Adri�n Perez

ADRIAN PEREZ
Coalición Cívica

“Desde la Coalición Cívica siempre sostuvimos que era necesario que el Congreso discuta una ley de medios de comunicación que asegurara el acceso a una información plural y libre por parte de la ciudadanía y la libertad de expresión irrestricta de la prensa. El proyecto conspira contra la posibilidad de que el periodismo independiente cumpla plenamente con esa función. Por la discrecionalidad de la autoridad de aplicación y la vigencia de la desregulación de la publicidad oficial, el diseño comunicacional que propone el Ejecutivo invierte la relación entre prensa y poder: crea un marco normativo que le garantiza al gobierno de turno, no al Estado, controlar a la prensa. De allí nuestra oposición y nuestra preocupación. Una vez más el kirchnerismo, en su afán de imponer su voluntad con rapidez, cercenó los tiempos del debate parlamentario a niveles inéditos y la Argentina perdió la oportunidad de tener una política de Estado expresada en una ley de consenso”

Referencia: nata dirio La Nación

Fecha: 18 de septiembre de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1176009

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, se refirió a lo ocurrido en la sesión de diputados que trató la ley de Radiodifusión y su postura respecto a la misma. En este sentido expresó que “la libertad de expresión está garantizada en la medida que haya pluralidad de medios, por lo tanto es razonable que el Estado establezca una regulación que habilite una pluralidad efectiva de voces. Pero otra garantía que tiene que haber es que la prensa tiene que ser independiente, y justamente lo que genera la ley es un espacio de control muy fuerte desde el Gobierno hacia los medios de comunicación”.

 “Este Gobierno tiene vocación hegemónica, vocación de que su voz sea la única escuchada, de no tener críticas del lado de enfrente y en este caso una de las formas de asegurarse de que no haya críticas es establecer un esquema de rígido control sobre los medios mediante una autoridad de aplicación que no es una autoridad de Estado con autonomía, sino que es una autoridad de gobierno”, declaró el diputado Pérez.

 En cuanto a la decisión tomada de retirarse del recinto Pérez dijo “nos quedamos para dejar claro cuál era nuestra posición como bloque. Pero decimos retirarnos para manifestar nuestro absoluto rechazo respecto de la metodología, del avasallamiento

Fecha: 17 de septiembre de 2009

Diferentes sectores de la oposición cuestionaron el artículo de la ley de Radiodifusión impulsado por el Gobierno que permite el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de medios.

Los reclamos se expresaron en una conferencia de prensa conjunta entre el radicalismo, el macrismo y el peronismo disidente, mientras que el socialismo y la Coalición Cívica coincidieron en la crítica al expresar sus posiciones por separado.

Federico Pinedo, el jefe de bloque de Pro, focalizó su discurso en ese punto. “Atrás de este tratamiento existe un gran negocio, con acuerdos entre sectores gubernamentales y privados”, aseguró el macrista, y enumeró una serie de hechos que vinculó con el impulso del proyecto: “Un grupo empresario compró a una cifra ridícula (60 millones de dólares) la mitad de Telecom; el Gobierno, a través de dos organismos que dependen de De Vido y Moreno, les prohibió vender sus acciones a terceros; este año Moreno pretende obligar a los accionistas italianos a abandonar el país y vender todo en un año; y empresarios cercanos al Gobierno manifiestan interés en comprar esas acciones”. Y agregó: “En estas circunstancias la ley permite el acceso de Telecom al mercado de medios”.

La radical Silvana Giúdici, titular de la comisión de Libertad de Expresión, también hizo un cuestionamiento sobre ese artículo: “La ley es un traje a medida para una de las empresas telefónicas”.

Los diputados de la Coalición Cívica, por su lado, incluyeron el reclamo como uno de los puntos centrales de su rechazo al proyecto: “Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y/o proveedoras de servicios públicos en ningún caso podrán brindar contenidos de radiodifusión”. El artículo 23 del proyecto enviado por el Ejecutivo impide que puedan obtener una licencia, pero el artículo 25 establece una excepción para las “personas jurídicas con fines de lucro prestadoras de telecomunicaciones”, con determinadas condiciones. Según Adrián Pérez, el jefe de bloque, la nueva ley “permite el ingreso del Gobierno a través de Telecom para obtener un multimedio”.

