“Argentina da con esto señales de credibilidad. Que utilicen las reservas para cancelar deuda es una significativo gesto ya que ayudará a recortar el riesgo, al tiempo que se concreta una ganancia importante al recomprar deuda y se trabaja en reforzar la solvencia fiscal del país que ayudará a financiarse en los mercados a tasas razonables a futuro”.

Daniel Benvenutti, presidente de Bridgestone

“Que la Argentina cumpla sus obligaciones soberanas es positivo, sobre todo si sirve para bajar las tasas, por una baja del riesgo país. A nivel comercial, si mejora la imagen del país, es útil para conseguir penetración en más mercados, no sólo para vender sino para comprar”.

Débora Giorgi, ministra de Producción y Turismo

“La creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad garantiza los pagos externos por u$s 6.569 millones. Esto dará certeza y previsibilidad sobre la capacidad y voluntad de pago de nuestros compromisos, cuestión que hemos honrado desde 2003. La certeza de pago permitirá que los sectores productivos accedan a créditos a menores tasas y mejores plazos. Alienta la expectativa de inversión en el país y se suma a políticas de impulso a la inversión”.

Eduardo Fellner, presidente de la Cámara de Diputados

“El anuncio abre las perspectivas de crédito que tanto necesitaban las provincias argentinas como es el caso de Jujuy. La iniciativa se inscribe claramente en la política de desendeudamiento iniciada en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y continuada por la actual mandataria. Representa un avance hacia la consolidación de la confianza en la Argentina de los organismos internacionales de crédito”.

Oscar Aguad, titular del bloque diputados UCR

“Esto no es una política de desendeudamiento. Sino una consecuencia de la desconfianza derivada de manipular estadísticas, alterar reglas de juego, y violentar la seguridad jurídica que nos impiden acceder al mercado voluntario de crédito”.

Federico Pinedo, presidente Interbloque Propuesta Federal

“Las reservas del Banco Central son del pueblo y no del Gobierno. Las mismas son para cuidar el valor de la moneda argentina y para preservar el valor del trabajo de los argentinos. Manotear las reservas del Banco Central llevará a que no se pueda confiar más en el valor del peso y se opere solamente en divisas extranjeras. Pasar por encima de la independencia del Banco Central, que debe cuidar el valor de la moneda y el trabajo, es generar un enorme daño de largo plazo a nuestro país”.

Adrián Pérez, diputado de la Coalición Cívica

“El Gobierno nacional persiste en una política equivocada de supuesto desendeudamiento, que hizo que la deuda externa del país creciera de los u$s 128.00 millones en 2005 a los u$s 140.000 millones actuales. No se deben utilizar las reservas del Banco Central para pagar deuda externa. No es correcto recurrir a estos artilugios para demostrar capacidad de pago y obtener mejores condiciones financieras en términos de tasas de interés”.

Alfonso Prat Gay, diputado de la Coalición Cívica

“¿Acaso alguien vio a Bachelet o a Lula creando fondos específicos con sus reservas para priorizar a sus acreedores externos? No lo necesitan porque son creíbles. Seguimos dándole regalos y garantías a los acreedores para que no se note la ausencia de una estrategia firme de negociación de la deuda”.

Referencia: nota diario Cronista Comercial

Fecha: 15 de diciembre de 2009

Link: www.cronista.com/notas/214769-otro-plan-la-polemica

“El Gobierno central toma dinero de los ATN para acentuar el desfinanciamiento a las provincias y aumentar así su dependencia respecto de la Nación. Mientras el Tesoro nacional se financia a tasa cero con recursos de las provincias, éstas mantienen un importante stock de deuda, cuyo principal acreedor es el Estado nacional”, señaló Pérez, al dar su parecer respecto de las resoluciones conjuntas de las secretarías de Hacienda y Finanzas 318 y 95, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

En tal sentido, agregó: “El objetivo es mantener un esquema de asistencia discrecional a las provincias a cambio de favores y alineamientos políticos. Tal como lo advertimos durante el debate por el Presupuesto 2010, lo que se prevé es avanzar en la renegociación de las deudas provinciales bajo fuerte presión central, sin liberar las partidas de fondos que corresponden por ley”.

“El Gobierno ha demostrado que no tiene escrúpulos para adeudarse con fondos que corresponden a los jubilados, via ANSES y PAMI, y del mismo modo ahora lo hace con fondos que pertenecen a las provincias, muchas de ellas con fuertes problemas fiscales”.

