El diputado nacional de la Coalición Cívica y denunciante ante la Justicia Federal del caso Skanska, Adrián Pérez, consideró hoy que el fallo del juez Norberto Oyarbide que dictó el procesamiento de los funcionarios públicos Fulvio Madaro, Néstor Ulloa y de directivos de la empresa sueca “corrobora lo que dijimos cuando presentamos la denuncia. En Skanska hubo cartelización, sobreprecios y coimas”, y pidió además que la causa avance “sobre el responsable máximo de la operación, que es el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido”.

“Con el fallo de Oyarbide, quedó claro que el Gobierno del entonces Presidente Néstor Kirchner mintió cuando dijo que el caso Skanska era un asunto de corrupción entre privados. El procesamiento de Ulloa y Madaro demuestra el grado de involucramiento de funcionarios públicos, que nosotros señalamos incluye a la máxima jerarquía del Ministerio de Planificación”, señaló Pérez, y agregó: “Skanska es el modelo de cómo se maneja la obra pública en la Argentina: licitaciones direccionadas a determinadas empresas, sobreprecios en la estimación de costos y retornos para los funcionarios intervinientes”.

“En la causa Skanska existen documentos que prueban que la empresa que organizó la licitación a pedido del Ministerio de Planificación, informó a los funcionarios de esa cartera de los sobreprecios existentes y a pesar de ello, recibió la orden de proceder con la adjudicación. Esos documentos son concluyentes para demostrar la participación activa de Planificación en el caso”, indicó el diputado de la CC.

Fecha: 17 de diciembre de 2010

Los diputados Adrián Pérez y Horacio Piemonte pedirán que se investigue al polémico ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por haber firmado resoluciones reintegrando gastos en obras de esa concesionaria por más de 10 millones de pesos.

Lo denuncian por fraude al Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y malversación de caudales públicos. La denuncia también incluye a los concesionarios y al ministro de Planificación, Julio De Vido, por haber sido el jefe de Jaime.

Jaime ya está procesado por haber aceptado que concesionarios le pagaran 15 viajes al exterior y está siendo investigando por enriquecimiento ilícito, entre otras causas.
El Belgrano Cargas fue concesionado en 1999 a la Unión Ferroviaria, que dirige José Pedraza y luego sufrió una serie de cambios accionarios (Ver “Una línea …”).

La denuncia se basa en un informe de la AFIP por una inspección realizada entre el 2004 y el 2005 que detectó que el Belgrano Cargas había presentado facturas para pagar menos IVA y Ganancias de empresas como Fuxpert SRL e Instalaciones y Servicios S.A. que están investigadas en otras causas como “usinas generadoras de facturación apócrifa” o evasión de impuestos (Ver “Una empresa …”).

Otras empresas como Tueroc SA, Tedim SA y Nicol SA, que también le facturaron a Belgrano Cargas, la AFIP no las encontró en los domicilios fiscales que habían declarado.

Uno de los reintegros firmados por Jaime fueron por obras realizadas en el tramo de las vías de Santa Fe debido a las inundaciones del año 2003.

Parte de las facturas eran de Instalaciones y Servicios. Por esta razón, los diputados de la Coalición Cívica acusaron a Jaime de haber pagado “reintegros (en base a facturas) por importantes millonarios de empresas inexistentes sin ejercer el debido control que le correspondía”.
Los reintegros de Jaime cuestionados son:

Resolución 822 del 2004 por la recuperación del puente de Guandacarenda, Salta, por 1.524.414 pesos.

Resolución 571 del 2005 por la reparación de tramos de vías en Salta por 4.206.202 pesos.

Resolución 405 del 2005 por la reparación de vías en Tucumán y otras provincias por 3.505.153 pesos.

Resolución 570 del 2005 por reparaciones en Córdoba por 2.673.505 pesos.

En su denuncia, adelanta a Clarín por fuentes parlamentarias, los diputados Pérez y Piamonte sostienen que “podríamos encontrarnos ante maniobras destinadas a defraudar a la administración pública mediante la presentación de facturas falsas y ante una falta de control de las autoridades”.

