Adri�n Perez

Si hay déficit y problemas de caja, que no se noten. Ese parece ser el objetivo del Gobierno fijado en uno de los artículos del presupuesto de gastos e ingresos para el año próximo, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana en el recinto.

El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.

Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.

“Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos”, dijo a LA NACION el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires)

Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo”, graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, “este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar”.

Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: “Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011″. Según el economista de la CTA, “el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste”, interpretó.

“Es un disparate”, definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. “Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal”, agregó Pérez.

La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

Oportunidad perdida

La oportunidad existe, pero los gobernadores no están dispuestos a aprovecharla: en efecto, junto con el presupuesto 2010, el Gobierno necesita como el agua la prórroga de una decena de impuestos que vencen a fin de año, entre ellos Ganancias, Bienes Personales y de débitos y créditos bancarios (cheque). La oposición buscará condicionar esa prórroga a que se coparticipe en mayor medida con las provincias la recaudación de esos tributos, sobre todo el de cheque. En el oficialismo sólo se oyeron tibios reclamos, pero no parece dispuesto a hacer causa común a favor de sus provincias.

A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les concederá a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (aunque, de manera deliberada, el Gobierno evitó hacer taxativa esa concesión).

También les otorgó la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y endeudamiento.

Con la colaboración de Laura Serra

2,5%
Crecimiento económico

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Las provincias, cada vez más ahogadas

• Tal como esperaban, el presupuesto 2010 no trae buenas noticias para las ya de por sí golpeadas arcas provinciales. Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. Sin computar los recursos de Seguridad Social, las provincias percibirían (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado, unos $ 264.688 millones.

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 13 de octubre de 2009

Por: Jaime Rosemberg

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1185676

Desde la Coalición Cívica siempre sostuvimos que era necesario que el Congreso discutiera una ley de medios de comunicación, que asegurara el acceso a una información plural y libre por parte de la ciudadanía y la libertad de expresión irrestricta de la prensa. Con esa vocación concurrimos a la discusión en la Cámara de Diputados, pero una vez más el oficialismo frustró la posibilidad de alcanzar consensos amplios como esta ley requería y provocó que el debate se convirtiera en una ficción.

Creemos que en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento, la comunicación es un aspecto central que requiere una regulación del Estado, para evitar la concentración y asegurar la pluralidad de medios a través de disposiciones antimonopólicas. Pero esa regulación también debe dar garantías para que la prensa pueda cumplir con su rol fundamental, que es controlar al poder.

El texto final de la ley invierte ese rol. Debilita el sistema de medios a través de la administración de la pauta oficial por una autoridad de aplicación controlada por el oficialismo, sin reglas ni criterios objetivos, con atribuciones para otorgar licencias y hacerlas caducar, que dependerá del gobierno de turno para ejercer su función con una mínima injerencia de la oposición. Eso es pura discrecionalidad. Por tanto era central que el proyecto garantizase una perfecta autonomía de la autoridad de aplicación respecto del Gobierno. Y eso no se logró, a pesar de que fue un reclamo de todos los sectores que participaron en las audiencias públicas y en los foros regionales en los que algunos, no todos los sectores, pudieron expresarse. Del mismo modo la ley garantiza que los medios públicos se sigan manejando con la misma parcialidad con la que se vienen manejando desde hace años, en los que prevalece la línea editorial oficialista y se restringe la mirada crítica de la oposición. La ley habilita la discrecionalidad y justamente eso es lo que debe evitar cualquier norma que vote el Parlamento. Por eso decimos que esta ley debe ser revisada y corregida por el próximo Congreso. Pero en uso de su probable mayoría a partir del 10 de diciembre, la oposición debe actuar con amplitud y generosidad. Debe garantizar un debate razonable y contribuir a lograr lo que el kirchnerismo frustró: que la Argentina no vuelva a perder otra oportunidad de tener una política de Estado expresada en una ley de consenso.

