El legislador de la CC explicó: “Nuestra propuesta consiste en actualizar los mínimos no imponibles de ganancias correspondientes a la cuarta categoría, según la evolución que registró la tasa de inflación desde la última actualización, que fue en setiembre del 2008. Por lo tanto tomando, según los índices de diferentes provincias, nuestra posición es llevar el mínimo no imponible para un soltero a $7.423.- y para un casado con hijos a $10.262.”

Según Pérez, “La falta de actualización del impuesto a las ganancias de acuerdo al incremento del costo de vida, es decir según la evolución de la tasa de inflación, origina un gran impacto sobre una importante porción de la clase trabajadora, ya que lleva a que se pague impuesto sobre salarios que no acompañaron tales incrementos, perdiendo de esta forma equidad y progresividad el tributo, dos condiciones básicas que debe tener un impuesto de estas características”.

Hasta ahora existían tres pedidos de sesión especial para mañana, con la Coalición Cívica tomando un camino propio y el radicalismo sosteniendo dos variantes. Pero ayer la oposición decidió unificar la sesión especial y realizarla finalmente mañana a las 13.

De todas formas, no hay nada seguro aún sobre la sesión. El kirchnerismo pelea para intentar frenarla mientras se juega a que la oposición no logre el quórum. El oficialismo no participará de la sesión, pero ingresará si se reúne el número.

Acuerdos

La decisión de unificar la sesión especial se tomó después que la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el socialismo, GEN y el Peronismo Federal se pusieran de acuerdo en otro tema.

Todos solicitaron para el mismo miércoles (mañana) la presencia de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en un plenario de comisiones de la Cámara baja, previsto para las 10. Además, acordaron incluir en la sesión especial el tratamiento del proyecto de ley que establece un régimen a la distribución de la pauta publicitaria, que figuraba en el pedido se sesión especial junto con la suba en el mínimo no imponible de Ganancias impulsado por el radicalismo, pero no en el que presentó Elisa Carrió.

La Coalición Cívica le había pedido una sesión especial para debatir la suba en el piso de Ganancias a Eduardo Fellner antes que el resto de los bloques. Y planteó desde un principio que el Congreso debía aprobarla, mientras el Gobierno se negaba a discutir el tema a pesar de la presión de la CGT que alega que las paritarias serán más duras si no se baja la presión de ese impuesto sobre los salarios.

Ayer, Adrián Pérez, compañero de Carrió en la fórmula presidencial, insistió: «Les pedimos a los trabajadores, a sus representantes y a los pequeños y medianos empresarios que nos acompañen en la sesión especial del miércoles para que se vote el proyecto que eleva el piso de pago de Ganancias a $ 6.100 para solteros y $ 7.200 a un casado con hijos», dijo. «Luego de ese primer paso tenemos que encarar una reforma tributaria profunda que beneficie a las pymes generadoras de empleo y desterrar para siempre el sistema actual que favorece al capital especulativo y castiga al que quiere invertir en la economía real», terminó.

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: 29 de febrero de 2011

Link: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=574986

Adrián Pérez (CC): “El gran desafío es cómo construimos un país que pueda crecer y desarrollarse. Van a ser dos años difíciles y el compromiso de las fuerzas progresistas es ver cómo en este escenario complicado ponemos en la agenda pública los temas que el Poder no quiere poner y los temas que la sociedad quiere que se debatan. Vamos a estar juntos nosotros y ustedes; vamos a seguir trabajando juntos”.

El artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010, en efecto, modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones.

Para la oposición, las intenciones del Poder Ejecutivo son claras: esconder serios problemas de financiamiento ausentes en la estimación de ingresos del proyecto de ley, que la mayoría kirchnerista se dispone a aprobar y girar al Senado a más tardar el jueves próximo. Para lograr ese fin, critican los opositores peronistas, de Pro, la Coalición Cívica y la centroizquierda, desde el Gobierno no vacilan en comprometer ejercicios futuros de la administración, en este caso el último tramo de gestión de la presidenta Cristina Kirchner, un crucial año electoral.