Fecha: 1 de diciembre de 2009

En su dictamen, la Cámara solicitó que la distribución del dinero sea basada en el “principio básico de igualdad”. Y le dio pie al ARI para que vuelva a fundamentar el pedido de 400 mil pesos que hizo el año pasado al Gobierno, al que intimó a pronunciarse debidamente sobre el mismo, que antes había sido denegado.

Por su lado, el director nacional Electoral, Alejandro Tullio, salió al cruce de la denuncia y negó que exista discrecionalidad en el manejo de los fondos electorales. Argumentó que la presentación de la agrupación era “un disparate” y que “nada” tenía que ver con la campaña electoral, sino con la realización de un congreso partidario en el 2008.

Con su fallo, la Cámara revocó el aval que en primera instancia le había dado la jueza electoral María Servini de Cubría a la postura de la Casa Rosada. La Cámara que avaló el pedido opositor es la misma que días atrás habilitó las candidaturas a diputado del ex presidente Néstor Kirchner, del gobernador bonaerense Daniel Scioli y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que habían impugnado las fuerzas que integran el Acuerdo Cívico.

La decisión fue celebrada por la dirigencia del frente que integran la Coalición Cívica y la UCR, durante una conferencia de prensa que dieron ayer en el Instituto Hanna Arendt -sede del ARI-, la jefa de campaña, Patricia Bullrich y el titular del radicalismo porteño, Carlos Mas Vélez. Allí también se reiteraron advertencias sobre presuntas maniobras para manipular encuestas (ver Suben…)

Según la denuncia que había presentado el apoderado del ARI, el diputado Adrián Pérez, el Ministerio del Interior asignó como aporte extraordinario $ 1.140.000 al PJ en el 2008, contra $ 100.000 que recibió el ARI, 300 mil menos de lo que había solicitado. Aunque la sentencia no obliga al Estado a darle el dinero denegado, permite al ARI insistir con el pedido. Además, obliga al partido y al Gobierno a justificar su respuesta.

“El ejercicio de facultades discrecionales no exime a la autoridad estatal de observar el principio de razonabilidad”, señala el tribunal. Y concluye que “no es posible descartar un tratamiento desigual verdaderamente injustificado”.

En tanto, Tullio explicó que en la asignación de fondos se tiene en cuenta la cantidad de afiliados a cada partido.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: Sábado, 6 de junio de 2009

Por: natasha Niebieskikwiat

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/06/06/elpais/p-01933973.htm

El uso que hace Néstor Kirchner de la flota presidencial y de otros bienes del Estado con fines partidarios ya acumula tres denuncias en la Justicia.

A la acusación hecha anteayer por el abogado Ricardo Monner Sans, ayer se sumaron otras dos presentaciones, de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Una fue tramitada ante la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Julio Vitobello; la otra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido.

Allí, los legisladores pidieron que se investigue al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por “malversación de fondos públicos y peculado”.

Anteayer, LA NACION había revelado que Kirchner viajó a un acto del Partido Justicialista en Jujuy en el avión presidencial Tango 10, que utilizó helicópteros oficiales en dos de sus tres últimos actos en el conurbano (filmados por La Corte, una productora contratada por el Gobierno) y que hubo asistencia allí de personal de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada.

Los diputados cuestionaron en la presentación “las intenciones electorales” del líder peronista. “Asistimos al desvío de recursos del Estado en beneficio de un partido para posicionar sus candidatos. Es una clara forma de corrupción que amerita una profunda investigación”, expresaron en el texto de la denuncia.

Acusaron a Randazzo y, sobre todo, a Parrilli, por ser los funcionarios encargados de “autorizar” los viajes de la flota presidencial y preparar la logística de los viajes.

“En el Gobierno la malversación es constante -cuestionó Sánchez ayer, en diálogo con LA NACION-. Desvían fondos para el enriquecimiento personal y para hacer política partidaria. Su forma de obtener dinero es defraudando al Estado. Están violando las leyes básicas de la contienda democrática.”

Para los denunciantes, la única asistencia del Estado autorizada para el líder peronista en un acto partidario es la seguridad.

“El resto no es justificable. La Justicia debería exigir los gastos públicos extras que hubo en cada acto y castigar a los responsables”, dijo Sánchez. Las penas por malversación de fondos son de un mes a tres años de prisión.

El fiscal Garrido ayer derivó la denuncia de los legisladores al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La razón: allí el abogado Monner Sans había hecho su denuncia por los mismos hechos; acusaba al jefe del PJ de “uso indebido de bienes públicos”.