En la rueda de prensa del socialismo, en la que el senador Rubén Giustiniani adelantó que los legisladores votarán en contra de la ley, ese punto fue uno de los motivos para argumentar esa postura. “El proyecto es contradictorio con la libertad de expresión y a la medida de las telefónicas. Si se sanciona la ley, en un año desaparecen los cables del interior”, sostuvo Roy Cortina.

Entre los seis pedidos de modificaciones al proyecto por parte del socialismo, figura la “limitación expresa para que las empresas comerciales de servicios públicos y concesionarios del Estado ingresen a la radiodifusión”.

El ex diputado Héctor Polino también cuestionó el controvertido artículo: “No podemos admitir que a las empresas telefónicas les resulte mucho más fácil hacer radio y televisión que a una cooperativa”. La entrada de las empresas telefónicas también generó la resistencia de sectores de centroizquierda aliados del Gobierno.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de septiembre de 2009

Por: Martin Bravo

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/09/12/elpais/p-01997418.htm

Los senadores y diputados nacionales de la Coalición Cívica sostuvieron hoy en conferencia de prensa que “una verdadera ley de radiodifusión de la democracia debe ser producto del consenso de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso nacional logrado a partir de un debate razonable y libre de presiones y disputas particulares”.

El diputado y jefe de Bloque de la CC, Adrián Pérez, aseguró que “creemos imprescindible que se trate una nueva ley de medios pero para sancionarse debe requerir de un amplio consenso y de un debate razonable, algo que el oficialismo ha evitado al apurar el debate y los procedimientos para sacar la ley sin atender los reclamos de la oposición”. En cuanto al proyecto en sí, Pérez señaló que “no garantiza la libertad de prensa y busca controlar los medios, porque la autoridad de aplicación depende del Gobierno de turno, no se regula la asignación de publicidad oficial y el kirchnerismo busca entrar al mercado privado a través de la compra de Telecom”.

A su turno, la senadora de la CC, María Eugenia Estenssoro, sostuvo que “si el objetivo es democratizar la información es necesario abordar los puntos que venimos trabajando y hoy estamos presentando en esta conferencia, está claro que esto no se puede resolver en diez horas de debate como propone el oficialismo”. Y agregó: “es necesario reemplazar la ley de la dictadura pero cualquier ley de la democracia -por si- no es una buena ley, debemos consensuar y llegar a la mejor ley”.

Estenssoro y Pérez repudiaron además el operativo de la AFIP en la sede del diario Clarín: “Los organismos del Estado no pueden ser utilizados como herramientas de intimidación”, dijo el diputado de la CC.

Para los bloques parlamentarios de la Coalición Cívica, la ley de medios de comunicación debe tener en cuenta los siguientes principios:

• La autoridad de Aplicación debe ser un organismo de Estado y no de gobierno, autónomo y autárquico; es decir, no puede depender del Poder Ejecutivo.
• Los medios públicos deberán cumplir con los requisitos de autonomía y autarquía respecto del Poder Ejecutivo y sus directores serán elegidos mediante concursos públicos de antecedentes y oposiciones.
• Las decisiones sobre adjudicaciones y renovaciones de licencias y frecuencias de radio y TV no pueden ser discrecionales sino que deben hacer mediante concursos y audiencias públicas sobre la base de parámetros objetivos.
• Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y/o proveedoras de servicios públicos en ningún caso podrán brindar contenidos de radiodifusión.
• El debate sobre los medios de comunicación actual debe ampliarse e incluir en forma paralela la sanción de una Ley de Medios Públicos, una Ley de Publicidad Oficial y una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Despenalización de delitos por Calumnias e Injurias.´
• La asignación de publicidad oficial deberá regularse y los mecanismos de distribución deberán estar contemplados en el texto de la ley, a los fines de evitar que funciones como un instrumento de disciplinamiento para castigar o premiar a los medios de comunicación.
• La ley de Medios de Comunicación debe garantizar el acceso universal a los servicios de banda ancha de Internet, de modo de cumplir con el objetivo de acceso a la información y el alcance de la convergencia digital.
• Los plazos de adecuación de las licencias actuales a las condiciones que se fijes deben ser más amplios y razonables, de modo de no vulnerar derechos adquiridos.
• En ningún caso se permitirán revisiones periódicas de las licencias otorgadas ni de las reglas para el otorgamiento de las mismas sin acuerdo del Parlamento.
• La Ley deberá evitar la extranjerización del capital invertido en las licencias de radiodifusión, así como la monopolización del mercado audiovisual.
• En ningún caso la ley establecerá control alguno sobre los contenidos que difundan los licenciatarios de medios, ni registros que limiten la producción de esos contenidos.