“El gran interrogante que surge de lo recientemente expuesto y que pretendemos investigar es el motivo por el cual se pagaron a cambio de facturas falsas obras realizadas por la empresa Belgrano Cargas SA y la red de complicidades que existieron en la administración pública”, finaliza la denuncia.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 27 de junio de 2010

Por: Daniel Santoro

Link: http://www.clarin.com/politica/gobierno/Belgrano-Cargas-denuncian-Jaime-facturas_0_287971331.html?print=1

“Hicimos una denuncia por la compra de 182 mil hectáreas por parte de Lázaro Báez, a través de empresas, en el margen derecho del río Santa Cruz. Gran parte serían inundadas, por lo que cobraría una indemnización más que interesante”, dijo Zuvic al canal Todo Noticias (TN).

“El informe de dominio de estas tierras señala que fueron adquiridas en 2006, 2007 y 2008″, agregó la dirigente del partido liderado por la diputada nacional Elisa Carrió. “Esta obra viene anunciándose hace muchísimos años”, recordó Zuvic.

De hecho, ayer la presidenta Cristina Fernández sostuvo en El Calafate que las futuras represas “se vienen planificando desde hace muchos años”. “Ya en los años 70, un gobernador constitucional como Jorge Cepernic hablaba de la represa del río Santa Cruz, y luego, en 1976, cuando yo vine a vivir en la provincia también se hablaba de estas obras”, expresó.

Las críticas de la oposición apuntan a un presunto negociado a través de las indemnizaciones que recibirán los propietarios de los campos que en el futuro serán inundados por la construcción de las represas.

Ayer Báez no sólo admitió haber comprado las tierras desde 2006 (ver recuadro). “De última, la cola de la inundación, a nuestros campos le podrán afectar en muy pocas hectáreas”, concedió.

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, defendió las compras de las tierras y dijo que todavía no se estableció el régimen de indemnizaciones para los afectados por la obra.

Un informe realizado por Zuvic hace dos años indicó que las estancias adquiridas por Báez son diez. La más grande tiene 40 mil hectáreas. Se ubican todas en la margen sur del río donde se construirán las represas de Cóndor Cliff y La Barrancosa.

Báez contraatacó ayer y sembró dudas sobre la fortuna de la familia del esposo de Zuvic, el también empresario y flamante diputado nacional por el radicalismo Eduardo Costa. “Nosotros participamos en licitaciones públicas, abiertas a todo el mundo, mientras que en otras épocas acá se adjudicaba en forma directa, en la época del proceso militar, para ser más exacto”, dijo Báez en Radio Continental.

La diputada nacional Patricia Bullrich recordó que la Coalición Cívica denunció hace tres años la compra de las tierras. “Aquí hubo un manejo de información privilegiada. Lo mismo pasó con los dos millones de dólares que compró Kirchner”, expresó Bullrich.

El informe sobre las tierras hecho por Zuvic fue tomado por los diputados nacionales Adrián Pérez y Juan Carlos Morán para incorporarlo a la investigación en la que Kirchner fue sobreseído del delito de enriquecimiento ilícito

Lázaro Báez: “Yo compré”

El empresario Lázaro Báez admitió ayer haber comprado estancias en Santa Cruz aunque dijo que se encuentran a 60 kilómetros de la futura instalación de las represas.

“Nosotros compramos los campos hace más de cuatro años. Imagínese que ni siquiera sabíamos que se iba a construir una represa”, le dijo Báez al periodista Alfredo Leuco, de Radio Continental.

Báez también reivindicó su amistad con el ex presidente Néstor Kirchner y destacó que le permitió participar de licitaciones en las que siempre competían firmas nacionales o multinacionales. Además, el empresario negó vinculación alguna con el hotel Alto Calafate.

