La palabra consenso volvió a emerger ayer en las filas de la oposición como condición para que se pueda avanzar con el plan de ayuda social que estudia el kirchnerismo para las familias pobres. Un día después de entrevistarse con el presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, los líderes de la UCR y de la Coalición Cívica comenzaron la rueda de diálogo con el Partido Socialista para coordinar una propuesta común y el PRO y Unión-PRO, de Mauricio Macri y Francisco de Narváez, dijeron que la pobreza reclama un “debate urgente” para el que hay que buscar “consenso” en el Congreso.

Los diputados radicales y de la CC insistieron en proponer una asignación por hijo de $200 por mes y que los planes sean universales. Es decir, para hijos de padres desocupados, pero también para quienes gozan de buen empleo. Así lo expresaron en una conferencia los presidentes de bloques Oscar Aguad (UCR) y Adrián Pérez (CC). En la mesa también estuvo, y esta fue la novedad, la socialista Silvia Ausburguer, quien dijo que el plan “tiene que salir por consenso y tiene que ser universal”.

La foto fue un anticipo del cónclave que el martes próximo, en el Comité de la UCR, mantendrán los líderes partidarios: Gerardo Morales, Elisa Carrió y el presidente del PS, Rubén Giustiniani, quien se encuentra en el exterior. Los dos primeros estuvieron anteayer en el Episcopado y condicionaron su apoyo a la propuesta del oficialismo: dijeron que si el plan se limita a los pobres “el kirchnerismo va a multiplicar el clientelismo y los va a tomar de rehenes”.

En sintonía con las frases de Carrió del día anterior, Aguad comentó: “Queremos que todos los chicos tengan un mismo ingreso como un derecho a la ciudadanía. No estamos de acuerdo con las políticas focalizadas, queremos romper con esa esquema clientelar”. La focalización de la ayuda es la principal consigna del Gobierno.

Con De Narváez a la cabeza, diputados electos y en funciones del macrismo y Unión-PRO se reunieron ayer para avanzar en un proyecto para combatir la pobreza y la exclusión. “Sin duda, el debate por la niñez y la pobreza es el más urgente. Es necesario avanzar cuanto antes en la búsqueda de consensos para sancionar la mejor ley”, manifestó De Narváez, quien había planteado este tema ya en la campaña.

“Queremos unificar todos los programas sociales existentes, garantizando a las familias beneficiarias la percepción de iguales o mejores prestaciones -agregó De Narváez-. Proponemos una asignación de carácter mensual equivalente al 50% del valor de una ‘canasta básica’, en función de la composición del grupo familiar. Es una propuesta similar al programa ‘Bolsa Familia’ de Brasil”.

El gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, abordó el plan de ayuda social que impulsa el oficialismo con una crítica puntual a la administración K: “Yo creo que ahora hay más desigualdad que antes del kirchnerismo”.

Binner mostró cierta simpatía por la propuesta difundida el martes por la Iglesia Católica. “El planteo de la Iglesia lo conocemos hace mucho tiempo”, señaló para recordar el trabajo que, en 2001, en plena crisis económica y política, se hizo a través de la Conferencia Episcopal. Binner era entonces intendente de Rosario.

“Este es un tema que desde la política nunca se ha hablado mucho. Siempre se lo ha abordado desde el exitismo, como por ejemplo cuando se corta cintas. Con la pobreza no se corta ninguna cinta. Hay que avanzar sobre la igualdad de oportunidades”, sentenció.

Referencia: nota diario Clarin

Fecha: 22 de octubre de 2009

Por: Santiago Fioriti

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/10/22/elpais/p-02023982.htm

Prometió convocar a un plenario de las comisiones de Trabajo, Salud y Familia para tratar los diferentes proyectos presentados en torno a una asignación universal por hijo. Sin embargo, la ley de medios concentró toda la atención y las iniciativas para reducir la pobreza quedaron relegadas.

“Espero que Rossi cumpla con la palabra de apurar el debate para ampliar la cobertura social. Vamos a pedir su inclusión en la discusión del Presupuesto o que sea tratado en forma paralela”, aseguró Carlos Raimundi, de Solidaridad e Igualdad, uno de los diputados de la centroizquierda de mejor diálogo con el kirchnerismo. Y avisó que si la demora se mantiene, impulsará una sesión especial.

Por los despachos de oficialistas influyentes circula una carpeta con datos para comenzar la discusión. “Los menores de 18 años son 12.400.000. La mitad son hijos de trabajadores con cobertura. Del resto, 60% reciben diferentes planes sociales. Quedan 2.664.226 sin asistencia”, plantea.

