En tal sentido, el legislador de la CC señaló: “No hay reclamo gremial o social por más justo que sea que esté por encima del derecho a la libertad de expresión. Se trata del pilar central de la vida en democracia y no existe sindicato, partido político o Gobierno que pueda cercenarla. Esto, que es una obviedad, parece que no lo entienden ni Cristina Kirchner, ni Hugo Moyano, ni Nilda Garré, que muestran el mismo desprecio por la Constitución Nacional”.

“El Gobierno, con la inacción garantiza impunidad para quienes bloquean las plantas de los diarios y a través de los medios oficiales fomenta este tipo de acciones. Que sean camioneros de Moyano y que ahora el gobierno intente despegarse de ellos no invalida la responsabilidad política e institucional del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley”, concluyó Pérez.

El compañero de fórmula de Elisa Carrió, señaló que “La disputa de poder entre la CGT y el gobierno nacional pone al país en riesgo institucional, porque Moyano extorsiona para conseguir impunidad”, pero señaló que “de continuarse con las investigaciones en curso, no dudamos en que Moyano tarde o temprano será procesado por la Justicia”. En ese sentido Pérez manifestó: “La principal preocupación que tenemos es que la extorsión de Moyano dé resultados y el Gobierno nacional intente ejercer influencias en la Justicia para exculparlo, porque está claro que hoy por hoy, el kirchnerismo no conduce políticamente a los sindicatos”.

En esa línea, el diputado de la CC planteó: “La Coalición Cívica quiere un gremialismo fuerte, que defienda a los trabajadores, pero está dispuesta a hacer todo lo posible para desarmar el unicato sindical extorsivo y mafioso que expresa el modelo actual con la CGT a la cabeza. Con convicción política, en caso de acceder al Gobierno haremos cumplir el anhelo de libertad sindical e impulsaremos una ley de transparencia a la que se deberán acoger todos los sindicatos, con control de gestión y del patrimonio de sus titulares”.

En tal sentido, el legislador de la CC señaló: “Durante la gestión de los Kirchner se transfirieron millones de pesos a través de fondos fiduciarios administrados por el sindicato de Camioneros, como el Refop, y muchos millones más a las obras sociales. Sobre esos fondos no se practicaron los controles necesarios y se utilizaron con discrecionalidad”. “El escándalo de la mafia de los medicamentos salpica prácticamente a todas las obras sociales y tiene vinculaciones con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Estas denuncias son muy serias y en numerosas ocasiones pedimos a la Justicia local que investigue el presunto enriquecimiento ilícito de los involucrados”, recordó Pérez, y concluyó: “Esperamos que esta vez se pueda echar luz sobre lo que realmente sucedió con todas estas causas”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica y denunciante ante la Justicia Federal del caso Skanska, Adrián Pérez, consideró hoy que el fallo del juez Norberto Oyarbide que dictó el procesamiento de los funcionarios públicos Fulvio Madaro, Néstor Ulloa y de directivos de la empresa sueca “corrobora lo que dijimos cuando presentamos la denuncia. En Skanska hubo cartelización, sobreprecios y coimas”, y pidió además que la causa avance “sobre el responsable máximo de la operación, que es el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido”.

“Con el fallo de Oyarbide, quedó claro que el Gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner mintió cuando dijo que el caso Skanska era un asunto de corrupción entre privados. El procesamiento de Ulloa y Madaro demuestra el grado de involucramiento de funcionarios públicos, que nosotros señalamos incluye a la máxima jerarquía del Ministerio de Planificación”, señaló Pérez, y agregó: “Skanska es el modelo de cómo se maneja la obra pública en la Argentina: licitaciones direccionadas a determinadas empresas, sobreprecios en la estimación de costos y retornos para los funcionarios intervinientes”.

“En la causa Skanska existen documentos que prueban que la empresa que organizó la licitación a pedido del Ministerio de Planificación, informó a los funcionarios de esa cartera de los sobreprecios existentes y a pesar de ello, recibió la orden de proceder con la adjudicación. Esos documentos son concluyentes para demostrar la participación activa de Planificación en el caso”, indicó el diputado de la CC.