“Hasta ahora, el Ejecutivo escondía el superávit para gastar a discreción. Ahora pedalea los gastos y los patea para adelante porque no tiene cómo pagarlos”, dijo a LA NACION el peronista disidente Jorge Sarghini (Unión Peronista-Buenos Aires)

Luis Galvalisi (Pro-Capital) denunció sin éxito las intenciones del Poder Ejecutivo en ese artículo el jueves pasado, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja. “Se compromete el futuro del país con gastos que se hacen hoy. Es como comprarse un departamento ahora y prometer pagarlo el año próximo, aunque no se sepa si se tendrán los recursos para hacerlo”, graficó el diputado demoprogresista. Para Galvalisi, “este artículo viola toda norma presupuestaria, que es básicamente una descripción de cuánto se va a gastar y cómo lo van a pagar”.

Desde la centroizquierda, el diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur-Capital) afirmó: “Con este agregado, el Gobierno está mostrando la hilacha. Proyectan superávit, pero a la vez abren la puerta para que parte de los gastos pasen a 2011″. Según el economista de la CTA, “el uso de reservas y fondos de la Anses, el acuerdo con el FMI y artículos como éste demuestran las dificultades que tienen para cerrar el ejercicio. Es un presupuesto de ajuste”, interpretó.

“Es un disparate”, definió el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires). Para el legislador, el polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, en este caso la que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. “Las dos medidas, en su conjunto, permiten dibujar el presupuesto para obtener un superávit que no es tal”, agregó Pérez.

La estrategia global del Gobierno es concentrar en sus manos más del 70 por ciento de los recursos tributarios y sólo beneficiar con recursos extras (u obras públicas) a las provincias que compartan su proyecto político. Esta estrategia está por repetirse ante la pasividad de los gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.

Oportunidad perdida

La oportunidad existe, pero los gobernadores no están dispuestos a aprovecharla: en efecto, junto con el presupuesto 2010, el Gobierno necesita como el agua la prórroga de una decena de impuestos que vencen a fin de año, entre ellos Ganancias, Bienes Personales y de débitos y créditos bancarios (cheque). La oposición buscará condicionar esa prórroga a que se coparticipe en mayor medida con las provincias la recaudación de esos tributos, sobre todo el de cheque. En el oficialismo sólo se oyeron tibios reclamos, pero no parece dispuesto a hacer causa común a favor de sus provincias.

A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les concederá a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (aunque, de manera deliberada, el Gobierno evitó hacer taxativa esa concesión).

También les otorgó la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y endeudamiento.

Con la colaboración de Laura Serra

2,5%
Crecimiento económico

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Las provincias, cada vez más ahogadas

• Tal como esperaban, el presupuesto 2010 no trae buenas noticias para las ya de por sí golpeadas arcas provinciales. Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. Sin computar los recursos de Seguridad Social, las provincias percibirían (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado, unos $ 264.688 millones.

• Superpoderes. Seguirán intactos, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias. El oficialismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.

• Caja chica. El Gobierno aumentó casi el 30% una partida cuyos recursos puede manejar a discreción. Son “obligaciones a cargo del Tesoro”, unos 20.000 millones de pesos.

• Financiamiento. La oposición advierte que el Gobierno tendrá serios problemas para financiar sus gastos. Por ello, alertan, apelará como hace ahora a los fondos del Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI.

• Es la proyección prevista en el presupuesto, donde se estima una inflación del 6,6%.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: 13 de octubre de 2009

Por: Jaime Rosemberg

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1185676

Creemos que en pleno desarrollo de la sociedad del conocimiento, la comunicación es un aspecto central que requiere una regulación del Estado, para evitar la concentración y asegurar la pluralidad de medios a través de disposiciones antimonopólicas. Pero esa regulación también debe dar garantías para que la prensa pueda cumplir con su rol fundamental, que es controlar al poder.

