Adri�n Perez

Álvaro Herrero Para LA NACION
La preocupación por contar con mecanismos de control destinados a prevenir y detectar abusos por parte de los poderes de Estado no es nueva. Poco más de dos siglos atrás, en la etapa preconstitucional de los Estados Unidos, James Madison no ocultaba su inquietud por la tensión existente entre la necesidad de concebir un aparato estatal con suficiente poder como para lograr sus fines con la igualmente imperiosa necesidad de someterlo a algún grado de control. En sus escritos en El Federalista, Madison proponía diseñar artilugios que permitieran cierta injerencia recíproca entre las ramas del gobierno para así evitar acciones desmedidas por parte de cualquiera de ellas, pero sin afectar su autoridad y fortaleza.
El desvelo por el control como factor limitativo del poder no parece haber sido enteramente solucionado en las democracias contemporáneas. Desafortunadamente, la Argentina no escapa a dicho patrón ya que no hemos encontrado aún un equilibrio conveniente entre un Estado con capacidad de ejecución y esquemas efectivos para impedir abusos. Algunos organismos de control en nuestro país parecen haber sido postergados por nuestra clase política. La situación de la Defensoría del Pueblo de la Nación es un buen ejemplo del desinterés reinante.
Con rango constitucional desde la reforma de 1994, la Defensoría tiene como misión la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional frente a actos de la Administración Pública Nacional y de los terceros que gestionen servicios públicos. Sin embargo, pese a su enorme importancia tanto por sus funciones de protección de derechos como de control, el cargo de defensor del Pueblo permanece vacante desde la renuncia de su titular en 2009. Si bien hubo algunos intentos tímidos para cubrir la vacante, la falta de consensos y la prevalencia de concepciones autointeresadas impidieron que los principales partidos políticos llegaran a acuerdos para poner en funciones a un nuevo defensor.
Frente a este panorama, en 2009, un extenso grupo de organizaciones de derechos humanos, sociales, profesionales y gremiales propusimos que la persona a ocupar dicho cargo fuera elegida de manera transparente y participativa, y tuviera una reconocida trayectoria y compromiso en la defensa de derechos. Sin embargo, excepto por la presentación de un proyecto de ley del diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica), la iniciativa no sólo no tuvo eco en el Congreso sino que la Defensoría aún permanece a cargo del Defensor adjunto.
Otros organismos de control padecen similares dolencias. La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, ha perdido notablemente la impronta que tuvo durante sus primeros años de vida. Una situación análoga se percibe hoy en el funcionamiento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que carece del liderazgo y la efectividad que ostentó durante la gestión del ex Fiscal Manuel Garrido. Asimismo, las tensiones en el funcionamiento de la Sigen y en su relación con otros organismos de contralor como la Auditoría General de la Nación (AGN) sugieren algunas falencias y falta de coordinación entre agencias con similares propósitos. Vale recordar que dichas desavenencias llegaron a los estrados judiciales: recientemente la justicia federal en lo contencioso administrativo le ordenó a la Sigen entregar a la AGN una serie de informes que la primera le había denegado. Por otra parte, el acuciante problema de los jueces subrogantes también alimenta las carencias en los mecanismos de control. Datos de 2010 señalan que un 22,6% de los cargos no están cubiertos por un juez designado para esa vacante específica, como lo establece la Constitución Nacional.
Endilgarle la responsabilidad exclusiva por esta preocupante situación sólo al partido de gobierno sería ingenuo. Nuestra clase política toda debe retomar la preocupación madisoniana por las funciones de control en nuestro sistema democrático y poner este tema en el centro de la agenda política.
El autor es director ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles.

Referencia: nota diario La Nación

Por: Álvaro Herrero

Fecha: 16 de mayo de 2011

Link: http://www.lanacion.com.ar/1373662-hay-desinteres-por-vigilar-al-poder

Mientras se calienta el debate por las listas colectoras, la oposición se prepara para impulsar en el Congreso un proyecto que incomoda al Gobierno de cara a las presidenciales de octubre.