Pero hasta el momento sólo hubo reuniones entre asesores y ninguna convocatoria formal a las comisiones. Es más: en el Presupuesto 2010 no se incluyeron partidas para ese fin y, por caso, se mantiene la exención impositiva a la renta financiera, cuya eliminación era la llave para conseguir fondos a la que pensaban echar mano quienes promueven los proyectos contra la pobreza.

Ni siquiera avanzó el proyecto del oficialista Héctor Recalde para extender a los trabajadores no registrados la asignación por hijo que otorga la Anses (135 pesos). Aunque el bloque K no descarta colocarlo en agenda próximamente. La oposición lo considera “impracticable”, porque los empleados “en negro” deberían denunciar a sus patrones. Para colmo, el plan Recalde costaría casi 7 mil millones de pesos y lo financiarían los propios empresarios.

Por distintas vías, tanto la Coalición Cívica como Proyecto Sur y el Socialismo impulsan una asignación universal por hijo, entre otros argumentos para evitar el clientelismo político. “El oficialismo pretende mantener la receta para que los intendentes y punteros del conurbano sean los intermediarios”, acusó Adrián Pérez, jefe de bloque de la CC. Su fuerza aspira a una asignación de 200 pesos por hijo. Cuesta 25.000 millones por año.

Para Claudio Lozano, de Proyecto Sur, otorgar 135 pesos por chico cuesta 21.500 millones. “Si se destinan 41.000 millones a subsidiar grandes empresas, no se trata de falta de recursos sino de un problema de prioridades”, aseguró. Hasta Cecilia Merchán y Victoria Donda, de Libres del Sur y firmes aliadas K, reclaman que el oficialismo cumpla su compromiso de debatir sobre la pobreza.

Referencia: nota diario Clarín

Por: Martín Bravo

Fecha: 21 de septiembre de 2009

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/09/21/elpais/p-02002836.htm

Con Elisa Carrió contenida para no hacer declaraciones, unos 20 diputados y senadores en actividad y electos de la Coalición Cívica presentaron su propia agenda parlamentaria. En un intento de mostrar iniciativa y diferenciarse de sus socios electorales del Acuerdo Cívico y del otro sector opositor fuerte, la alianza Unión-PRO, Adrián Pérez –jefe del bloque de Diputados- enumeró las propuestas y criticó al Gobierno por “vaciar el Congreso”.En su reaparición después de casi dos semanas de repliegue público, Carrió prácticamente no habló durante la rueda de prensa. “Qué aguante que tuve, soy políticamente correcta”, se limitó a comentar.Las palabras corrieron por cuenta de Pérez. “Esperamos que el Congreso funcione antes del 10 de agosto. La sociedad fortaleció el Parlamento al darle mayor poder de decisión a la oposición y el oficialismo tiene la estrategia de vaciarlo”, arremetió, crítico con el llamado al diálogo de la Presidenta y el cambio de lugar de reunión de los diputados de la Comisión de Salud con el titular de la cartera, Juan Manzur. “Que los ministros vengan aquí, como en cualquier país serio”, agregó.

Rodeado por Carrió, María Eugenia Estenssoro, Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay, Fernando Iglesias y Elsa Quiroz, entre otros, Pérez expuso las propuestas de la Coalición Cívica con la de ingreso ciudadano a la niñez como primera medida. “La pobreza es altísima, un 34%, y ésa es nuestra principal preocupación”, diferenció del resto de los sectores opositores.Hasta los comicios del 28 de junio, la fuerza de Carrió coincidió con la UCR, el socialismo y el PRO en una estrategia parlamentaria. Tras la derrota del oficialismo comenzaron las diferencias para posicionarse con miras a la sucesión del kirchnerismo. En la Coalición cayó mal la foto de Julio Cobos con los caudillos radicales llevándole una agenda legislativa que, según soltaron con bronca, había sido acordada en conjunto.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2009

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/15/elpais/p-01958861.htm

La Iglesia Católica, a través de monseñor Jorge Casaretto, ubicó en “cerca del 40%” el nivel de pobreza actual en el país. “Volvió a crecer a partir de la segunda mitad de 2007″, dijo a Clarín, en una entrevista publicada ayer, y reclamó que se incluya el combate a la pobreza en el llamado al diálogo que hizo la presidenta Cristina Fernández el pasado 9 de julio. Según publicó el INDEC, en el segundo semestre de 2008, la pobreza afectaba al 15,3% de la población.

Adrián Pérez, jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, ya adelantó que antes que avanzar en una reforma política (el otro eje planteado por la presidenta) se debe abordar con urgencia el combate contra la pobreza. “Manejamos datos que superan claramente el 30%”, dijo Pérez, e insistió con el proyecto de instrumentar una asignación universal por hijo. “Hablamos de unos 200 pesos por hijo que recibiría la madre, con la contraprestación de que los chicos estén escolarizdos y cumplan con los controles sanitarios”. Pérez calculó en 25 mil millones de pesos anuales la implementación de ese plan. “Más de 15 mil millones ya derivan a distintos planes sociales; se necesitan unos ocho mil millones de pesos”, estimó.

