Adri�n Perez

La Coalición Cívica amplió su denuncia contra el secretario de Energía Daniel Cameron y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido por supuestas irregularidades en la administración del estatal Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Peréz acusaron la semana pasada a Cameron y De Vido por los supuestos delitos de fraude al estado y violación de los deberes de funcionario público. Lo hicieron en la causa que abrió el año pasado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el ex presidente Néstor Kirchner por supuesta asociación ilícita.

Los legisladores pidieron al juez que investigue “cual fue el destino del depósito en la cuenta del Banco Nación 2619301010 sucursal Islas Caimán u$s 76.112.400,70 y la Inversión de $ 163.025.135,41 en Pellegrini Fondos comunes de Inversión”.

También solicitaron que se determine si se pagaron “sobreprecios en el pago con fondos del FFTEF (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal) de pasajes aéreos al exterior para diferentes miembros del CAF (Comité de Administración del Fondo)”.

Según la CC, los funcionarios denunciados “decidieron de manera totalmente arbitraria e injustificada, que esa interconexión (en la Patagonia) fuera la primer obra financiada por el FFTEF, a pesar de que la Dirección Nacional de Prospectiva de la Subsecretaría de Energía Eléctrica había establecido como prioridad la interconexión NOA NEA, en su primera etapa (278 km. de línea de 500 Kv), por encima de las demás”.

“Por lo tanto el Secretario de Energía como Presidente del C. A. F desatendió la opinión de dicha dirección que opera en la órbita de su secretaría, incluyendo como prioritarias los tramos Choele Choel-Puerto Madryn – Puerto Madryn- Pico Truncado y la ampliación correspondiente al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica Yacyretá”.

Estas obras “son financiadas íntegramente con los aportes del Tesoro Nacional al FFTEF, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa Electroingeniería cuyo presidente es Gerardo Ferreyra, siendo dicha empresa a su vez accionista y controlante de la firma INTESAR S.A” finalizaron. Ferreyra es un empresario muy cercano al kirchnerismo.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 14 de julio de 2009

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/14/elpais/p-01957826.htm

Pocas horas después de su salida del Gobierno, el nombre de Ricardo Jaime volvió a sonar en Tribunales. Un grupo de diputados de la Coalición Cívica se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar que al saliente secretario de Transporte se le impida salir del país.

Los legisladores, con Adrián Pérez a la cabeza, concurrieron al juzgado federal de Julián Ercolini, que investiga a Jaime por presunta asociación ilícita. Se trata de un expediente iniciado por una denuncia de Elisa Carrió.

Los diputados argumentan que Jaime podría viajar al exterior para eludir el accionar de la Justicia, que lo investiga en una treintena de causas.

“Tiene 30 causas abiertas, que son todas muy graves, por lo tanto, [la justicia] tiene que tomar recaudos ante una situación de estas características”, sostuvo Adrián Pérez, jefe de la bancada de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, en la puerta de los tribunales.

“Es tiempo de que la Justicia avance y que haya declaración indagatoria y pronto procesamiento”, añadió.

En la mira por el avión. Entre ellas las causas abiertas, se destacan dos que avanzan en el fuero federal en las que se investigan varios vuelos privados que realizó Jaime. Las causas tomaron fuerza después de la investigación que publicó LA NACION en mayo pasado, en la que se daba cuenta de que Jaime se movía en un jet de ocho pasajeros, adquirido en Miami el 24 de diciembre pasado por poco más de cuatro millones de dólares. También existe otra causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Jaime, uno de los hombres más cuestionados de la era kirchnerista entre otras cosas por el manejo de subsidios millonarios, presentó su renuncia ayer acorralado por las causas judiciales en su contra y, en el terreno político, por el pobre desempeño del kirchnerismo en Córdoba, su provincia.