Los principales bloques del arco no kirchnerista acordaron ubicar al tope de su lista de prioridades para el año legislativo que comenzará el 1º de marzo la implementación de la boleta única para las elecciones nacionales. El reemplazo por el actual sistema permitirá, aseguran, “terminar con el fraude del Gobierno”, ese fantasma que vuelve a agitarse antes de cada comicio.

El proyecto con el que intentarán avanzar ingresó en la Cámara de Diputados en julio último y está firmado por legisladores de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el socialismo, GEN y Proyecto Sur. Según pudo saber lanacion.com, todos esos bloques acordaron discutirlo en el recinto “lo antes posible”.

“La boleta tradicional es funcional a todas las incorrecciones que el kirchnerismo hizo en estos años para ganar elecciones de manera poco clara como la ley de lemas, las colectoras y las listas espejo”, planteó el diputado de la UCR Oscar Aguad en diálogo con este medio.

Desde la Coalición Cívica, Adrián Pérez, autor del proyecto, apuntó a uno de los puntos fuertes de la iniciativa. “Es una garantía para el ciudadano de que va a poder votar a quien quiera porque todos los candidatos aparecen en el mismo papel. Ya no va a pasar que falten boletas en el cuarto oscuro. Es la mejor manera de terminar con el robo de boletas”, destacó.

El diputado añadió que, además de ser menos costoso porque implicaría imprimir menos papeletas, contribuiría a la “igualdad de condiciones y oportunidades” entre los partidos. “Primero, porque requiere menos fiscales y, segundo, porque la impresión [de las boletas] quedaría en manos del Estado y no de cada partido. Eso ayudaría a eliminar la ventaja abismal de los partidos con grandes aparatos”, enumeró ante la consulta de lanacion.com.

Según Pérez, la boleta única también serviría para poner fin a las listas colectoras. Si se pasara a un sistema de boletas por cargo en lugar de por partido, la mención al candidato a presidente desaparecería de las papeletas para el resto de los cargos (gobernador, senadores, diputados, intendente y concejales).

Para Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), la posibilidad de que la boleta única funcione como “antídoto” contra el efecto arrastre que prometen las colectoras depende de cómo se diseñen. “Habría que asegurarse que los candidatos a presidente y a vice no aparezcan cada vez. Sino, estamos en la misma”, advirtió.

El diputado hizo hincapié en otro beneficio de la boleta única. “Aceleraría mucho el escrutinio. Es mucho más fácil distinguir y contar votos marcados con una cruz que votos dispersos en cientos de boletas”, dijo.

El sistema que pretende imponer la oposición se utiliza ya en buena parte de América latina. Funciona en Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua, Chile, Perú, Panamá y Paraguay. En algunos casos, se complementa con el voto electrónico.

“Deterioro de los partidos”. Desde el kirchnerismo, Alejandro Rossi (Frente para la Victoria-Santa Fe) no sólo planteó reparos. También lanzó duras acusaciones a la oposición. “Si no se acompaña la boleta única con voto electrónico, termina siendo más un aporte a la confusión que a la transparencia”, advirtió en diálogo con lanacion.com.

“No es casual que esto se impulse desde los partidos minoritarios. No saben construir estructuras permanentes y por eso postulan a figuras mediáticas sin partidos atrás. Esconden un plan de deterioro de los partidos tradicionales. Quieren diluir la identidad partidaria”, completó.

El legislador, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las que deberá analizar el proyecto, aludió a lo que ocurrirá en su provincia, Santa Fe, donde la boleta única se usará en las elecciones a gobernador, tanto en las internas de mayo como en las generales de julio.

“La boleta única va a ser una sábana gigante con 80 listas distintas en la que el elector no va a poder identificar al partido que quiere votar. Encontrar una cruz en ese mar de opciones va a ser imposible y meter una cruz con una birome, mucho más fácil que hacer fraude con el sistema anterior”, razonó.