“Nosotros calculamos en un 34% el nivel de pobreza”, dijo Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO. “Esto obedece a la destrucción del empleo y a la inflación; ése el nudo estructural”, sostuvo. Para Pinedo, los planes sociales de emergencia “deben ser focalizados” y no universales.

El ex intendente de Morón y electo diputado nacional Martín Sabbatella también ubicó en un número inferior al índice de pobreza. “Hablamos de un 30%, lo que es muchísimo”, dijo a Clarín. Sabbatella reclamó “un blindaje social”, que podría traducirse en la iniciativa mencionada por Pérez, y también “en una extensión del seguro de desempleo a los trabajadores en negro”. El dirigente de Nuevo Encuentro se manifestó a favor de un cambio en “la matriz productiva y redistributiva”.

Gerardo Morales, senador por Jujuy y presidente de la UCR, criticó al Gobierno nacional. “Los datos que denuncia la Iglesia, desnudan la mentira del INDEC. El Gobierno tiene que explicar cómo después de cinco años de crecimiento aumentó la pobreza e la indigencia”, argumentó. Morales propuso como medida de emergencia, implementar una tarifa social con exención del IVA en las facturas de agua, luz y gas, para familias y jubilados con ingresos que no alcancen a cubrir la canasta básica de alimentos”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: lunes, 13 de julio de 2009

Por: Horacio Aizpeolea

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/13/elpais/p-01957192.htm

Con el kirchnerismo golpeado por la derrota y el Congreso frenado por el intento oficialista de medir y recomponer fuerzas, la oposición se propone aprovechar ese escenario para tomar la iniciativa: los principales sectores trabajan en una agenda parlamentaria en común, aunque aparecen diferencias de criterio y de forma. Así, se perfila una disputa entre el PROperonismo y el Acuerdo Cívico y Social.

La agenda parlamentaria opositora abarcaba 19 puntos, con consensos en temas institucionales: la derogación de los superpoderes, la reforma del Consejo de la Magistratura y la normalización del INDEC. También para promover una reducción de las retenciones. Las diferencias aparecen en torno a las políticas sociales, a la forma de presentar los puntos y en relación con el intento de arrebatarle al kirchnerismo la presidencia de la Cámara de Diputados.

Así como el oficialismo busca saber qué fuerza parlamentaria mantiene después del golpe electoral, los espacios opositores ordenan sus propias alianzas. La Coalición Cívica, la UCR y el socialismo armaron un frente electoral en varios distritos y analizan llevarlo a un interbloque en el Congreso. En el PROperonismo, aparece una competencia de protagonismo entre el macrismo y el PJ disidente.

Adrián Pérez, jefe de bloque de la Coalición Cívica, contó a Clarín que el espacio apoyará los puntos en común en los que vienen trabajando hace tiempo y se manifestó en contra de presentarlos en conjunto. “No es tiempo para intentar imponer en forma unánime una agenda parlamentaria”, aseguró.

Para Federico Pinedo, titular de la bancada del PRO, la iniciativa no apunta a “presionar” al Gobierno sino a darle un “horizonte serio y previsible” a la Argentina: “Si no insistimos con los acuerdos, el país va a tener un problema económico y de empleo grave”.

Desde el Acuerdo Cívico argumentan que coinciden con las exigencias de una mejora institucional, pero que intentarán priorizar iniciativas para revertir el deterioro económico y social. Impulsarán el Ingreso Ciudadano a la Niñez (200 pesos por chico) y la reducción del IVA para los productos de la canasta básica, iniciativas que no encontrarían consenso en el PRO.

Otra diferencia aparece en cuanto a la presidencia de Diputados. “Sería positivo que no quede en manos del kirchnerismo”, aseguró Pinedo. Adrián Pérez lo descartó: “El kirchnerismo sigue siendo la primera minoría. Si pretendemos que el Gobierno respete las reglas de juego, sería un error enorme dirimir la interna del PJ rompiendo las reglas en un ámbito institucional”. Oscar Aguad, jefe de bloque de la UCR, coincidió en ese punto y no descartó acordar una agenda parlamentaria más amplia, aunque aclaró que primero tendrán que cerrar filas dentro del Acuerdo Cívico. La oposición también atraviesa una etapa de reacomodamiento.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: domingo, 5 de julio de 2009

Por: Martín Bravo

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/05/elpais/p-01952779.htm