De Vido: “Es constitucional”

“En los últimos cuarenta años este proyecto fue claramente público y quienes compraron o vendieron tierras no sé si son amigos, enemigos o aliados, el nombre que le quiera dar el diario, pero es gente que dentro del marco que le da la Constitución Nacional de poder comerciar, comprar tierras, ser propietarios, vender, lo ha hecho”. Así justificó el ministro de Planificación, Julio de Vido, las compras de campos que hicieron algunos empresarios, entre ellos el kirchnerista Lázaro Báez, de terrenos aleñados a la obra Cóndor Cliff y La Barrancosa.

En ese sentido remarcó para despejar suspicacias que “todavía no está dictada la ley de expropiación”.

Las claves

Mariana Zuvic. La titular del ARI de Santa Cruz se encargó de elaborar un trabajo de investigación sobre las compras de campos y detectó que fueron hechas por empresas controladas por Lázaro Báez.

182.000 Son las hectáreas que habría comprado Lázaro Báez en la margen sur del río Santa Cruz.

Adrián Pérez. El diputado de la Coalición Cívica tomó el informe de Zuvic y presentó una denuncia en el marco de la causa judicial en la que el juez Oyarbide investigó el presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner.

27 Son los millones de dólares que el empresario kirchnerista habría pagado por los campos.

1 La puesta en marcha de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, implicará el anegamiento de buena parte de los terrenos linderos. Esto obligará al Estado nacional a indemnizar a los propietarios de esos campos.

2 En los últimos cuatro años hubo empresas que compraron tierras en esa zona, en la margen sur del río Santa Cruz. Varias de ellas resultaron ser propiedad del empresario Lázaro Báez, uno de los más cercanos al ex presidente Néstor Kirchner.

3 Báez admitió que compró los campos, pero dijo que lo hizo cuando aún no se sabía que allí se iba a construir una represa. Sin embargo, el ministro Julio de Vido admitió que el proyecto fue público “en los últimos 40 años”.

4 La titular del ARI de Santa Cruz, Mariana Zuvic, investigó las compras y descubrió que una decena de las estancias habían pasado a manos de empresas controladas por Lázaro Báez: Valle Hermoso SRL y Austral Construcciones. Concluyó que el objetivo obtener una ganancia con la posterior indemnización estatal.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 16 de febrero de 2010

Por: Lucio Fernández Moores 

Link: www.clarin.com/diario/2010/02/16/elpais/p-02141082.htm

La compra de tierras aledañas al río Santa Cruz, donde se harán las represas, ya había sido denunciada por la oposición. Se trata de tierras que luego podrían ser inundadas y por las que se podrían cobrar cuantiosas indemnizaciones si son expropiadas. La oposición apuntó a uno de los empresarios favoritos del kirchnerismo, Lázaro Báez.

“Resulta muy difícil creer que un empresario tan cercano al Gobierno no supiera del proyecto del complejo al momento de adquirir las tierras. Consideramos que Lázaro Báez ha adquirido los terrenos a sabiendas de ello y bajo las indicaciones de Néstor Kirchner”, sostuvieron en diciembre ante la Justicia los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Juan Carlos Morán.

La denuncia de los legisladores fue hecha en el marco de la causa en la que el juez federal Noberto Oyarbide investigó a Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado luego sobreseyó al ex presidente. Morán dijo a Clarín que pedirá incorporar estos datos a la denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió y otros legisladores de la Coalición Cívica contra Kirchner, empresarios y ministros por asociación ilícita.

Pérez y Morán se basaron en informaciones periodísticas que reflejaron un trabajo hecho al respecto por la titular del ARI santacruceño, Mariana Zuvic. De acuerdo con ese trabajo, serían una decena las estancias que habría comprado Báez en la zona donde se instalará el complejo hidroeléctrico. Por ellas, se habrían pagado cerca de 27 millones de dólares. La mayoría de esas estancias estarían a nombre de Valle Hermoso SRL y Austral Construcciones.

En total, son unas 182 mil hectáreas, la mayor parte de ellas sobre la margen sur del río Santa Cruz. Los parajes Cóndor Cliff y La Barrancosa se encuentran a unos 250 y 185 kilómetros, respectivamente, de la desembocadura del río en el Océano Atlántico. El río nace del desagüe de los lagos Viedma y Argentino, cerca de El Calafate.