En el Congreso, legisladores de la oposición ayer consensuaron el detalle de las explicaciones que exigirán a partir del 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones.

El diputado de Pro Luis Galvalisi adelantó que hará un pedido oficial para que el Gobierno informe “en carácter de qué” viaja el ex presidente en la flota presidencial, que se “detallen los montos asignados y funcionarios autorizantes” y si “los gastos fueron asignados a las cuentas del gobierno nacional”.

Referencia: nota dirio La Nación

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1101949

Salvo algunas pocas expresiones de alegría, las fuerzas de oposición tomaron con mucha cautela el inminente anuncio del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto de ley que pondrá fin a la jubilación privada, instaurada durante el gobierno de Carlos Menem, lo que suscitó una gran inquietud por el trasfondo de la medida que impulsa la administración kirchnerista.

La contracara fueron los dirigentes gremiales, que festejaron la decisión de la Presidenta y coincidieron en calificar de ?estafa? el régimen privado de las AFJP.

?Esto podría tratarse de un manotazo liso y llano a los fondos de los futuros jubilados que manejan las administradoras?, afirmó el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), en diálogo con LA NACION.

Morales coincidió con su par socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe) en cuanto a su apoyo a la restauración de la jubilación estatal, pero advirtió que respaldarán cualquier iniciativa siempre y cuando se trate de una reforma profunda y seria del sistema previsional.

?El socialismo siempre estuvo a favor del sistema de reparto y en contra del negocio financiero, pero también queremos la intangibilidad de los fondos porque de ninguna manera vamos a aceptar que los fondos los use el Gobierno para financiar su política?, afirmó Giustiniani.

Más crítica fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que denunció que en medio de la crisis económica la decisión del Gobierno no apunta ?a mejorar el sistema jubilatorio, sino a saquear los fondos de los jubilados y a hacer caja, tanto de la Anses como de las AFJP?.

También a favor de volver a un único sistema jubilatorio se manifestó el diputado Carlos Raimundi (Solidaridad e Igualdad-SI), quien de hecho destacó que esa propuesta formaba parte del dictamen de minoría del presupuesto 2009 que había presentado el bloque que preside el bonaerense Eduardo Macaluse.

?Estamos de acuerdo con el concepto?, afirmó Raimundi antes de destacar que su apoyo a la propuesta ?es con la salvedad de que los aportes sean usados para crear un fondo anticíclico para financiar programas productivos y sociales?. ?La verdad que este Gobierno acierta en los discursivo, pero prostituye esas ideas en la práctica?, agregó a LA NACION.

En contra de la medida se manifestó el diputado Esteban Bullrich, para quien la eliminación del sistema de capitalización implicará una ?violación a la propiedad privada?. En diálogo con este diario, el legislador afirmó que la estrategia del Gobierno apunta a ?hacerse de los fondos? que administra en la actualidad las AFJP para ?tener más caja? y seguir haciendo política con fondos frescos.

El radical Morales insistió en esperar a ver el contenido del proyecto que remita el Gobierno antes de avalar la eliminación del sistema de capitalización. En la misma sintonía se expresó la diputada María América González, que se congratuló por la decisión del Gobierno, pero también aclaró que respaldaría una ?propuesta seria?.

?En principio, me parece una decisión brillante?, opinó la legisladora. Pero también aclaró: ?Espero no desilusionarme como ocurrió con el proyecto de opción de la jubilación y de movilidad, dos anuncios muy buenos que se quedaron a mitad de camino?.

Por último, el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, afirmó que cualquier proyecto de reforma del sistema previsional ?debe garantizar que los fondos sean utilizados para pagar jubilaciones y no puedan ser desviados por el Ejecutivo para resolver eventuales problemas de caja?.

Elogio de los gremios

Entre los sindicalistas no se oyeron críticas. Sólo elogios a la decisión presidencial. Antes de que se anunciara la medida, el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, expresó que el Gobierno debía ?tomar medidas? para que ?se garantizara el cobro de los futuros jubilados?. Definió como ?una gran estafa? a las AFJP y dijo que ?con esta crisis [financiera mundial] han perdido una cantidad impresionante de dinero [que] perjudica a los futuros jubilados?.

Oscar Lescano, secretario de Vivienda y Turismo de la CGT, sostuvo: ?Hace dos años que desde el gremio [Luz y Fuerza] pedí que el sistema de jubilaciones volviera a pasar al Estado, debido a la inviabilidad del sistema de capitalización. Así lo hice en reuniones con el entonces presidente Néstor Kirchner, la actual mandataria y con Sergio Massa [cuando era administrador de la Anses]?.