Contra los aparatos. Pino Solanas (Proyecto Sur) rechazó el argumento de su par oficialista. “Lo que quiere el justicialismo es eliminar a todas las demás fuerzas. Todo el sistema electoral es autoritario está pensado para reforzar el bipartidismo y dañar la participación de las minorías”, retrucó en declaraciones a este medio.

Para el diputado, la boleta única es “el primer paso” para terminar con dos cuestiones que afectan particularmente a su partido: el robo de boletas y la falta de fiscales. “Como están dadas las cosas, ganarles a los aparatos es imposible”, concluyó.

También el socialismo comprometió su voto. “Es fundamental para la transparencia electoral y el hecho de que estemos implementándolo en Santa Fe demuestra que, si hay voluntad política, también se puede aplicar a nivel nacional”, afirmó la diputada Mónica Fein (Partido Socialista-Santa Fe).

Referencia: nota diario La Nación on line

Por: Lucrecia Bullrich

Fecha: 10 de febrero de 2011

Link: http://www.lanacion.com.ar/1348826-la-oposicion-busca-impulsar-la-boleta-unica

El vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, calificó hoy de “correcta pero insuficiente” la decisión del Gobierno de elevar las jubilaciones y las asignaciones familiares. “Desde la Coalición Cívica vamos a insistir en el Congreso para subir las jubilaciones mínimas al 82% del salario mínimo y la efectiva universalización del ingreso por hijo”, dijo.

“Evidentemente la presión que desde la oposición vinimos haciendo hizo reaccionar a la Presidenta. Pero no se puede dejar sujeto a la benevolencia del Ejecutivo la seguridad social. Creemos que es el Congreso el que tiene que institucionalizar los beneficios y establecer los mecanismos automáticos de incrementos de los mismos”, señaló Pérez y agregó: “Es urgente el tratamiento por ley de la asignación por hijo, que incluya la efectiva universalización y un esquema automático de incremento”.

El diputado nacional Adrián Pérez y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña y cuestionaron hoy los pliegos para la licitación del contrato de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires al presentar una agenda para la transparencia en la gestión porteña.

“Existe hoy una ley de basura cero en la Ciudad, que es una buena ley, pero que no se ha cumplido. Mañana nos presentaremos en la audiencia pública para cuestionar los pliegos de licitación del contrato de la basura, porque así como está no establece metas claras con sanciones al incumplimiento para los eventuales contratistas del servicio”, cuestionó Adrián Pérez.

En tanto, Graciela Ocaña señaló: “El de la basura es el principal contrato de servicio público de la Ciudad, que tiene implicancia sobre el medio ambiente y las finanzas de la Ciudad. Así como está puede tener consecuencias graves en lo económico y en lo ambiental en la Ciudad”.

Ambos dirigentes destacaron “la importancia de que dirigentes que comparten valores y principios puedan trabajar en conjunto, proyectos comunes para mejorar la gestión de Gobierno y favorecer la transparencia en la administración pública”. Ocaña preside la fundación Confianza Pública y Adrián Pérez el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Social e Institucional (CEDESI)

De la presentación participaron los diputados nacionales Roy Cortina (Partido Socialista), Silvana Giudici (UCR); y Fernando Iglesias y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica). Además se hicieron presentes los legisladores porteños de la CC Fernando Sánchez, Diana Maffía, Sergio Abrevaya y Rocío Sánchez Andía.

Sorpresivamente se hizo presente el ministro porteño de espacio público, Diego Santilli, quien manifestó su interés por escuchar las propuestas.

¿Por que es necesario pensar una agenda de políticas de transparencia?

La corrupción impacta directamente en la calidad de las prestaciones que el Estado local pueda brindar y en las prioridades de una gestión inclusiva y de un Estado bien financiado capaz de lograr más y mejor asignación de recursos. Una gestión transparente tiene el potencial de mejorar la asignación de recursos públicos y reducir las oportunidades para la corrupción y el clientelismo político. La conjunción de ambos factores niega los derechos, manipula el acceso a los bienes públicos y captura a las instituciones, de manera tal de inhibir la rendición de cuentas. Para ello es fundamental implementar reformas institucionales que permitan aumentar los niveles de transparencia –y por lo tanto aplicar las políticas económicas y sociales que generan una sociedad con equidad.