Allí estará hoy la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para inaugurar obras de pavimentación en la ruta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno. Báez, ex gerente del banco provincial santacruceño, ya había sido vinculado con el hotel Alto Calafate, el mismo por el que el ex presidente Néstor Kirchner dijo haber comprado dos millones de dólares. Su principal empresa, Austral Construcciones, tiene alta presencia en la obra pública santacruceña.

La apertura de los sobres con las ofertas para la construcción del complejo hidroeléctrico estaba inicialmente prevista para hoy pero fue pasada para el viernes. Se llevará a cabo en la ciudad de Río Gallegos, capital santacruceña. Se disputan la adjudicación dos grupos empresarios de fluida relación con el Gobierno. Uno es el que conforman la Corporación América, Pescarmona y la brasileña Camargo Correa y el otro está integrado por Electroingeniería, IECSA y Cartellone.

Ayer, pese a que el ministro de la Producción santacruceño, Jaime Alvarez, confirmó que son dos los grupos en carrera, desde la cartera nacional de Planificación e Infraestructura, a cargo de Julio De Vido, se aclaró que son tres los consorcios que “retiraron pliegos y están en condiciones de presentar ofertas el próximo 19 de febrero” (ver página 4).

Como mínimo, la obra requerirá una inversión estatal de $ 15.406 millones. Esa cifra está prevista en el presupuesto oficial, sin IVA. El costo supera al que iba a tener el Tren Bala. Se trata de la contratación de la mayor obra de infraestructura de la gestión kirchnerista. La obra demandará seis años y las dos usinas tendrán una potencia instalada de 1.740 MW.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 15 de febrero de 2010

Por: Lucio Fernández Moores

Link: www.clarin.com/diario/2010/02/15/elpais/p-02140421.htm

El bloque de diputados de la Coalición Cívica denunció ayer que el Gobierno “dilapida” los recursos del Estado al financiar el creciente déficit de Aerolíneas Argentinas y cuestionó los presuntos sobreprecios en el contrato de compra de 20 nuevos aviones Embraer, que tendrán un costo total de 700 millones de dólares.

Asimismo, los diputados anticiparon que se presentarán ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue el contrato entre Aerolíneas Argentinas y el hotel Los Sauces, en El Calafate, propiedad de Néstor y Cristina Kirchner, lo que a su juicio viola la ley de ética pública.

Los legisladores hicieron hincapié en el contrato de compra de 20 nuevos aviones suscripto con la empresa brasileña Embraer. Según anticipó ayer LA NACION, dicha compra tendría un costo para el Estado argentino de 34,9 millones de dólares por cada avión, un precio superior a los pagados por otras líneas aéreas por modelos iguales.

“Aerolíneas Argentinas es usada tan sólo por el 5 por ciento de los ciudadanos de este país, pero todos debemos solventar el déficit de la compañía, que trepó de 475 millones de pesos en 2007 a 2505 millones de pesos proyectados a diciembre de este año. Esto significa que cada ciudadano subsidia 255 pesos por pasajero embarcado”, enfatizó la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica).

Los diputados cuestionaron, además, un artículo incluido en el proyecto de ley de presupuesto 2010 que dispone que el Estado deberá, por este año, solventar el pasivo de Aerolíneas Argentinas. “Es una cláusula vergonzosa: el Estado argentino debe hacerse cargo no sólo del déficit operativo de Aerolíneas Argentinas, sino de la deuda que contrajo la empresa en tiempos de la gestión Marsans, sin establecer límites a esas erogaciones. Esto es inaceptable: la Argentina no debe hacerse cargo de esa deuda y se debe establecer un tope al déficit operativo sobre la base de un plan de negocios razonable para la línea aérea”, sostuvo el jefe de bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez.

El peso de Jaime

Los legisladores cuestionaron la decisión del Gobierno de estatizar la empresa aérea cuando, a su juicio, el mejor camino era crear una compañía nueva. “Ahora no es una empresa estatizada, es una empresa kirchnerizada, cooptada por los sindicatos y Julio De Vido [ministro de Planificación]“, asestó Bullrich.

