Adri�n Perez

Con el fin de despejar la nebulosa legal que envuelve a los peajes de las rutas nacionales, el Gobierno salió a abrir el camino para una nueva prórroga de las actuales concesiones mientras termina de pulir los detalles para lanzar otro intento de reprivatización de los corredores viales.

Por medio del decreto 1547, la presidenta Cristina Kirchner facultó a Vialidad Nacional (DNV) a suscribir nuevos acuerdos de prórroga con las seis empresas concesionarias que operan las rutas más transitadas del país.

Para esta extensión contractual -la tercera desde octubre de 2008- el Gobierno estableció un plazo de 120 días, lapso en el cual espera definir a los nuevos operadores.

Las demoras y las desprolijidades que acumuló el Ministerio de Planificación en el manejo de las concesiones viales llevaron a un grupo de legisladores opositores a presentar una acción de amparo para que se suspendan los peajes.

En la práctica, las actuales concesionarias están sin contratos desde el 30 de octubre y, en principio, no contarían con ningún respaldo legal para seguir embolsando las tarifas de peajes.

Los diputados de la Coalición Cívica (CC) Juan Carlos Morán, Adrián Pérez y Elsa Quiroz plantearon en Tribunales que “no existe justificativo para que las empresas que tienen vencidos sus contratos sigan cobrando peajes, atento a que el dinero recaudado no tiene como fin la construcción y mantenimiento de obras viales”.

Con el argumento de que es necesario “garantizar la continuidad del servicio”, el Gobierno impulsa ahora otra prórroga contractual hasta la toma de posesión de los nuevos concesionarios.

Más allá de la licitación que debería arrancar este mes, las concesiones viales enfrentan una conflictiva madeja contractual. Es porque aún siguen sin resolverse las multas que recibieron las empresas y los incumplimientos que acumuló el Estado por las obras comprometidas y las subas tarifarias que no llevó adelante en los últimos años

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 7 de noviembre de 2009

Por: Antonio Rossi

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/11/07/elpais/p-02035656.htm

Diputados de la oposición remarcaron que las concesiones ya se vencieron.

La Coalición Cívica (CC) presentará hoy un recurso de amparo solicitando a la Justicia que suspenda el cobro de los peajes en las principales rutas del país, porque los contratos que autorizan a las distintas compañías concesionarias están vencidos.

“Estamos hablando de 21 rutas nacionales que fueron concesionadas originalmente por el menemismo en los ’90 y a las que Néstor Kirchner les prorrogó los contratos en el 2003 a pesar de que habían incurrido en numerosas irregularidades”, dijo el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien aseguró que “las empresas están en una situación de okupas, porque cobran ilegalmente peaje en 37 estaciones del país a pesar de que sus contratos están vencidos”.

Los contratos que se renovaron en el 2003 vencieron el 1° de noviembre de 2008, pero el Gobierno decidió prorrogar esas concesiones por un año en lugar de hacer nuevas licitaciones. Esa prórroga venció el pasado fin de semana.

“Esperamos que algún juez se anime y haga lugar a nuestro pedido, para que los usuarios no tengan que seguir pagando sin saber adónde va su dinero”, dijo Morán. Y adelantó que la medida debería tomarse con las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 36, 188, 193, 205, 226 y 252 y las autopistas 5, 9 y 12 de Santa Fe.

“Hay cinco corredores viales en donde los contratos vencieron el 31 de octubre de 2008: las empresas están en forma irregular a partir de esa fecha, pero a partir del 28 de junio de 2009 no hay ninguna resolución, ni decreto, ni acta-acuerdo, ni con trato que sustente legalmente a esas empresas; están en situación de okupas y cobrando ilegalmente peajes”, aseguró el diputado y titular del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. Y agregó: “En este momento no hay ninguna justificación para que esas empresas sigan estando amparadas en una concesión inexistente y cobrando peajes sin ningún tipo de cobertura jurídica”.

En tanto, Ricardo Lasca, del Comité de Defensa de Usuarios Viales, afirmó que “el sistema de peajes resulta ilegal e inconstitucional”, y mencionó algunos casos en los que en muy pocos kilómetros hay muchas cabinas de peaje. “De Buenos Aires a Pergamino hay cinco peajes, y de Buenos Aires a Carlos Casares, hay seis estaciones de cobro”, aseguró.

