Adri�n Perez

La obsesión del matrimonio Kirchner por la postura de los medios de comunicación no es una novedad. La proliferación de medios afines, el avance por Papel Prensa y la pelea contra un sector de los medios, en particular el Grupo Clarín, parece no ser el límite para el Gobierno. Al menos así lo dejó entrever la presidenta Cristina Kirchner, quien ayer subió la apuesta y sugirió que las empresas mediáticas deben ser “nacionalizadas”.

“Pienso si no sería también importante nacionalizar, no estatizar, los medios de comunicación, que adquieran conciencia nacional y defiendan los intereses del país, no los del Gobierno”, declaró.

Como es habitual en los Kirchner, la presidenta aprovechó la inauguración de una planta textil en la localidad bonaerense de Mercedes y subió la apuesta en su enfrentamiento con los medios. A pesar de que trató de matizar sus críticas aclarando que su idea no es “estatizar” los medios, CFK nunca aclaró que quiso decir con “nacionalizar” aunque dejó en claro que al Gobierno no lo conforma la proliferación de los diarios, radios y canales cercanos al oficialismo sino que siguen descontentos con las críticas hacia la gestión K.

Desde ese escenario, rodeada de dirigentes alineados a la Casa Rosada, Cristina replicó: “No seamos más giles, por favor, no seamos más tontos, no dejemos que nos envenenen y que nos mientan”.

La Presidenta intentó argumentar sus propuesta de nacionalizar los medios, y recordó que “taparon, ignoraron y muchas veces fueron cómplices de la política de entrega (en gestiones anteriores), sin decir una sola palabra ni sacar una sola fotografía”.

Con una sesgada lectura sobre lo publicado, CFK se quejó de que los medios hicieron hincapié en el caos de tránsito que generó el acto organizado por el sindicalista Hugo Moyano el viernes pasado. Según la mandataria, la información decía que “no se podía pasar” por Nuñez, cuando “cuatro meses estuvieron cortando rutas (por las retenciones móviles, en 2008) y nadie decía nada, al contrario, impulsaban desde los medios para que se lo haga”.

Varios legisladores de la oposición salieron al cruce de la postura oficial contra los medios.

“Con honestidad brutal, la Presidenta blanqueó el objetivo del oficialismo de cooptar los medios de prensa. No hay que confundirse, en el vocabulario K, nacionalizar es kirchnerizar, como hicieron con Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, AySA y las AFJP”, sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica). Su compañera de bloque, Patricia Bullrich, afirmó que “el concepto de la Presidenta es totalmente contrario a la libertad de prensa, la posibilidad de nacionalizar los medios de comunicación, significaría la búsqueda de un pensamiento único”. El diputado Francisco de Narváez (PJ Federal) sostuvo: “Muy grave, discursos, twitter y hasta la cadena nacional…la principal preocupación de la Presidenta son los medios de comunicación”.

Referencia: nota diario Cronista Comercial

Fecha: 20 de octubre de 2010

Link: http://www.cronista.com/notas/249907-cristina-contra-la-prensa-ahora-propuso-nacionalizar-los-medios

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, cuestionó hoy la idea expresada por Cristina Kirchner de “nacionalizar” los medios de comunicación: “Con honestidad brutal, la Presidenta blanqueó el objetivo del oficialismo de cooptar los medios de prensa. No hay que confundirse, en el vocabulario K, nacionalizar es kirchnerizar, como hicieron con Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, AySA y los fondos de las AFJP.”
 
En tal sentido, agregó: “Es saludable que el testimonio de Cristina Kirchner llegue en momentos en que se debaten varias normas vinculadas a la prensa. Se le cayó la careta de la desmonopolización. El objetivo, como la Coalición Cívica lo viene denunciando desde hace más de un año es controlar la palabra pública y convertirla en propaganda en favor de los intereses del grupo de poder que ella y el ex presidente Néstor Kirchner, lideran dentro del PJ”.

 En el mismo sentido se pronunció la diputada nacional, Elsa Quiroz, quien expresó que “la ambición del kirchnerismo no tiene límites. Ya hemos visto cómo empresarios amigos se han quedado con mercados estratégicos como el de la electricidad y el transporte y, a la vez, desde el Gobierno se apoya la constitución de un monopolio en las telecomunicaciones. Está claro que para el kirchnerismo la regulación es la excusa para la construcción de poder con grupos económicos afines”.