Adrián Pérez (Coalición Cívica, jefe del bloque de diputados)

Referencia: nota diario El Cronista Comercial

Fecha: 12 de octubre de 2009

Link: www.cronista.com/notas/207103-debe-ser-revisada-y-corregida-el-proximo-congreso

Además de advertir sobre la ola de juicios que podría provocar la nueva Ley de Medios, a horas de haberse promulgado, la oposición ratificó su voluntad de revisar la norma e impulsar modificaciones en sus artículos más polémicos después del 10 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso.El tratamiento express del proyecto oficialista y su imposición sin aceptar modificaciones en el Senado fue parte de la estrategia kirchnerista para hacer valer su peso actual en las Cámaras, lo que fue cuestionado por la oposición y otros sectores que consideraron que la nueva normativa debía ser discutida por el nuevo Congreso.
“En diciembre vamos a ver si la voluntad es derogar completamente la ley o cambiar artículos. Mi opinión es que hay que derogarla”, sostuvo el jefe del bloque de diputados de la UCR, Oscar Aguad. Según afirmó, la ley de Medios forma parte de las normas que “afectan la calidad institucional” y deberían ser revisadas, entre las que mencionó la delegación de facultades, los superpoderes y el consejo de la Magistratura.

El diputado Francisco de Narváez, en tanto, recordó que hace un mes, tras reunirse con el vice Julio Cobos, líderes de Unión-PRO, del radicalismo y el cobismo reclamaron postergar el debate sobre la ley hasta el recambio legislativo, y advirtieron que si la norma era aprobada iban a impulsar su revisión. De Narváez ratificó aquella decisión de revisar “todas las leyes” sancionadas desde el 28 de junio, en particular la ley de Medios. “No es una buena ley, lo que intenta es modificar la opinión de las personas a través de condicionar la información”, afirmó.Adrián Perez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, coincidió en que a partir del 10 de diciembre buscarán acuerdos legislativos en temas como el ingreso universal a la niñez, el consejo de la Magistratura, el INDEC, y también la Ley de Medios. “Hay que discutir modificaciones a los temas más críticos y perjudiciales de esta ley, que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno”, señaló Perez.

Por su parte, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, que asumirá una banca en diciembre, advirtió que “el país político quiere una ley de Medios” y opinó que en Diputados “se va a requerir de muchos consensos”. Por ello reclamó “ser realistas e ir por lo posible”, y sostuvo que “hay que volver a plantear la discusión con un dictamen único de la oposición, un acuerdo global sobre artículos que estamos todos convencidos que deben cambiar, como la autoridad de aplicación, el plazo de desinversión y la potestad del Ejecutivo de adjudicar licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes”.La diputada electa Gabriela Michetti (PRO), también confirmó que impulsarán cambios en la ley: “Tiene aspectos que son inconstitucionales y que no le hacen bien a la población, por la libertad de prensa; ni a la industria, porque no favorecen el aggiornamiento permanente. Creemos que desde diciembre vamos a poder cambiar cosas que mejoren esta norma”.

A juicio de De Narváez la discusión se dará en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias de 2010. Pero otros referentes, como Aguad, dijeron que el Congreso podría autoconvocarse a extraordinarias, según un argumento que dijo haber tomado de Cristina Kirchner cuando era senadora.  Frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner haga valer el veto presidencial a eventuales modificaciones, Adrián Pérez dijo que “traería un conflicto de poderes” que no se respetara la voluntad legislativa. Aguad fue más lejos y advirtió que “el desconocimiento sistemático de la voluntad del Congreso constituye un mal desempeño de funciones, lo que podría iniciar un proceso de juicio político.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de octubre de 2009

Foto: Diario Clarín

http://www.clarin.com/diario/2009/10/12/elpais/p-02017162.htm

Aunque el Gobierno jura y perjura que el año que viene habrá un superávit primario del 2,3% y que después de pagar los servicios de la deuda aún restarán 0,5% del PBI (algo así como 621,5 millones de pesos) desde la oposición aseguran que en el 2010 las cuentas del Gobierno estarán al rojo vivo.

“El déficit financiero será de 15.000 millones de pesos, mientras que el resultado primario será de un punto por debajo del producto”, pronosticó Alfonso Prat Gay en diálogo con Clarín.

El diputado electo por la Coalición Cívica se mostró preocupado por saber “cómo se financiará el Gobierno el año próximo si se tiene en cuenta que no tiene acceso a los mercados de crédito”. Y señaló: “Es posible que vuelva a hacer lo que hizo este año, que se apropió de fondos que no le corresponden del BCRA, tomó dinero del Banco Nación, de la ANSES y el PAMI”.