Fecha: 17 de diciembre de 2010

“La modificación del kirchnerismo le daba poder de veto al oficialismo de turno y esto conspiró contra la independencia del poder judicial. El nuevo Consejo será ágil y equilibrado, lo que redundará en un mejor servicio de Justicia para la ciudadanía”, enfatizó el legislador de la Coalición Cívica.

“Es muy importante que se haya logrado un amplio consenso entre las fuerzas de la oposición para obtener este dictamen de mayoría”, dijo Pérez, que,  destacó, “quitará discrecionalidad en la designación de jueces, al reducir la influencia del ítem evaluación de antecedentes de un 50 a un 33 por ciento y reduce la caducidad de las denuncias de tres a un año, modificando una situación que podía servir para presionar a los jueces”.

Fecha: 8 de junio de 2010

En su dictamen, la Cámara solicitó que la distribución del dinero sea basada en el “principio básico de igualdad”. Y le dio pie al ARI para que vuelva a fundamentar el pedido de 400 mil pesos que hizo el año pasado al Gobierno, al que intimó a pronunciarse debidamente sobre el mismo, que antes había sido denegado.

Por su lado, el director nacional Electoral, Alejandro Tullio, salió al cruce de la denuncia y negó que exista discrecionalidad en el manejo de los fondos electorales. Argumentó que la presentación de la agrupación era “un disparate” y que “nada” tenía que ver con la campaña electoral, sino con la realización de un congreso partidario en el 2008.

Con su fallo, la Cámara revocó el aval que en primera instancia le había dado la jueza electoral María Servini de Cubría a la postura de la Casa Rosada. La Cámara que avaló el pedido opositor es la misma que días atrás habilitó las candidaturas a diputado del ex presidente Néstor Kirchner, del gobernador bonaerense Daniel Scioli y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que habían impugnado las fuerzas que integran el Acuerdo Cívico.

La decisión fue celebrada por la dirigencia del frente que integran la Coalición Cívica y la UCR, durante una conferencia de prensa que dieron ayer en el Instituto Hanna Arendt -sede del ARI-, la jefa de campaña, Patricia Bullrich y el titular del radicalismo porteño, Carlos Mas Vélez. Allí también se reiteraron advertencias sobre presuntas maniobras para manipular encuestas (ver Suben…)

Según la denuncia que había presentado el apoderado del ARI, el diputado Adrián Pérez, el Ministerio del Interior asignó como aporte extraordinario $ 1.140.000 al PJ en el 2008, contra $ 100.000 que recibió el ARI, 300 mil menos de lo que había solicitado. Aunque la sentencia no obliga al Estado a darle el dinero denegado, permite al ARI insistir con el pedido. Además, obliga al partido y al Gobierno a justificar su respuesta.

“El ejercicio de facultades discrecionales no exime a la autoridad estatal de observar el principio de razonabilidad”, señala el tribunal. Y concluye que “no es posible descartar un tratamiento desigual verdaderamente injustificado”.

En tanto, Tullio explicó que en la asignación de fondos se tiene en cuenta la cantidad de afiliados a cada partido.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: Sábado, 6 de junio de 2009

Por: natasha Niebieskikwiat

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/06/06/elpais/p-01933973.htm

El uso que hace Néstor Kirchner de la flota presidencial y de otros bienes del Estado con fines partidarios ya acumula tres denuncias en la Justicia.

A la acusación hecha anteayer por el abogado Ricardo Monner Sans, ayer se sumaron otras dos presentaciones, de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Una fue tramitada ante la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Julio Vitobello; la otra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido.

Allí, los legisladores pidieron que se investigue al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por “malversación de fondos públicos y peculado”.

Anteayer, LA NACION había revelado que Kirchner viajó a un acto del Partido Justicialista en Jujuy en el avión presidencial Tango 10, que utilizó helicópteros oficiales en dos de sus tres últimos actos en el conurbano (filmados por La Corte, una productora contratada por el Gobierno) y que hubo asistencia allí de personal de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada.