La diputada recordó cuando el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime insistía en que la estatización de la empresa sólo le iba a costar un peso al Estado. “Al contrario, nos cuesta mucho más y es inmoral que el Estado se haga cargo de un déficit millonario con un 35 por ciento de pobres en el país”, enfatizó.

Los legisladores también cuestionaron que el Estado subsidie la tarifa a El Calafate en detrimento de otros destinos. “Aerolíneas tiene hoy una tarifa subsidiada con destino a El Calafate por valor de 0,17 pesos por kilómetro, mientras que a Bahía Blanca, ciudad industrial, es de 0,47 pesos por kilómetro”, enfatizó Bullrich.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 29 de septiembre de 2009

Por: Laura Serra

Link:  www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1180143

La Coalición Cívica amplió su denuncia contra el secretario de Energía Daniel Cameron y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido por supuestas irregularidades en la administración del estatal Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.

Los diputados Juan Carlos Morán y Adrián Peréz acusaron la semana pasada a Cameron y De Vido por los supuestos delitos de fraude al estado y violación de los deberes de funcionario público. Lo hicieron en la causa que abrió el año pasado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el ex presidente Néstor Kirchner por supuesta asociación ilícita.

Los legisladores pidieron al juez que investigue “cual fue el destino del depósito en la cuenta del Banco Nación 2619301010 sucursal Islas Caimán u$s 76.112.400,70 y la Inversión de $ 163.025.135,41 en Pellegrini Fondos comunes de Inversión”.

También solicitaron que se determine si se pagaron “sobreprecios en el pago con fondos del FFTEF (Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal) de pasajes aéreos al exterior para diferentes miembros del CAF (Comité de Administración del Fondo)”.

Según la CC, los funcionarios denunciados “decidieron de manera totalmente arbitraria e injustificada, que esa interconexión (en la Patagonia) fuera la primer obra financiada por el FFTEF, a pesar de que la Dirección Nacional de Prospectiva de la Subsecretaría de Energía Eléctrica había establecido como prioridad la interconexión NOA NEA, en su primera etapa (278 km. de línea de 500 Kv), por encima de las demás”.

“Por lo tanto el Secretario de Energía como Presidente del C. A. F desatendió la opinión de dicha dirección que opera en la órbita de su secretaría, incluyendo como prioritarias los tramos Choele Choel-Puerto Madryn – Puerto Madryn- Pico Truncado y la ampliación correspondiente al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la central hidroeléctrica Yacyretá”.

Estas obras “son financiadas íntegramente con los aportes del Tesoro Nacional al FFTEF, cuyas obras fueron adjudicadas a la empresa Electroingeniería cuyo presidente es Gerardo Ferreyra, siendo dicha empresa a su vez accionista y controlante de la firma INTESAR S.A” finalizaron. Ferreyra es un empresario muy cercano al kirchnerismo.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 14 de julio de 2009

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/07/14/elpais/p-01957826.htm

Los legisladores, con Adrián Pérez a la cabeza, concurrieron al juzgado federal de Julián Ercolini, que investiga a Jaime por presunta asociación ilícita. Se trata de un expediente iniciado por una denuncia de Elisa Carrió.

Los diputados argumentan que Jaime podría viajar al exterior para eludir el accionar de la Justicia, que lo investiga en una treintena de causas.

“Tiene 30 causas abiertas, que son todas muy graves, por lo tanto, [la justicia] tiene que tomar recaudos ante una situación de estas características”, sostuvo Adrián Pérez, jefe de la bancada de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, en la puerta de los tribunales.

“Es tiempo de que la Justicia avance y que haya declaración indagatoria y pronto procesamiento”, añadió.

En la mira por el avión. Entre ellas las causas abiertas, se destacan dos que avanzan en el fuero federal en las que se investigan varios vuelos privados que realizó Jaime. Las causas tomaron fuerza después de la investigación que publicó LA NACION en mayo pasado, en la que se daba cuenta de que Jaime se movía en un jet de ocho pasajeros, adquirido en Miami el 24 de diciembre pasado por poco más de cuatro millones de dólares. También existe otra causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Jaime, uno de los hombres más cuestionados de la era kirchnerista entre otras cosas por el manejo de subsidios millonarios, presentó su renuncia ayer acorralado por las causas judiciales en su contra y, en el terreno político, por el pobre desempeño del kirchnerismo en Córdoba, su provincia.