Fecha: 19 de octubre de 2010

Al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no le espera una recepción tranquila, mañana, en la Cámara de Diputados. La oposición ya anticipó que le reclamará explicaciones ante el sugestivo silencio que adoptó el Gobierno por el bloqueo a las plantas impresoras de los diarios Clarín y LA NACION, la semana pasada, lo que obstaculizó su distribución.

La oposición no descarta presentar una declaración conjunta en la que exprese su rechazo al bloqueo y su preocupación por los obstáculos a la libertad de expresión.

Hoy, la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la diputada Silvana Giudici (UCR), recibirá a las autoridades de la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas (Sddra), quienes advertirán sobre las dificultades que les generaron los bloqueos impulsados por el sindicato de Camioneros, que conduce Pablo Moyano.

“El bloqueo a la distribución de los diarios y revistas es un impedimento a la circulación de las ideas y el silencio del Gobierno al respecto implica complicidad”, enfatizó el jefe del bloque del radicalismo, Oscar Aguad. Su par del oficialismo, Agustín Rossi, retrucó: “El Gobierno no permaneció pasivo; se trata de un conflicto gremial y dictó la conciliación obligatoria. Cumplió su función”.

De todas maneras, la oposición insistirá. “Es un conflicto grave y, por esa razón, el jefe de Gabinete debe dar una explicación”, enfatizó el jefe de bloque de Pro, Federico Pinedo. En el mismo sentido se expresó su colega de la Coalición Cívica, Adrián Pérez.

“Los bloqueos impuestos por el sindicato de Camioneros obstaculizan la libertad de expresión, y lo grave es el vínculo entre el jefe de la CGT y el Gobierno”, sostuvo.

Primer informe

El jefe de Gabinete ofrecerá mañana su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados bajo una metodología que su antecesor en el cargo, Sergio Massa, ya estrenó.

Está previsto que haya tres temas centrales sobre los cuales el funcionario debe responder, y la posibilidad de que los diputados formulen repreguntas.

La oposición focalizará sus preguntas sobre la problemática fiscal y productiva. Esto incluirá, entre otras cosas, la inequidad en el reparto de los recursos entre la Nación y las provincias y el conflicto del Gobierno con el sector agropecuario.

Tras escuchar la exposición del jefe de Gabinete, los diputados oficialistas intentarán imponer su mayoría para aprobar dos temas que consideran prioritarios.

El oficialismo pretende apurar antes de fines de este año la sanción de la séptima prórroga consecutiva de la ley de emergencia económica, que le delega al Gobierno superpoderes para renegociar contratos de servicios públicos, entre otras cosas, y también el alza del monotributo, que afectará sobre todo a los contribuyentes de las categorías más bajas.

Claves

• El Gobierno niega pasividad . Para el oficialismo, el Gobierno no fue pasivo ante el conflicto: dictó la conciliación obligatoria.

• Libertad de expresión . Hoy, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja recibirá a la Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas.

• Cuestionamientos . La oposición recibirá mañana en el Congreso al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con severos cuestionamientos por el silencio del Gobierno ante los bloqueos a las plantas impresoras de diarios de parte del sindicato de Camioneros.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 10 de noviembre de 2009

Por: Laura Serra

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1197559

Desde la Coalición Cívica siempre sostuvimos que era necesario que el Congreso discutiera una ley de medios de comunicación, que asegurara el acceso a una información plural y libre por parte de la ciudadanía y la libertad de expresión irrestricta de la prensa. Con esa vocación concurrimos a la discusión en la Cámara de Diputados, pero una vez más el oficialismo frustró la posibilidad de alcanzar consensos amplios como esta ley requería y provocó que el debate se convirtiera en una ficción.

Creemos que en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento, la comunicación es un aspecto central que requiere una regulación del Estado, para evitar la concentración y asegurar la pluralidad de medios a través de disposiciones antimonopólicas. Pero esa regulación también debe dar garantías para que la prensa pueda cumplir con su rol fundamental, que es controlar al poder.

