocatoria formal a las comisiones. Es más: en el Presupuesto 2010 no se incluyeron partidas para ese fin y, por caso, se mantiene la exención impositiva a la renta financiera, cuya eliminación era la llave para conseguir fondos a la que pensaban echar mano quienes promueven los proyectos contra la pobreza.

Ni siquiera avanzó el proyecto del oficialista Héctor Recalde para extender a los trabajadores no registrados la asignación por hijo que otorga la Anses (135 pesos). Aunque el bloque K no descarta colocarlo en agenda próximamente. La oposición lo considera “impracticable”, porque los empleados “en negro” deberían denunciar a sus patrones. Para colmo, el plan Recalde costaría casi 7 mil millones de pesos y lo financiarían los propios empresarios.

Por distintas vías, tanto la Coalición Cívica como Proyecto Sur y el Socialismo impulsan una asignación universal por hijo, entre otros argumentos para evitar el clientelismo político. “El oficialismo pretende mantener la receta para que los intendentes y punteros del conurbano sean los intermediarios”, acusó Adrián Pérez, jefe de bloque de la CC. Su fuerza aspira a una asignación de 200 pesos por hijo. Cuesta 25.000 millones por año.

Para Claudio Lozano, de Proyecto Sur, otorgar 135 pesos por chico cuesta 21.500 millones. “Si se destinan 41.000 millones a subsidiar grandes empresas, no se trata de falta de recursos sino de un problema de prioridades”, aseguró. Hasta Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur y firmes aliadas K, reclaman que el oficialismo cumpla su compromiso de debatir sobre la pobreza.

Referencia: nota diario Clarín

Por: Martín Bravo

Fecha: 21 de septiembre de 2009

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/09/21/elpais/p-02002836.htm

El Acuerdo Cívico y Social reclamó ayer que se cumpla la promesa que el jefe de los diputados kirchneristas hizo ayer a la madrugada a los gritos en pleno recinto: aprobar una ley que asegure el ingreso universal y ciudadano a la niñez.

Aunque se trata de una iniciativa del partido de Elisa Carrió, el oficialista Agustín Rossi les había prometido a los transversales de Solidaridad e Igualdad de Eduardo Macaluse -ex ARI- que el kirchnerismo impulsaría la aprobación de esa ley a cambio del apoyo para prorrogar las facultades delegadas por un año más.

Pero ayer, los bloques de diputados de la UCR, Coalición Cívica y Partido Socialista reaccionaron para

defender la autoría de ese proyecto y anunciaron que desde la semana próxima convocarán a audiencias públicas para discutir en el Congreso una serie de iniciativas parlamentarias que plantean la creación de una asignación universal por hijo a fin de «dar un debate franco sobre la pobreza en la Argentina».

Adrián Pérez, titular del bloque de la CC, propuso «trabajar sobre la base de un proyecto que garantice un shock distributivo, porque está claro que hoy la prioridad es la cuestión social y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Queremos revertir el cuadro.

actual a partir de crear un ingreso ciudadano a la niñez que inicie un proceso profundo de equidad social, luego de seis años de crecimiento económico sin redistribución del ingreso»

Redistribución

Desde el Partido Socialista, Silvia Augsburger, señaló: «Con el esquema actual de ayuda social, los niños de clase media y alta reciben hoy un beneficio mayor al que reciben los hijos de las familias más pobres. Con la asignación universal por hijo iniciamos un camino de redistribución de la riqueza que elimina el clientelismo».

Y Elisa Carca, del bloque de la CC, explicó los detalles del Ingreso Ciudadano a la Niñez, proyecto de ley vigente en el Congreso, que presentó por primera vez, junto a Elisa Carrió, en 1996. «Si hace 12 años se hubiese tomado en cuenta esta iniciativa, hoy estaríamos hablando de cientos de miles de chicos fuera de la pobreza. Queremos que los chicos coman en su casa y no en la escuela o en un comedor, queremos que con este ingreso los chicos estudien en las escuelas, queremos romper el círculo de la pobreza que se reproduce a sí mismo», dijo.

«Nuestra propuesta es de $ 200 por hijo para que lo cobren todos, ricos o pobres. Universalizamos el beneficio para los pobres y focalizamos la presión tributaria sobre los que más tienen. Por ello, este proyecto implica reformular el Impuesto a las Ganancias», explicó Carca.

De la conferencia de prensa opositora participaron, además, el titular del bloque de la UCR, Oscar Aguad, los diputados Silvana Giudici, Rubén Lancetta, Silvia Storni, Carlos Urlich y Luciano Fabris; del PS, Lisandro Viale, Miguel Ángel Barrios y Pablo Zancada; y de la CC, la senadora María Eugenia Estenssoro, y los diputados Fernando Sánchez, Héctor Flores, Elsa Quiroz, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Susana García y Griselda Baldata

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: viernes, 14 de agosto de 2009

Link: www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=476597

La Iglesia Católica, a través de monseñor Jorge Casaretto, ubicó en “cerca del 40%” el nivel de pobreza actual en el país. “Volvió a crecer a partir de la segunda mitad de 2007″, dijo a Clarín, en una entrevista publicada ayer, y reclamó que se incluya el combate a la pobreza en el llamado al diálogo que hizo la presidenta Cristina Fernández el pasado 9 de julio. Según publicó el INDEC, en el segundo semestre de 2008, la pobreza afectaba al 15,3% de la población.

Adrián Pérez, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, ya adelantó que antes que avanzar en una reforma política (el otro eje planteado por la presidenta) se debe abordar con urgencia el combate contra la pobreza. “Manejamos datos que superan claramente el 30%”, dijo Pérez, e insistió con el proyecto de instrumentar una asignación universal por hijo. “Hablamos de unos 200 pesos por hijo que recibiría la madre, con la contraprestación de que los chicos estén escolarizdos y cumplan con los controles sanitarios”. Pérez calculó en 25 mil millones de pesos anuales la implementación de ese plan. “Más de 15 mil millones ya derivan a distintos planes sociales; se necesitan unos ocho mil millones de pesos”, estimó.

“Nosotros calculamos en un 34% el nivel de pobreza”, dijo Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO. “Esto obedece a la destrucción del empleo y a la inflación; ése el nudo estructural”, sostuvo. Para Pinedo, los planes sociales de emergencia “deben ser focalizados” y no universales.

El ex intendente de Morón y electo diputado nacional Martín Sabbatella también ubicó en un número inferior al índice de pobreza. “Hablamos de un 30%, lo que es muchísimo”, dijo a Clarín. Sabbatella reclamó “un blindaje social”, que podría traducirse en la iniciativa mencionada por Pérez, y también “en una extensión del seguro de desempleo a los trabajadores en negro”. El dirigente de Nuevo Encuentro se manifestó a favor de un cambio en “la matriz productiva y redistributiva”.

Gerardo Morales, senador por Jujuy y presidente de la UCR, criticó al Gobierno nacional. “Los datos que denuncia la Iglesia, desnudan la mentira del INDEC. El Gobierno tiene que explicar cómo después de cinco años de crecimiento aumentó la pobreza e la indigencia”, argumentó. Morales propuso como medida de emergencia, implementar una tarifa social con exención del IVA en las facturas de agua, luz y gas, para familias y jubilados con ingresos que no alcancen a cubrir la canasta básica de alimentos”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: lunes, 13 de julio de 2009

Por: Horacio Aizpeolea

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/13/elpais/p-01957192.htm