Allí, el candidato del oficialismo, Eduardo Acastello, de quien Jaime fue jefe de campaña, obtuvo un lejano cuarto puesto.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: jueves, 2 de julio de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1146029

En su dictamen, la Cámara solicitó que la distribución del dinero sea basada en el “principio básico de igualdad”. Y le dio pie al ARI para que vuelva a fundamentar el pedido de 400 mil pesos que hizo el año pasado al Gobierno, al que intimó a pronunciarse debidamente sobre el mismo, que antes había sido denegado.

Por su lado, el director nacional Electoral, Alejandro Tullio, salió al cruce de la denuncia y negó que exista discrecionalidad en el manejo de los fondos electorales. Argumentó que la presentación de la agrupación era “un disparate” y que “nada” tenía que ver con la campaña electoral, sino con la realización de un congreso partidario en el 2008.

Con su fallo, la Cámara revocó el aval que en primera instancia le había dado la jueza electoral María Servini de Cubría a la postura de la Casa Rosada. La Cámara que avaló el pedido opositor es la misma que días atrás habilitó las candidaturas a diputado del ex presidente Néstor Kirchner, del gobernador bonaerense Daniel Scioli y del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que habían impugnado las fuerzas que integran el Acuerdo Cívico.

La decisión fue celebrada por la dirigencia del frente que integran la Coalición Cívica y la UCR, durante una conferencia de prensa que dieron ayer en el Instituto Hanna Arendt -sede del ARI-, la jefa de campaña, Patricia Bullrich y el titular del radicalismo porteño, Carlos Mas Vélez. Allí también se reiteraron advertencias sobre presuntas maniobras para manipular encuestas (ver Suben…)

Según la denuncia que había presentado el apoderado del ARI, el diputado Adrián Pérez, el Ministerio del Interior asignó como aporte extraordinario $ 1.140.000 al PJ en el 2008, contra $ 100.000 que recibió el ARI, 300 mil menos de lo que había solicitado. Aunque la sentencia no obliga al Estado a darle el dinero denegado, permite al ARI insistir con el pedido. Además, obliga al partido y al Gobierno a justificar su respuesta.

“El ejercicio de facultades discrecionales no exime a la autoridad estatal de observar el principio de razonabilidad”, señala el tribunal. Y concluye que “no es posible descartar un tratamiento desigual verdaderamente injustificado”.

En tanto, Tullio explicó que en la asignación de fondos se tiene en cuenta la cantidad de afiliados a cada partido.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: Sábado, 6 de junio de 2009

Por: natasha Niebieskikwiat

Link: http://www.clarin.com/diario/2009/06/06/elpais/p-01933973.htm

El uso que hace Néstor Kirchner de la flota presidencial y de otros bienes del Estado con fines partidarios ya acumula tres denuncias en la Justicia.

A la acusación hecha anteayer por el abogado Ricardo Monner Sans, ayer se sumaron otras dos presentaciones, de los diputados de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernando Sánchez. Una fue tramitada ante la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Julio Vitobello; la otra, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido.

Allí, los legisladores pidieron que se investigue al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, por “malversación de fondos públicos y peculado”.

Anteayer, LA NACION había revelado que Kirchner viajó a un acto del Partido Justicialista en Jujuy en el avión presidencial Tango 10, que utilizó helicópteros oficiales en dos de sus tres últimos actos en el conurbano (filmados por La Corte, una productora contratada por el Gobierno) y que hubo asistencia allí de personal de Ceremonial y Protocolo de la Casa Rosada.

Los diputados cuestionaron en la presentación “las intenciones electorales” del líder peronista. “Asistimos al desvío de recursos del Estado en beneficio de un partido para posicionar sus candidatos. Es una clara forma de corrupción que amerita una profunda investigación”, expresaron en el texto de la denuncia.