El secretario de Prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, también celebró la medida: “Se terminó este sistema de capitalización, que es una estafa en la que los bancos han sido garantes”.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: martes, 21 de octuber de 2008

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1061640

Las últimas revelaciones en la causa por la valija de Guido Antonini Wilson, acerca de que hubo otra maleta con 4,2 millones de dólares, no hicieron más que alentar a la oposición política a presionar a la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, dirigentes de todo el espectro ideológico coincidieron en reclamar que la justicia argentina investigue el incidente registrado en el aeroparque metropolitano y los fondos que financiaron la campaña que llevó al triunfo a la fórmula del Frente para la Victoria -integrada también por el actual vicepresidente, Julio César Cobos-, en octubre último.

Por lo pronto, la UCR y la Coalición Cívica anticiparon que harán sendas presentaciones judiciales para agilizar el capítulo argentino de la investigación del escándalo, que muestra muy pocos avances si se la compara con la causa que se sustancia en los juzgados de Miami y que han sido la fuente de las revelaciones que cada día complican más al poder kirchnerista.

“Vamos a hacer una ampliación de la denuncia a partir de esta noticia”, afirmó ayer el titular del comité nacional de la UCR, el senador Gerardo Morales (Jujuy).

En el mismo sentido, la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica) anticipó que requerirá al fiscal de la causa que investigue las supuestas maniobras de encubrimiento llevadas a cabo por los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez (Venezuela) para tratar de tapar el escándalo. Esta postura había sido esgrimida por la líder de la CC, Elisa Carrió, el jueves de la semana pasada.

Los referentes de la oposición también coincidieron en que siempre sospecharon que la valija con 800.000 dólares que Antonini Wilson intentó ingresar en el país en agosto de 2007 no era la única. Creen que hubo otras que entraron de manera ilegal en el país en vuelos desde Caracas.

“La verdad es que se suponía que había otra valija, pero no había elementos” para probarla hasta ahora, afirmó Morales.

En tanto, Bullrich expresó que “la valija de los 800.000 dólares no es una valija aislada, sino que hay una línea de negocios poco transparentes entre el gobierno de Chávez y el de Kirchner, que se ratifica por el tipo de funcionarios que están puestos a trabajar esa relación”.

Horacio Rodríguez Larreta (Pro), jefe de Gabinete de Mauricio Macri, dijo que “ya parece haber elementos más que suficientes para profundizar -la investigación judicial- y tomar algunas medidas”.

Por su parte, el diputado de ARI Adrián Pérez consideró que la revelación del ingreso de más fondos de manera ilegal “agrava la situación”.

Por otra parte, Pérez también cuestionó la escasa predisposición de la justicia argentina para investigar una cuestión que involucra al gobierno nacional. “Hay que marcar la lentitud y precariedad que está teniendo la investigación en nuestro país, donde a Claudio Uberti se le ha declarado la falta de mérito”, sentenció.

Uberti era titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) y fue uno de los pasajeros del vuelo privado de la polémica. Es a él a quien Antonini Wilson adjudica la propiedad de la valija incautada. Por este incidente debió renunciar a su cargo.

“En cualquier país normal el director del Organismo de Control de Concesiones Viales no viaja a tratar cuestiones petroleras; las líneas de acción pasan por las cancillerías y las secretarías de Comercio Exterior”, afirmó Bullrich.

Jaque al Gobierno

Para Margarita Stolbizer, el gobierno nacional “ha sido puesto en jaque por sus propios vicios y torpezas”, ya que quedó “al desnudo la utilización de fondos espurios en su campaña electoral”.

“Bastante escandalosos son los aportes privados a la campaña de la presidenta Kirchner: el 34% fue financiado por empresas vinculadas con la industria farmacéutica que recibía a cambio buenos negocios con el Estado, bajos controles, la vista gorda y la impunidad”, denunció la dirigente bonaerense, aliada de Elisa Carrió.

Para Stolbizer, “más grave aún es el verdadero origen que los fondos pueden ocultar: narcotrático, contrabando de precursores químicos, los aportes del gobierno de Venezuela, la utilización de los bienes del Estado y los fondos de Santa Cruz”, concluyó.

Referencia: nota diario La Nación.

Fecha: lunes, 15 de septiembre de 2008

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1050069