Allí, el candidato del oficialismo, Eduardo Acastello, de quien Jaime fue jefe de campaña, obtuvo un lejano cuarto puesto.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: jueves, 2 de julio de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1146029

En un fallo contundente emitido ayer, la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Ministerio del Interior que el manejo de fondos electorales para el aporte extraordinario de los partidos políticos no debe ser “discrecional”. Y avaló la denuncia que formuló el ARI -el partido que fundó Elisa Carrió y para estas elecciones el Acuerdo Cívico- sobre las deciciones del Gobierno de beneficiar a otras fuerzas, entre ellas el Partido Justicialista que, según el fallo, “han obtenido aportes extraordinarios sustancialmente mayores”.

En su dictamen, la Cámara solicitó que la distribución del dinero sea basada en el “principio básico de igualdad”. Y le dio pie al ARI para que vuelva a fundamentar el pedido de 400 mil pesos que hizo el año pasado al Gobierno, al que intimó a pronunciarse debidamente sobre el mismo, que antes había sido denegado.

Por su lado, el director nacional Electoral, Alejandro Tullio, salió al cruce de la denuncia y negó que exista discrecionalidad en el manejo de los fondos electorales. Argumentó que la presentación de la agrupación era “un disparate” y que “nada” tenía que ver con la campaña electoral, sino con la realización de un congreso partidario en el 2008.

Con su fallo, la Cámara revocó el aval que en primera instancia le había dado la jueza electoral María Servini de Cubría a la postura de la Casa Rosada. La Cámara que avaló el pedido opositor es la misma que días atrás habilitó las candidaturas a diputado del ex presidente Néstor Kirchner, del gobernador bonaerense Daniel Scioli y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que habían impugnado las fuerzas que integran el Acuerdo Cívico.

La decisión fue celebrada por la dirigencia del frente que integran la Coalición Cívica y la UCR, durante una conferencia de prensa que dieron ayer en el Instituto Hanna Arendt -sede del ARI-, la jefa de campaña, Patricia Bullrich y el titular del radicalismo porteño, Carlos Mas Vélez. Allí también se reiteraron advertencias sobre presuntas maniobras para manipular encuestas (ver Suben…)

Según la denuncia que había presentado el apoderado del ARI, el diputado Adrián Pérez, el Ministerio del Interior asignó como aporte extraordinario $ 1.140.000 al PJ en el 2008, contra $ 100.000 que recibió el ARI, 300 mil menos de lo que había solicitado. Aunque la sentencia no obliga al Estado a darle el dinero denegado, permite al ARI insistir con el pedido. Además, obliga al partido y al Gobierno a justificar su respuesta.

“El ejercicio de facultades discrecionales no exime a la autoridad estatal de observar el principio de razonabilidad”, señala el tribunal. Y concluye que “no es posible descartar un tratamiento desigual verdaderamente injustificado”.

En tanto, Tullio explicó que en la asignación de fondos se tiene en cuenta la cantidad de afiliados a cada partido.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: Sábado, 6 de junio de 2009

Por: natasha Niebieskikwiat

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/06/06/elpais/p-01933973.htm

El uso que hace Néstor Kirchner de la flota presidencial y de otros bienes del Estado con fines partidarios ya acumula tres denuncias en la Justicia.

A la acusación hecha anteayer por el abogado Ricardo Monner Sans, ayer se sumaron otras dos presentaciones, de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Una fue tramitada ante la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Julio Vitobello; la otra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido.

Allí, los legisladores pidieron que se investigue al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por “malversación de fondos públicos y peculado”.

Anteayer, LA NACION había revelado que Kirchner viajó a un acto del Partido Justicialista en Jujuy en el avión presidencial Tango 10, que utilizó helicópteros oficiales en dos de sus tres últimos actos en el conurbano (filmados por La Corte, una productora contratada por el Gobierno) y que hubo asistencia allí de personal de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada.

Los diputados cuestionaron en la presentación “las intenciones electorales” del líder peronista. “Asistimos al desvío de recursos del Estado en beneficio de un partido para posicionar sus candidatos. Es una clara forma de corrupción que amerita una profunda investigación”, expresaron en el texto de la denuncia.

Acusaron a Randazzo y, sobre todo, a Parrilli, por ser los funcionarios encargados de “autorizar” los viajes de la flota presidencial y preparar la logística de los viajes.