Los diputados cuestionaron en la presentación “las intenciones electorales” del líder peronista. “Asistimos al desvío de recursos del Estado en beneficio de un partido para posicionar sus candidatos. Es una clara forma de corrupción que amerita una profunda investigación”, expresaron en el texto de la denuncia.

Acusaron a Randazzo y, sobre todo, a Parrilli, por ser los funcionarios encargados de “autorizar” los viajes de la flota presidencial y preparar la logística de los viajes.

“En el Gobierno la malversación es constante -cuestionó Sánchez ayer, en diálogo con LA NACION-. Desvían fondos para el enriquecimiento personal y para hacer política partidaria. Su forma de obtener dinero es defraudando al Estado. Están violando las leyes básicas de la contienda democrática.”

Para los denunciantes, la única asistencia del Estado autorizada para el líder peronista en un acto partidario es la seguridad.

“El resto no es justificable. La Justicia debería exigir los gastos públicos extras que hubo en cada acto y castigar a los responsables”, dijo Sánchez. Las penas por malversación de fondos son de un mes a tres años de prisión.

El fiscal Garrido ayer derivó la denuncia de los legisladores al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La razón: allí el abogado Monner Sans había hecho su denuncia por los mismos hechos; acusaba al jefe del PJ de “uso indebido de bienes públicos”.

En el Congreso, legisladores de la oposición ayer consensuaron el detalle de las explicaciones que exigirán a partir del 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones.

El diputado de Pro Luis Galvalisi adelantó que hará un pedido oficial para que el Gobierno informe “en carácter de qué” viaja el ex presidente en la flota presidencial, que se “detallen los montos asignados y funcionarios autorizantes” y si “los gastos fueron asignados a las cuentas del gobierno nacional”.

Referencia: nota dirio La Nación

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1101949

Legisladores y asesores jurídicos de la Coalición Cívica, el macrismo y el peronismo disidente avanzaron ayer en la elaboración de la denuncia, que apuntará a demostrar la invalidez del capítulo del paquete anticrisis referido a la repatriación de capitales, por considerar que obtuvo un voto menos del requerido para su aprobación en particular. También Claudio Lozano, de la CTA, hará una presentación por su cuenta. Aunque coinciden en cuestionar la votación, por ahora la UCR y el cobismo analizan si corresponde llevar el caso a la Justicia.

Los cuestionamientos se basan en que el proyecto modifica las alícuotas de la coparticipación tributaria con las provincias y de acuerdo a la Constitución para su aprobación se requiere la mayoría absoluta del cuerpo. Es decir 129 votos. Los K con sus aliados llegaron a 128. En la votación en general de la ley (que incluye una moratoria impositiva y el blanqueo de personal), habían llegado a 131.

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió salió ayer a avalar la postura opositora y dijo que la ley “es inconstitucional, sucia, escandalosa, inmoral y está viciada de nulidad”.

Sobre la discordia en torno a la necesidad o no de mayorías especiales sostuvo que “el capítulo específico del blanqueo requiere 129 votos, porque en realidad exime de impuestos. Cuando se blanquean capitales, se exime de impuestos y en la medida que se exime se tocan impuestos y asignaciones específicas y se necesita una mayoría de la Cámara”.

Mientras tanto, el oficialismo apura la marcha para tratar de sancionar la ley -que incluye una amplia moratoria impositiva y el blanqueo de personal, el próximo jueves en el Senado, luego de darle ayer dictamen favorable en comisión.

Para reforzar la estrategia de los legisladores propios, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó ayer que “no se necesitaban mayorías especiales porque esta ley no afecta el reparto de la coparticipación”. El artículo 75 de la Constitución señala, en su inciso tercero, que se requiere de la mitad más uno de los miembros de las cámaras para “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables”.

Por su lado, el socialista K Ariel Basteiro, que votó a favor del paquete pero rechazó el capítulo del blanqueo, aseguró que la actitud de la oposición “atenta contra el propio Congreso, porque abre la puerta para que otro poder, como el judicial, pueda intervenir ante cualquier votación”.

Referencia: nota diario Clarín.
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2008
Por: Marcelo Helfgot
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/12/13/elpais/p-01821268.htm