“La matriz de la corrupción en la Argentina tiene que ver con la energía, con el transporte y la obra pública; y dentro de ésta la relacionada con la red vial”, denunció el diputado Juan Carlos Morán. Y añadió: “Los mayores sobreprecios siempre se dan en las rutas y siempre aparecen en esos casos el mismo club del peaje conformado por los amigos de Néstor Kirchner; que son Juan Carlos Relats, Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra y su Electroingeniería, que o bien tienen corredores viales o hacen las construcciones de obras, siempre con sobreprecios y grandes negocios públicos”.

Morán afirmó que el circuito se cierra cuando los empresarios “devuelven en forma de retorno al patrimonio privado (del ex presidente y su esposa), haciéndole hacer negocios, como comprándole la residencia por tres veces más de lo que vale, en el caso de Báez, o alquilando por mucho más de lo que vale el hotel Los Sauces, de El Calafate”.

Además, el diputado de la Coalición subrayó que “ninguna de las concesionarias ha pagado sus multas”, y precisó que “en promedio, las compañías han incumplido con el 87% de las sanciones, en otros casos es peor, como Electroingeniería, que no pagó el 99% de las multas del corredor Vial 3″.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 3 de noviembre de 2009

Foto: diario Clarín

Link: www.clarin.com/diario/2009/11/03/elpais/p-02032520.htm

Si hay déficit y problemas de caja, que no se noten. Ese parece ser el objetivo del Gobierno fijado en uno de los artículos del presupuesto de gastos e ingresos para el año próximo, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana en el recinto.

El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.

Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.

“Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos”, dijo a LA NACION el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires)

Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo”, graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, “este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar”.

Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: “Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011″. Según el economista de la CTA, “el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste”, interpretó.

“Es un disparate”, definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. “Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal”, agregó Pérez.

La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

Oportunidad perdida

La oportunidad existe, pero los gobernadores no están dispuestos a aprovecharla: en efecto, junto con el presupuesto 2010, el Gobierno necesita como el agua la prórroga de una decena de impuestos que vencen a fin de año, entre ellos Ganancias, Bienes Personales y de débitos y créditos bancarios (cheque). La oposición buscará condicionar esa prórroga a que se coparticipe en mayor medida con las provincias la recaudación de esos tributos, sobre todo el de cheque. En el oficialismo sólo se oyeron tibios reclamos, pero no parece dispuesto a hacer causa común a favor de sus provincias.

A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les concederá a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (aunque, de manera deliberada, el Gobierno evitó hacer taxativa esa concesión).

También les otorgó la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y endeudamiento.

Con la colaboración de Laura Serra

2,5%
Crecimiento económico

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Las provincias, cada vez más ahogadas

• Tal como esperaban, el presupuesto 2010 no trae buenas noticias para las ya de por sí golpeadas arcas provinciales. Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. Sin computar los recursos de Seguridad Social, las provincias percibirían (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado, unos $ 264.688 millones.

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 13 de octubre de 2009

Por: Jaime Rosemberg

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1185676

El bloque de diputados de la Coalición Cívica anunció ayer que denunciará hoy a Néstor Kirchner y a su esposa, la presidenta Cristina Fernández, ante la Oficina Anticorrupción por el contrato firmado entre Aerolíneas Argentinas y el Hotel Los Sauces, declarado como propio por el matrimonio en sus declaraciones patrimoniales.Al respecto, la diputada Patricia Bullrich indicó ayer en una rueda de prensa que “es incompatible que la presidenta (Cristina Fernández) ejerza como directora de una empresa, en la que su hijo (Máximo Kirchner), es presidente, que tiene contrato con una empresa del Estado”. La legisladora planteó que se podría estar frente a una violación de la ley de Etica Pública, tras reseñar que el bloque ya hizo una presentación en el mismo organismo por la participación de la Presidenta en el referido hotel.

En los últimos días, se difundieron detalles de un convenio por el cual a través del programa Aerolíneas Plus los pasajeros que vuelen a El Calafate por la compañía estatal pueden acceder a un 30% de descuento en las tarifas de alojamiento en el lujoso hotel-boutique Los Sauces, propiedad del matrimonio presidencial.Respecto de la compañía aérea recientemente reestatizada, la legisladora destacó además que tiene “hoy una tarifa subsidiada”, con destino “a El Calafate por valor de 0,17 pesos por kilómetro, mientras a Bahía Blanca, ciudad industrial, es de 0,47 pesos por kilómetro”.Por su parte, el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, explicó que “en el proyecto de Presupuesto 2010 hay una cláusula vergonzosa que dice que el Estado argentino se hará cargo del déficit operativo de Aerolíneas Argentinas y de la deuda que contrajo la empresa en tiempos de la gestión Marsans y no establece ningún tipo de límites para esas erogaciones”.
“Creemos que esto es inaceptable: Argentina no debe hacerse cargo de esa deuda y se debe establecer un tope al déficit operativo sobre la base de un plan de negocios razonable para la línea aérea”, completó Pérez.