Fecha: 11 de septiembre de 2009

Legisladores, especialistas en derecho constitucional y expertos en la problemática del lavado de dinero se expresaron ayer en contra de la posibilidad de que la Ley que permite el blanqueo de capitales habilite la inversión de fondos no declarados ante la AFIP y de origen dudoso en la compra de medios de comunicación.

Tal posibilidad quedó explicitada en la resolución general 2609 de la AFIP, que determinó que las personas que busquen “exteriorizar” fondos podrán destinarlos a invertir en “producción televisiva, cinematográfica, editorial, publicitaria, incluyendo las realizadas por cualquier otro medio o soporte audiovisual”. También podrán dedicarlos a “inversiones en la industria cultural.”

Para los críticos de la resolución oficial, detrás de esa normativa aparece la intención del kirchnerismo de avanzar en el control de los medios de comunicación.

El constitucionalista Daniel Sabsay señaló: “Es un exceso reglamentario. Eso debiera salir por una ley y no por una resolución. La Constitución Nacional expresamente establece que la posibilidad de reglamentación de una ley aprobada por el Congreso por parte del Poder Ejecutivo no debe violar el espíritu de la ley, que no puede tener alcance legislativo. Acá se está expidiendo agregando algo que la ley no dice, con lo cual está legislando y es inconstitucional. No es cualquier situación, porque es abrir a esa fuente monetaria un sector o área diferente, no prevista por la ley, pero que además puede afectar seriamente la libertad de expresión y de prensa. Es una reforma por adición. Claramente inconstitucional.”

El diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica) dijo: “Presentamos un proyecto contra esto porque viola un principio que tiene que ver con controlar el origen de los fondos en la compra de medios. Los medios son un actor estratégico de la sociedad. No se puede permitir que entren capitales espurios. La resolución va más allá de la ley. En un escenario en el que aparecen actores vinculados al Gobierno, abre la posibilidad de que se quiera blanquear plata de la corrupción en medios de comunicación. Y eso es algo preocupante.”

Juan Félix Marteau, ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), advirtió: “La nueva reglamentación hizo una trampa. En la discusión parlamentaria nadie tenía claro que cuando se hablaba de servicios se incluía a los medios de comunicación. La trampa de la reglamentación está además en el hecho de que en la misma norma hay una cláusula que permite ahora no depositar el dinero en las cuentas bancarias especiales, que era un argumento del Gobierno para defenderse de la presión internacional. Los bancos locales no quieren abrir cuentas especiales ni nadie quiere ser examinado. Entonces ¿Quién va a controlar al verdadero beneficiario, más en un tema tan sensible como la propiedad de los medios de comunicación?”

Félix Loñ, profesor de derecho constitucional de la UBA, señaló: De la reglamentación se infiere que se podrían utilizar capitales de origen dudoso para invertir en medios, y es conocida la tendencia del Gobierno de comprar, por interpósitas personas, posiciones dominantes en los medios”.

La diputada Patricia Bullrich opinó: “Estamos totalmente en contra e hicimos un proyecto de ley encabezado por la diputada Silvana Giudici planteando la exclusión de la reglamentación de la compra de los medios de difusión. Es una locura tener a los blanqueadores de dinero en los medios.”

El constitucionalista Gregorio Badeni concluyó: “Todo blanqueo de dinero trae aparejado un riesgo de lavado. Si no hay cierta cuota de razonabilidad para determinar de dónde proviene (no hay forma de detectarlo en forma certera, en realidad) el dinero es muy probable que provenga de operaciones ilícitas”.

La diputada Norma Morandini (del bloque Memoria y Democracia) subrayó que “en nombre del blanqueo, en realidad, se sincera el desprecio a la Constitución, ya que la AFIP, de ninguna manera, puede a través de una resolución vulnerar el espíritu de una ley. Esta decisión sincera también lo que desde la Comisión de Libertad de Expresión venimos denunciando: el desprecio a la prensa como valor constitutivo de la democracia y la subestimación de la ciudadanía. Todavía se cree que controlando a los medios se controla la conciencia de los argentinos.

Referencia: nota diario Clarín
Fecha: miércoles, 17 de junio de 2009
Link: http://www.clarin.com/diario/2009/06/17/elpais/p-01940372.htm