Adri�n Perez

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, repudió hoy el bloqueo a las plantas de impresión de Clarín y La Nación y declaró: “El Gobierno nacional instiga y avala a los que impiden la circulación de diarios, porque no hace cumplir los fallos judiciales que ordenan garantizar la libre circulación de los medios de prensa y desde sus medios adictos festeja la violación de la Ley. El Ejecutivo y en particular el Ministerio de Seguridad tienen la obligación de hacer respetar a la Justicia y a la Constitución Nacional que es muy clara respecto del derecho a la libre expresión”.

En tal sentido, el legislador de la CC señaló: “No hay reclamo gremial o social por más justo que sea que esté por encima del derecho a la libertad de expresión. Se trata del pilar central de la vida en democracia y no existe sindicato, partido político o Gobierno que pueda cercenarla. Esto, que es una obviedad, parece que no lo entienden ni Cristina Kirchner, ni Hugo Moyano, ni Nilda Garré, que muestran el mismo desprecio por la Constitución Nacional”.

“El Gobierno, con la inacción garantiza impunidad para quienes bloquean las plantas de los diarios y a través de los medios oficiales fomenta este tipo de acciones. Que sean camioneros de Moyano y que ahora el gobierno intente despegarse de ellos no invalida la responsabilidad política e institucional del Gobierno nacional de hacer cumplir la ley”, concluyó Pérez.

El diputado nacional y candidato a vicepresidente por la Coalición Cívica, Adrián Pérez responsabilizó hoy al Gobierno nacional por el poder acumulado por el jefe de la CGT: “Los kirchner engordaron a Moyano y ahora no pueden meterlo a régimen”, graficó. “El Gobierno le otorgó beneficios económicos y políticos a Moyano, le permitió ejecutar subsidios y un fondo fiduciario sin control y le otorgó la vicepresidencia del PJ bonaerense a cambio de que los sindicatos le manejaran la calle y ahora ese poder acumulado se le vuelve en contra”, explicó, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, junto con el intendente, Mario Barletta. Pérez llegó a la capital provincial para respaldar el acuerdo entre la Coalición Cívica y la UCR locales en las internas abiertas del Frente Progresista, que lleva al propio Barletta como candidato a gobernador y al diputado nacional de la CC, Carlos Comi, como vice.

El compañero de fórmula de Elisa Carrió, señaló que “La disputa de poder entre la CGT y el gobierno nacional pone al país en riesgo institucional, porque Moyano extorsiona para conseguir impunidad”, pero señaló que “de continuarse con las investigaciones en curso, no dudamos en que Moyano tarde o temprano será procesado por la Justicia”. En ese sentido Pérez manifestó: “La principal preocupación que tenemos es que la extorsión de Moyano dé resultados y el Gobierno nacional intente ejercer influencias en la Justicia para exculparlo, porque está claro que hoy por hoy, el kirchnerismo no conduce políticamente a los sindicatos”.

En esa línea, el diputado de la CC planteó: “La Coalición Cívica quiere un gremialismo fuerte, que defienda a los trabajadores, pero está dispuesta a hacer todo lo posible para desarmar el unicato sindical extorsivo y mafioso que expresa el modelo actual con la CGT a la cabeza. Con convicción política, en caso de acceder al Gobierno haremos cumplir el anhelo de libertad sindical e impulsaremos una ley de transparencia a la que se deberán acoger todos los sindicatos, con control de gestión y del patrimonio de sus titulares”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, recordó hoy que desde la CC “Nunca tuvimos dudas de que Moyano forma parte de la red de dirigentes y empresarios inescrupulosos que fueron beneficiados por su cercanía con el Gobierno nacional y por el vaciamiento de los organismos de control” y agregó: “Lamentamos que la Justicia argentina no haya avanzado lo suficiente sobre las causas judiciales en las que está involucrado y que tenga que venir un fiscal de otro país a investigar lo que no fue auditado aquí”.

En tal sentido, el legislador de la CC señaló: “Durante la gestión de los Kirchner se transfirieron millones de pesos a través de fondos fiduciarios administrados por el sindicato de Camioneros, como el Refop, y muchos millones más a las obras sociales. Sobre esos fondos no se practicaron los controles necesarios y se utilizaron con discrecionalidad”. “El escándalo de la mafia de los medicamentos salpica prácticamente a todas las obras sociales y tiene vinculaciones con el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Estas denuncias son muy serias y en numerosas ocasiones pedimos a la Justicia local que investigue el presunto enriquecimiento ilícito de los involucrados”, recordó Pérez, y concluyó: “Esperamos que esta vez se pueda echar luz sobre lo que realmente sucedió con todas estas causas”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica y denunciante ante la Justicia Federal del caso Skanska, Adrián Pérez, consideró hoy que el fallo del juez Norberto Oyarbide que dictó el procesamiento de los funcionarios públicos Fulvio Madaro, Néstor Ulloa y de directivos de la empresa sueca “corrobora lo que dijimos cuando presentamos la denuncia. En Skanska hubo cartelización, sobreprecios y coimas”, y pidió además que la causa avance “sobre el responsable máximo de la operación, que es el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido”.

“Con el fallo de Oyarbide, quedó claro que el Gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner mintió cuando dijo que el caso Skanska era un asunto de corrupción entre privados. El procesamiento de Ulloa y Madaro demuestra el grado de involucramiento de funcionarios públicos, que nosotros señalamos incluye a la máxima jerarquía del Ministerio de Planificación”, señaló Pérez, y agregó: “Skanska es el modelo de cómo se maneja la obra pública en la Argentina: licitaciones direccionadas a determinadas empresas, sobreprecios en la estimación de costos y retornos para los funcionarios intervinientes”.

“En la causa Skanska existen documentos que prueban que la empresa que organizó la licitación a pedido del Ministerio de Planificación, informó a los funcionarios de esa cartera de los sobreprecios existentes y a pesar de ello, recibió la orden de proceder con la adjudicación. Esos documentos son concluyentes para demostrar la participación activa de Planificación en el caso”, indicó el diputado de la CC.

Fecha: 17 de diciembre de 2010