La Ciudad de Buenos Aires que tiene la Constitución mas avanzada del país, no ha generado herramientas que promuevan gestiones gubernamentales transparentes por el simple hecho de que las políticas de transparencia no constituyen una prioridad efectiva de este gobierno.

En ese sentido, la gestión transparente debe ser una política prioritaria del gobierno, deben ser un conjunto de medidas ineludibles para todos los ámbitos de gobierno.  En tal sentido, las fundaciones que conducen Graciela Ocaña y Adrián Pérez elaborarán propuestas para reformar, entre otros aspectos de la vida institucional de la Ciudad:

El contrato del Servicio de Recolección de Residuos en la Ciudad de Bs. As.

Este informe fue realizado por las fundaciones Confianza Pública, el Cedesi y el Instituto GEN.

El principal contrato de servicio público de la Ciudad de Buenos Aires es el de la recolección de residuos sólido e involucra un gasto de alrededor de $ 1.000 millones. Este contrato no sólo tiene consecuencias sobre higiene y limpieza de la Ciudad, sino implicancias sobre el medio ambiente, las finanzas públicas, y la inclusión social. En este contrato, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta con un doble discurso: mientras critica al gobierno nacional por su matriz de negocios para amigos, lo reproduce con los mismos actores.

Estos son los principales cuestionamientos que hace el informe al contrato:

-          Están habilitados para participar de la licitación personas condenadas por delitos de corrupción.

-          Las faltas referidas a daños al medio ambiente son consideradas faltas leves.

-          No incluye control social de la ejecución del contrato.

-          No hay compromiso de las partes de no realizar prácticas corruptas.

-          El plazo para las impugnaciones es demasiado corto.

-          Las adjudicatarias no se comprometen a colaborar con campañas de concientización para el tratamiento inteligente de los residuos.

-          El Gobierno de la Ciudad no se compromete a construir nuevos centros verdes.

-          No hay capacitación para las cooperativas de recuperadores de residuos sólidos.

-          No se establece una cantidad mínima de camiones a utilizar por parte del contratista.

-          Debería eliminarse la previsión por la cual es el Gobierno de la Ciudad el que se hará cargo del costo de adquisición de 20.000 contenedores.

-          Hay obstáculos para nuevos oferentes.

Fecha: 26 de julio de 2010

La oposición dio ayer un paso importante en la Cámara de Diputados en su intento de acotar el poder del Gobierno para manejar los recursos del Estado: aprobó una iniciativa para eliminar los llamados “superpoderes”, como se conoce a la facultad del Poder Ejecutivo para reasignar, sin límites, partidas del presupuesto nacional.

El proyecto, aprobado con 136 votos contra 90, fue apoyado por todos los bloques de la oposición y deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Al mismo tiempo que ratifica que cualquier modificación en el destino de una partida presupuestaria debe ser resuelta por el Poder Legislativo.

La iniciativa establece, además, que el Gobierno no podrá asignar sin acuerdo del Congreso los excedentes de recaudación no previstos al momento de la aprobación del presupuesto ni tampoco usar, sin consentimiento parlamentario, recursos de otras fuentes de financiamiento, como el Banco Central o la Anses.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde en agosto del año pasado se aprobó, por impulso del oficialismo, una iniciativa que fija un tope del 5 por ciento a la reasignación de recursos del presupuesto. Esa propuesta, con la que insistió ayer el kirchnerismo en Diputados y que emula los límites que existen en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se rechazó en la Cámara baja.

“La asignación de recursos es una función ineludible del Congreso de la Nación”, sostuvo Adrián Pérez (Coalición Cívica), autor de uno de los proyectos del que surgió el dictamen opositor. El diputado alineado con Elisa Carrió consideró que la ley de superpoderes había convertido al presupuesto nacional “en una mera ficción”.