El texto final de la ley invierte ese rol. Debilita el sistema de medios a través de la administración de la pauta oficial por una autoridad de aplicación controlada por el oficialismo, sin reglas ni criterios objetivos, con atribuciones para otorgar licencias y hacerlas caducar, que dependerá del gobierno de turno para ejercer su función con una mínima injerencia de la oposición. Eso es pura discrecionalidad. Por tanto era central que el proyecto garantizase una perfecta autonomía de la autoridad de aplicación respecto del Gobierno. Y eso no se logró, a pesar de que fue un reclamo de todos los sectores que participaron en las audiencias públicas y en los foros regionales en los que algunos, no todos los sectores, pudieron expresarse. Del mismo modo la ley garantiza que los medios públicos se sigan manejando con la misma parcialidad con la que se vienen manejando desde hace años, en los que prevalece la línea editorial oficialista y se restringe la mirada crítica de la oposición. La ley habilita la discrecionalidad y justamente eso es lo que debe evitar cualquier norma que vote el Parlamento. Por eso decimos que esta ley debe ser revisada y corregida por el próximo Congreso. Pero en uso de su probable mayoría a partir del 10 de diciembre, la oposición debe actuar con amplitud y generosidad. Debe garantizar un debate razonable y contribuir a lograr lo que el kirchnerismo frustró: que la Argentina no vuelva a perder otra oportunidad de tener una política de Estado expresada en una ley de consenso.

Adrián Pérez (Coalición Cívica, jefe del bloque de diputados)

Referencia: nota diario El Cronista Comercial

Fecha: 12 de octubre de 2009

Link: www.cronista.com/notas/207103-debe-ser-revisada-y-corregida-el-proximo-congreso

El diputado Francisco de Narváez, en tanto, recordó que hace un mes, tras reunirse con el vice Julio Cobos, líderes de Unión-PRO, del radicalismo y el cobismo reclamaron postergar el debate sobre la ley hasta el recambio legislativo, y advirtieron que si la norma era aprobada iban a impulsar su revisión. De Narváez ratificó aquella decisión de revisar “todas las leyes” sancionadas desde el 28 de junio, en particular la ley de Medios. “No es una buena ley, lo que intenta es modificar la opinión de las personas a través de condicionar la información”, afirmó.Adrián Perez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, coincidió en que a partir del 10 de diciembre buscarán acuerdos legislativos en temas como el ingreso universal a la niñez, el consejo de la Magistratura, el INDEC, y también la Ley de Medios. “Hay que discutir modificaciones a los temas más críticos y perjudiciales de esta ley, que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno”, señaló Perez.

Por su parte, el ex gobernador bonaerense Felipe Solá, que asumirá una banca en diciembre, advirtió que “el país político quiere una ley de Medios” y opinó que en Diputados “se va a requerir de muchos consensos”. Por ello reclamó “ser realistas e ir por lo posible”, y sostuvo que “hay que volver a plantear la discusión con un dictamen único de la oposición, un acuerdo global sobre artículos que estamos todos convencidos que deben cambiar, como la autoridad de aplicación, el plazo de desinversión y la potestad del Ejecutivo de adjudicar licencias en ciudades de más de 500 mil habitantes”.La diputada electa Gabriela Michetti (PRO), también confirmó que impulsarán cambios en la ley: “Tiene aspectos que son inconstitucionales y que no le hacen bien a la población, por la libertad de prensa; ni a la industria, porque no favorecen el aggiornamiento permanente. Creemos que desde diciembre vamos a poder cambiar cosas que mejoren esta norma”.

A juicio de De Narváez la discusión se dará en marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias de 2010. Pero otros referentes, como Aguad, dijeron que el Congreso podría autoconvocarse a extraordinarias, según un argumento que dijo haber tomado de Cristina Kirchner cuando era senadora.  Frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner haga valer el veto presidencial a eventuales modificaciones, Adrián Pérez dijo que “traería un conflicto de poderes” que no se respetara la voluntad legislativa. Aguad fue más lejos y advirtió que “el desconocimiento sistemático de la voluntad del Congreso constituye un mal desempeño de funciones, lo que podría iniciar un proceso de juicio político.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 12 de octubre de 2009

Foto: Diario Clarín

http://www.clarin.com/diario/2009/10/12/elpais/p-02017162.htm

Los diputados de la oposición resolvieron impulsar una sesión especial para el próximo miércoles con el fin de tratar los proyectos en danza que prevén derogar el decreto y las resoluciones que dieron vía libre a los polémicos aumentos de tarifas los servicios de gas y electricidad.