Además se quejó porque, a pesar de que el Ejecutivo debía presentar un plan de negocios de Aerolíneas Argentinas el pasado, “nunca hubo, por parte del gobierno, un plan de negocios”.
Y advirtió que existe “una verdadera dilapidación de recursos del Estado” en la gestión de la empresa” y recordó que “Aerolíneas Argentinas es usada tan solo por el 5% de los usuarios”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 29 de septiembre de 2009

Link: www.clarin.com/diario/2009/09/29/elpais/p-02008363.htm

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica criticó hoy el proyecto de ley de presupuesto 2010, porque, según su titular, Adrián Pérez: “El Gobierno persiste en la teoría del derrame, no propone políticas de distribución del ingreso y se desentiende de la lucha contra la pobreza”. En ese sentido, el diputado electo por la CC, Alfonso Prat Gay, señaló: “Este presupuesto ignora la recesión que afecta a los 40 millones de argentinos y agrava la situación al insistir con una política de ajuste, que consiste en aumentar impuesto y tarifas”.

Según Adrián Pérez, “La única política que propone el Gobierno para enfrentar la pobreza es taparla con las mentiras del INDEC”, y alertó sobre “el aumento de la inflación y el deterioro social que trae aparejada la falta de políticas activas de parte del Estado”. Prat Gay coincidió con Pérez al señalar que “El modelo del Gobierno produce 350.000 nuevas familias pobres por año y los programas de asistencia que propone sólo atienden al 20% de esa población”.

A su vez, la diputada Fernanda Reyes cuestionó que en la ley de presupuesto “las exenciones impositivas benefician más a los proyectos de las compañías mineras que a las pequeñas y medianas empresas y advirtió que sólo el 8% de la obra pública presupuestada desde el 2003 fue ejecutada”.

Los diputados electos y en ejercicio del bloque de la Coalición Cívica consideran que el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo ignora la profundidad de la recesión que sufre nuestra economía. El Gobierno parte de la premisa de que la economía este año crece, lo que contrasta con lo que viven los trabajadores, los empresarios y los consumidores. Y en su perspectiva 2010 el gobierno confía en que el motor de la recuperación sería la inversión, en momentos en que cunde el desaliento y crece la incertidumbre de quienes tienen que asomar la mirada por sobre el corto plazo.

Al no reconocer la recesión el Poder Ejecutivo siente que está en condiciones de aumentar la presión tributaria (a un récord de 28,3% del PBI). Este freno adicional a la economía obedece en parte al incremento de la presión impositiva y a los tarifazos (implícitos en la disminución de los subsidios en unos $ 5000 millones). Una vez más el kirchnerismo demuestra que de keynesiano no tiene nada.

El presupuesto enviado también confirma que el gobierno sigue ignorando la gravedad de la situación social y sigue confiado en la teoría del derrame. Este país de fantasía del INDEC de los Kirchner esconde que hoy la pobreza está a niveles del 2001 y la distribución del ingreso en los niveles del 2002. Consistente con esa negación, en el presupuesto sólo hay contemplado un aumento del gasto social para el plan anunciado de generar empleos a través de las cooperativas, que en el mejor de los casos llegaría a 80.000 familias, al tiempo que se contempla una reducción de los planes jefes y jefas por una cifra similar, y un incremento del plan familias por unos 70.000 hogares. De todo esto resulta que solo el 20% de los nuevos hogares pobres que genera esta Administración anualmente estarán alcanzados por el gasto social.

Los “pilares del modelo” con los que suele llenarse la boca la presidente siguen entonces incólumes: se privilegia el superávit por sobre lo social y se confía en la teoría del derrame a los que las mentiras del INDEC “avalan”.

¿Por qué en cambio no avanzar con un programa social universal como el Ingreso Ciudadano a la Niñez (INCINI) propuesto por la Coalición Cívica y apoyado por otros sectores de la oposición? Sólo estamos llegando hoy con los planes sociales a un tercio de los excluidos. Con sólo $ 13.000 millones anuales más podemos llegar a 2 millones de familias con $ 500 por mes en promedio. Suficiente para acabar ya con la indigencia.

Fecha: 24 de septiembre de 2009