Un instante antes, el oficialista Gustavo Marconato había argumentado que, desde 2004, el Poder Ejecutivo nunca había reasignado partidas por un monto superior al 5 por ciento del presupuesto. “Con esto vemos la prudencia y la responsabilidad que se tuvo en el uso de este instrumento”, sostuvo.

El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur), autor de otros de los proyectos del que surgió la iniciativa opositora, explicó que el dictamen del oficialismo no resolvía el problema, dado que la mayor parte de la asignación de partidas hechas por el Gobierno se había canalizado por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), con los que se destinaron excedentes de recaudación, que eran producto de una maniobra premeditada de subestimación de ingresos.

Entre 2003 y 2009, el Gobierno reasignó partidas por 148.946 millones de pesos, el equivalente al 20 por ciento del total de los presupuestos de esos años, sin el consentimiento previo del Congreso. De ese monto, $ 103.000 millones, el 70 por ciento, corresponden a excedentes presupuestarios redestinados a través del dictado de decretos de necesidad y urgencia.

“Argumentan que los gobiernos anteriores usaron esta facultad. Es cierto. Y así estamos. Este gobierno dice que los gobiernos anteriores son un horror. Si son un horror, ¿por qué se siguen usando las mismas herramientas? Con un discurso contrario, este gobierno ha repetido la historia”, sostuvo Oscar Aguad, jefe del bloque radical, al cuestionar al oficialismo.

Le respondió el presidente de la bancada del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi.

Razonable

“Todos sabemos que el límite del 5 por ciento es absolutamente razonable. Si hemos verificado que la facultad que se le dio al Poder Ejecutivo fue utilizada razonablemente, para reasignar gastos hacia áreas sociales, quitarle esa facultad sería un error”, afirmó. “Cuando hay que reasignar excedentes de recaudación, el Gobierno tiene dos instrumentos: una ley o un DNU. El Gobierno seguirá usando esos dos instrumentos”, sostuvo.

Si bien destacaron el logro político de haber dado media sanción a la iniciativa, en la oposición reconocían ayer que, incluso si el Senado convirtiera en ley el proyecto aprobado ayer, el Gobierno seguiría teniendo un camino para reasignar excedentes de recaudación, por medio de los polémicos decretos presidenciales.

Como hasta la actualidad, esos eventuales decretos deberían superar después el filtro del Congreso. En la oposición explicaban que, en ese caso hipotético, tendrían un argumento cantado para rechazar los DNU.

A su turno, el diputado de Pro Federico Pinedo destacó que con el proyecto de ley aprobado “se cumple con el compromiso de recuperar las facultades propias del Congreso”. Inmediatamente aseguró: “Le devolvimos la dignidad a las provincias postergadas del país”.

Todo dependerá, como hasta ahora, de quién tenga la mayoría en el Parlamento. En el Senado no hay un escenario muy favorable para la oposición (ver aparte).

PUNTOS CENTRALES DEL PROYECTO DE LEY

• Obligatoriedad Cualquier reasignación del presupuesto nacional que afecte su monto total, el pago de deuda o la suba de gastos corrientes en detrimento de gastos de capital, deberá ser previamente aprobada por el Congreso. Este es un requisito obligatorio que impone el proyecto de ley.

• Reasignaciones El Poder Ejecutivo no podrá reasignar, sin aval del Congreso, los recursos extrapresupuestarios, ya sean provenientes de la recaudación tributaria, de la Administración Nacional de Seguridad Social o de cualquier otra fuente de financiamiento del Tesoro nacional.

• Eliminación El proyecto ayer aprobado deja sin efecto la reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera, por la que en 2006 se había hecho permanente una facultad a la que los gobiernos acudían desde 1999. Y ratifica que cualquier modificación debe ser resuelta por el Congreso.

• Uso discrecional . Desde 2003 hasta 2009, el Gobierno manejó por medio de los “superpoderes” que tiene el jefe de Gabinete más de 148.000 millones de pesos. El 70 por ciento de esa redistribución de partidas la hizo el Poder Ejecutivo por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 24 de junio de 2010

Por: Gabriel Sued

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1278150