Los legisladores de las distintas vertientes opositoras quieren llevar al recinto dos dictámenes que se habían aprobado en la Comisión de Energía y Combustibles a principios de agosto y que el oficialismo decidió trabar alegando cuestiones reglamentarias.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez destacó ayer que “si finalmente no son validados los despachos que apuntan a eliminar la subas, buscaremos plantear en el recinto todos los proyectos que presentó la oposición en contra del tarifazo”.

Los dictámenes que están en juego establecen la nulidad de los incrementos tarifarios, la revisión integral de los valores que pagan las distintas categorías de usuarios y la inclusión de un régimen de tarifa social para los sectores de menores recursos.

La decisión de llamar a una sesión especial para la próxima semana fue adoptada ayer por los diputados de la Comisión de Energía que se autoconvocaron ante las maniobras dilatorias que venían desplegando los legisladores kirchneristas.

Junto con los representantes de la Coalición Cívica, confirmaron su asistencia a la sesión del próximo miércoles los miembros del bloque de la UCR, los socialistas, el interbloque PRO, el Frente Cívico y Social de Catamarca, los peronistas disidentes y Proyecto Sur.

El vicepresidente de la comisión de Energía, Carlos Urlich (UCR), sostuvo que “creemos que no se puede dar un salto extremo de un día para otro en materia de tarifas y tampoco trasladar los errores del Gobierno a los usuarios”.

A su vez, el diputado Juan Carlos Morán (CC-Buenos Aires) insistió en que el cargo tarifario del gas “es inconstitucional porque es un impuesto que debe ser aprobado por el Congreso”.

En tanto, Claudio Lozano (Proyecto Sur) puntualizó que además de dejar sin efecto el tarifazo, el tema de fondo es “la rentabilidad de las petroleras que se basan en un marco regulatorio de la década pasada que se debe revisar porque es lo que empuja el aumento de tarifas”.

Por su parte, el titular de Deuco, Pedro Busetti indicó que entre hoy y mañana habrá “protestas activas” frente a los prestadores de gas y electricidad y que la próxima semana se convocará a una movilización de usuarios al Congreso para apoyar la sesión especial que impulsa la oposición.

Busetti recomendó a los usuarios que les exijan a las distribuidoras las facturas sin los aumentos en línea con los fallos de la justicia que permiten pagar a cuenta sin el riesgo de que le corten el servicio.

Por su parte, la titular de Adelco, Ana María Luro, describió que “es una situación catastrófica” y cuestionó que el “tarifazo” retorne de manera intempestiva y no en forma progresiva porque hay “facturas imposibles de pagar”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 1 de octubre de 2009

Link: /www.clarin.com/diario/2009/10/01/elpais/p-02009853.htm

Aunque el Gobierno jura y perjura que el año que viene habrá un superávit primario del 2,3% y que después de pagar los servicios de la deuda aún restarán 0,5% del PBI (algo así como 621,5 millones de pesos) desde la oposición aseguran que en el 2010 las cuentas del Gobierno estarán al rojo vivo.

“El déficit financiero será de 15.000 millones de pesos, mientras que el resultado primario será de un punto por debajo del producto”, pronosticó Alfonso Prat Gay en diálogo con Clarín.

El diputado electo por la Coalición Cívica se mostró preocupado por saber “cómo se financiará el Gobierno el año próximo si se tiene en cuenta que no tiene acceso a los mercados de crédito”. Y señaló: “Es posible que vuelva a hacer lo que hizo este año, que se apropió de fondos que no le corresponden del BCRA, tomó dinero del Banco Nación, de la ANSES y el PAMI”.

A su lado, Adrián Pérez, se refirió a los superpoderes y al grado de rigidez del proyecto de que estima los ingresos y los gastos para el año que viene.

“El Presupuesto puede ser una gran ficción, según lo disponga el Jefe de Gabinete”, dijo el presidente del bloque de la Coalición Cívica. Y precisó que “el problema es que desde la Jefatura de Gabinete se puede disponer sin tener que rendir cuentas del 5% de los fondos, que representan un 30% del total del gasto no rígido de todo el Presupuesto”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 25 de septiembre de 2009

Por: Candelaria de la Sota

Link: www.clarin.com/diario/2009/09/25/elpais/p-02005687.htm