Acusaron a Randazzo y, sobre todo, a Parrilli, por ser los funcionarios encargados de “autorizar” los viajes de la flota presidencial y preparar la logística de los viajes.

“En el Gobierno la malversación es constante -cuestionó Sánchez ayer, en diálogo con LA NACION-. Desvían fondos para el enriquecimiento personal y para hacer política partidaria. Su forma de obtener dinero es defraudando al Estado. Están violando las leyes básicas de la contienda democrática.”

Para los denunciantes, la única asistencia del Estado autorizada para el líder peronista en un acto partidario es la seguridad.

“El resto no es justificable. La Justicia debería exigir los gastos públicos extras que hubo en cada acto y castigar a los responsables”, dijo Sánchez. Las penas por malversación de fondos son de un mes a tres años de prisión.

El fiscal Garrido ayer derivó la denuncia de los legisladores al juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La razón: allí el abogado Monner Sans había hecho su denuncia por los mismos hechos; acusaba al jefe del PJ de “uso indebido de bienes públicos”.

En el Congreso, legisladores de la oposición ayer consensuaron el detalle de las explicaciones que exigirán a partir del 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones.

El diputado de Pro Luis Galvalisi adelantó que hará un pedido oficial para que el Gobierno informe “en carácter de qué” viaja el ex presidente en la flota presidencial, que se “detallen los montos asignados y funcionarios autorizantes” y si “los gastos fueron asignados a las cuentas del gobierno nacional”.

Referencia: nota dirio La Nación

Fecha: sábado, 21 de febrero de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1101949

Legisladores y asesores jurídicos de la Coalición Cívica, el macrismo y el peronismo disidente avanzaron ayer en la elaboración de la denuncia, que apuntará a demostrar la invalidez del capítulo del paquete anticrisis referido a la repatriación de capitales, por considerar que obtuvo un voto menos del requerido para su aprobación en particular. También Claudio Lozano, de la CTA, hará una presentación por su cuenta. Aunque coinciden en cuestionar la votación, por ahora la UCR y el cobismo analizan si corresponde llevar el caso a la Justicia.

Los cuestionamientos se basan en que el proyecto modifica las alícuotas de la coparticipación tributaria con las provincias y de acuerdo a la Constitución para su aprobación se requiere la mayoría absoluta del cuerpo. Es decir 129 votos. Los K con sus aliados llegaron a 128. En la votación en general de la ley (que incluye una moratoria impositiva y el blanqueo de personal), habían llegado a 131.

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió salió ayer a avalar la postura opositora y dijo que la ley “es inconstitucional, sucia, escandalosa, inmoral y está viciada de nulidad”.

Sobre la discordia en torno a la necesidad o no de mayorías especiales sostuvo que “el capítulo específico del blanqueo requiere 129 votos, porque en realidad exime de impuestos. Cuando se blanquean capitales, se exime de impuestos y en la medida que se exime se tocan impuestos y asignaciones específicas y se necesita una mayoría de la Cámara”.

Mientras tanto, el oficialismo apura la marcha para tratar de sancionar la ley -que incluye una amplia moratoria impositiva y el blanqueo de personal, el próximo jueves en el Senado, luego de darle ayer dictamen favorable en comisión.

Para reforzar la estrategia de los legisladores propios, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó ayer que “no se necesitaban mayorías especiales porque esta ley no afecta el reparto de la coparticipación”. El artículo 75 de la Constitución señala, en su inciso tercero, que se requiere de la mitad más uno de los miembros de las cámaras para “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables”.

Por su lado, el socialista K Ariel Basteiro, que votó a favor del paquete pero rechazó el capítulo del blanqueo, aseguró que la actitud de la oposición “atenta contra el propio Congreso, porque abre la puerta para que otro poder, como el judicial, pueda intervenir ante cualquier votación”.

Referencia: nota diario Clarín.
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2008
Por: Marcelo Helfgot
Link: http://www.clarin.com/diario/2008/12/13/elpais/p-01821268.htm