A su lado, Adrián Pérez, se refirió a los superpoderes y al grado de rigidez del proyecto de que estima los ingresos y los gastos para el año que viene.

“El Presupuesto puede ser una gran ficción, según lo disponga el Jefe de Gabinete”, dijo el presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y precisó que “el problema es que desde la Jefatura de Gabinete se puede disponer sin tener que rendir cuentas del 5% de los fondos, que representan un 30% del total del gasto no rígido de todo el Presupuesto”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 25 de septiembre de 2009

Por: Candelaria de la Sota

Link: www.clarin.com/diario/2009/09/25/elpais/p-02005687.htm

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica criticó hoy el proyecto de ley de presupuesto 2010, porque, según su titular, Adrián Pérez: “El Gobierno persiste en la teoría del derrame, no propone políticas de distribución del ingreso y se desentiende de la lucha contra la pobreza”. En ese sentido, el diputado electo por la CC, Alfonso Prat Gay, señaló: “Este presupuesto ignora la recesión que afecta a los 40 millones de argentinos y agrava la situación al insistir con una política de ajuste, que consiste en aumentar impuesto y tarifas”.

Según Adrián Pérez, “La única política que propone el Gobierno para enfrentar la pobreza es taparla con las mentiras del INDEC”, y alertó sobre “el aumento de la inflación y el deterioro social que trae aparejada la falta de políticas activas de parte del Estado”. Prat Gay coincidió con Pérez al señalar que “El modelo del Gobierno produce 350.000 nuevas familias pobres por año y los programas de asistencia que propone sólo atienden al 20% de esa población”.

A su vez, la diputada Fernanda Reyes cuestionó que en la ley de presupuesto “las exenciones impositivas benefician más a los proyectos de las compañías mineras que a las pequeñas y medianas empresas y advirtió que sólo el 8% de la obra pública presupuestada desde el 2003 fue ejecutada”.

Los diputados electos y en ejercicio del bloque de la Coalición Cívica consideran que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo ignora la profundidad de la recesión que sufre nuestra economía. El Gobierno parte de la premisa de que la economía este año crece, lo que contrasta con lo que viven los trabajadores, los empresarios y los consumidores. Y en su perspectiva 2010 el gobierno confía en que el motor de la recuperación sería la inversión, en momentos en que cunde el desaliento y crece la incertidumbre de quienes tienen que asomar la mirada por sobre el corto plazo.

Al no reconocer la recesión el Poder Ejecutivo siente que está en condiciones de aumentar la presión tributaria (a un récord de 28,3% del PBI). Este freno adicional a la economía obedece en parte al incremento de la presión impositiva y a los tarifazos (implícitos en la disminución de los subsidios en unos $ 5000 millones). Una vez más el kirchnerismo demuestra que de keynesiano no tiene nada.

El presupuesto enviado también confirma que el gobierno sigue ignorando la gravedad de la situación social y sigue confiado en la teoría del derrame. Este país de fantasía del INDEC de los Kirchner esconde que hoy la pobreza está a niveles del 2001 y la distribución del ingreso en los niveles del 2002. Consistente con esa negación, en el presupuesto sólo hay contemplado un aumento del gasto social para el plan anunciado de generar empleos a través de las cooperativas, que en el mejor de los casos llegaría a 80.000 familias, al tiempo que se contempla una reducción de los planes jefes y jefas por una cifra similar, y un incremento del plan familias por unos 70.000 hogares. De todo esto resulta que solo el 20% de los nuevos hogares pobres que genera esta Administración anualmente estarán alcanzados por el gasto social.

Los “pilares del modelo” con los que suele llenarse la boca la presidente siguen entonces incólumes: se privilegia el superávit por sobre lo social y se confía en la teoría del derrame a los que las mentiras del INDEC “avalan”.

¿Por qué en cambio no avanzar con un programa social universal como el Ingreso Ciudadano a la Niñez (INCINI) propuesto por la Coalición Cívica y apoyado por otros sectores de la oposición? Sólo estamos llegando hoy con los planes sociales a un tercio de los excluidos. Con sólo $ 13.000 millones anuales más podemos llegar a 2 millones de familias con $ 500 por mes en promedio. Suficiente para acabar ya con la indigencia.

Fecha: 24 de septiembre de 2009