“En el Gobierno la malversación es constante -cuestionó Sánchez ayer, en diálogo con LA NACION-. Desvían fondos para el enriquecimiento personal y para hacer política partidaria. Su forma de obtener dinero es defraudando al Estado. Están violando las leyes básicas de la contienda democrática.”

Para los denunciantes, la única asistencia del Estado autorizada para el líder peronista en un acto partidario es la seguridad.

“El resto no es justificable. La Justicia debería exigir los gastos públicos extras que hubo en cada acto y castigar a los responsables”, dijo Sánchez. Las penas por malversación de fondos son de un mes a tres años de prisión.

El fiscal Garrido ayer derivó la denuncia de los legisladores al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La razón: allí el abogado Monner Sans había hecho su denuncia por los mismos hechos; acusaba al jefe del PJ de “uso indebido de bienes públicos”.

En el Congreso, legisladores de la oposición ayer consensuaron el detalle de las explicaciones que exigirán a partir del 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones.

El diputado de Pro Luis Galvalisi adelantó que hará un pedido oficial para que el Gobierno informe “en carácter de qué” viaja el ex presidente en la flota presidencial, que se “detallen los montos asignados y funcionarios autorizantes” y si “los gastos fueron asignados a las cuentas del gobierno nacional”.

Referencia: nota dirio La Nación

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1101949

La mayor parte de la oposición ya tiene decidido presentarse el lunes en Tribunales para impugnar la votación del blanqueo de capitales en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar la madrugada del jueves en medio de un escándalo. La única duda que persistía anoche se relacionaba a la cantidad de bloques que confluirán en la ofensiva judicial.

Legisladores y asesores jurídicos de la Coalición Cívica, el macrismo y el peronismo disidente avanzaron ayer en la elaboración de la denuncia, que apuntará a demostrar la invalidez del capítulo del paquete anticrisis referido a la repatriación de capitales, por considerar que obtuvo un voto menos del requerido para su aprobación en particular. También Claudio Lozano, de la CTA, hará una presentación por su cuenta. Aunque coinciden en cuestionar la votación, por ahora la UCR y el cobismo analizan si corresponde llevar el caso a la Justicia.

Los cuestionamientos se basan en que el proyecto modifica las alícuotas de la coparticipación tributaria con las provincias y de acuerdo a la Constitución para su aprobación se requiere la mayoría absoluta del cuerpo. Es decir 129 votos. Los K con sus aliados llegaron a 128. En la votación en general de la ley (que incluye una moratoria impositiva y el blanqueo de personal), habían llegado a 131.

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió salió ayer a avalar la postura opositora y dijo que la ley “es inconstitucional, sucia, escandalosa, inmoral y está viciada de nulidad”.

Sobre la discordia en torno a la necesidad o no de mayorías especiales sostuvo que “el capítulo específico del blanqueo requiere 129 votos, porque en realidad exime de impuestos. Cuando se blanquean capitales, se exime de impuestos y en la medida que se exime se tocan impuestos y asignaciones específicas y se necesita una mayoría de la Cámara”.

Mientras tanto, el oficialismo apura la marcha para tratar de sancionar la ley -que incluye una amplia moratoria impositiva y el blanqueo de personal, el próximo jueves en el Senado, luego de darle ayer dictamen favorable en comisión.

Para reforzar la estrategia de los legisladores propios, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó ayer que “no se necesitaban mayorías especiales porque esta ley no afecta el reparto de la coparticipación”. El artículo 75 de la Constitución señala, en su inciso tercero, que se requiere de la mitad más uno de los miembros de las cámaras para “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables”.

Por su lado, el socialista K Ariel Basteiro, que votó a favor del paquete pero rechazó el capítulo del blanqueo, aseguró que la actitud de la oposición “atenta contra el propio Congreso, porque abre la puerta para que otro poder, como el judicial, pueda intervenir ante cualquier votación”.

Referencia: nota diario Clarín.
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2008
Por: Marcelo Helfgot
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/12/13/elpais/p-01821268.htm