El texto final de la ley invierte ese rol. Debilita el sistema de medios a través de la administración de la pauta oficial por una autoridad de aplicación controlada por el oficialismo, sin reglas ni criterios objetivos, con atribuciones para otorgar licencias y hacerlas caducar, que dependerá del gobierno de turno para ejercer su función con una mínima injerencia de la oposición. Eso es pura discrecionalidad. Por tanto era central que el proyecto garantizase una perfecta autonomía de la autoridad de aplicación respecto del Gobierno. Y eso no se logró, a pesar de que fue un reclamo de todos los sectores que participaron en las audiencias públicas y en los foros regionales en los que algunos, no todos los sectores, pudieron expresarse. Del mismo modo la ley garantiza que los medios públicos se sigan manejando con la misma parcialidad con la que se vienen manejando desde hace años, en los que prevalece la línea editorial oficialista y se restringe la mirada crítica de la oposición. La ley habilita la discrecionalidad y justamente eso es lo que debe evitar cualquier norma que vote el Parlamento. Por eso decimos que esta ley debe ser revisada y corregida por el próximo Congreso. Pero en uso de su probable mayoría a partir del 10 de diciembre, la oposición debe actuar con amplitud y generosidad. Debe garantizar un debate razonable y contribuir a lograr lo que el kirchnerismo frustró: que la Argentina no vuelva a perder otra oportunidad de tener una política de Estado expresada en una ley de consenso.

Adrián Pérez (Coalición Cívica, jefe del bloque de diputados)

Referencia: nota diario El Cronista Comercial

Fecha: 12 de octubre de 2009

Link: www.cronista.com/notas/207103-debe-ser-revisada-y-corregida-el-proximo-congreso

Además de advertir sobre la ola de juicios que podría provocar la nueva Ley de Medios, a horas de haberse promulgado, la oposición ratificó su voluntad de revisar la norma e impulsar modificaciones en sus artículos más polémicos después del 10 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso.El tratamiento express del proyecto oficialista y su imposición sin aceptar modificaciones en el Senado fue parte de la estrategia kirchnerista para hacer valer su peso actual en las Cámaras, lo que fue cuestionado por la oposición y otros sectores que consideraron que la nueva normativa debía ser discutida por el nuevo Congreso.
“En diciembre vamos a ver si la voluntad es derogar completamente la ley o cambiar artículos. Mi opinión es que hay que derogarla”, sostuvo el jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad. Según afirmó, la ley de Medios forma parte de las normas que “afectan la calidad institucional” y deberían ser revisadas, entre las que mencionó la delegación de facultades, los superpoderes y el consejo de la Magistratura.

El diputado Francisco de Narváez, en tanto, recordó que hace un mes, tras reunirse con el vice Julio Cobos, líderes de Unión-PRO, del radicalismo y el cobismo reclamaron postergar el debate sobre la ley hasta el recambio legislativo, y advirtieron que si la norma era aprobada iban a impulsar su revisión. De Narváez ratificó aquella decisión de revisar “todas las leyes” sancionadas desde el 28 de junio, en particular la ley de Medios. “No es una buena ley, lo que intenta es modificar la opinión de las personas a través de condicionar la información”, afirmó.Adrián Perez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, coincidió en que a partir del 10 de diciembre buscarán acuerdos legislativos en temas como el ingreso universal a la niñez, el consejo de la Magistratura, el INDEC, y también la Ley de Medios. “Hay que discutir modificaciones a los temas más críticos y perjudiciales de esta ley, que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno”, señaló Perez.

Por su parte, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, que asumirá una banca en diciembre, advirtió que “el país político quiere una ley de Medios” y opinó que en Diputados “se va a requerir de muchos consensos”. Por ello reclamó “ser realistas e ir por lo posible”, y sostuvo que “hay que volver a plantear la discusión con un dictamen único de la oposición, un acuerdo global sobre artículos que estamos todos convencidos que deben cambiar, como la autoridad de aplicación, el plazo de desinversión y la potestad del Ejecutivo de adjudicar licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes”.La diputada electa Gabriela Michetti (PRO), también confirmó que impulsarán cambios en la ley: “Tiene aspectos que son inconstitucionales y que no le hacen bien a la población, por la libertad de prensa; ni a la industria, porque no favorecen el aggiornamiento permanente. Creemos que desde diciembre vamos a poder cambiar cosas que mejoren esta norma”.

A juicio de De Narváez la discusión se dará en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias de 2010. Pero otros referentes, como Aguad, dijeron que el Congreso podría autoconvocarse a extraordinarias, según un argumento que dijo haber tomado de Cristina Kirchner cuando era senadora.  Frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner haga valer el veto presidencial a eventuales modificaciones, Adrián Pérez dijo que “traería un conflicto de poderes” que no se respetara la voluntad legislativa. Aguad fue más lejos y advirtió que “el desconocimiento sistemático de la voluntad del Congreso constituye un mal desempeño de funciones, lo que podría iniciar un proceso de juicio político.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de octubre de 2009

Foto: Diario Clarín

http://www.clarin.com/diario/2009/10/12/elpais/p-02017162.htm