Valoró como positiva la muestra de ciencia y tecnología organizada por el Gobierno nacional.

El diputado nacional y candidato a vicepresidente por la Coalición Cívica, Adrián Pérez, visitó hoy la muestra Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli y señaló que la exposición organizada por el Gobierno nacional es “positiva y va en el camino correcto de favorecer la vinculación entre conocimiento y producción”.

“Tecnópolis es una iniciativa positiva del Gobierno nacional. Es importante que el Estado refuerce la política en ciencia y tecnología, y en este aspecto se han dado señales positivas después de muchos años de desidia. Creemos que todas las fuerzas políticas deben comprometerse con la idea de que la inversión en conocimiento es una política estratégica para el desarrollo del país”, destacó el compañero de fórmula de Elisa Carrió.

“Para que el crecimiento del país sea sustentable es central vincular a los distintos sectores productivos, ya sea del campo como de la industria, con las universidades y los centros de investigación científica que tiene el país y en ese sentido una iniciativa como la de Tecnópolis, va en el camino correcto”, señaló Pérez.

La fórmula presidencial de la Coalición Cívica que integran Elisa Carrió y Adrián Pérez junto a los candidatos a Gobernador de la provincia de Buenos Aires y a Intendenta de la Ciudad de Córdoba, Juan Carlos Morán y Laura Sesma y ell coordinador agropecuario Andrés Domínguez se reunieron esta tarde con la conducción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y analizaron las políticas para el sector.

Los dirigentes de la CC llegaron a la sede de CARBAP de la Ciudad de Buenos Aires hoy a las 16, allí conversaron con Alberto Frola (Presidente de CARBAP), Norma Urruty (Vpte. 2º), Alberto Larrañaga (Secretario), Matías de Velazco (Prosecretario), Horacio Salaverri (Tesorero), Fermín Echeverría (Protesorero), Alfredo Rodes (Director Ejecutivo) y Juan José Linari.

El Consejo Directivo de CARBAP planteó la problemática del trigo y la ganadería, qnte los cuales Carrió expuso su propuesta de apertura inmediata de las importaciones para el campo. La líder de la Coalición Cívica también explicó su proyecto de Ley de Tierras y les aclaró que no es contra de la propiedad privada sino para proteger a los productores y a la soberanía alimentaria ante el nuevo escenario mundial.

Carrió también expresó su compromiso de bajar las retenciones a la soja al 25% y la eliminación para el resto de os productos agropecuarios. Pérez sostuvo “vamos a construir un país desarrollado y próspero con eje en el apoyo a los sectores productivos ya sea del campo como de la industria”.

“Planteamos la prosperidad del país depende de la inversión y de la posibilidad de diversificar exportaciones para generar empleo genuino en todo el territorio”, concluyó Pérez.

Para Francisco de Narváez, diputado del Peronismo disidente, “Cristina Fernández de Kirchner frustró la ilusión de millones de argentinos que desean vivir en un país normal, porque inseguridad, desempleo, aumento de precios y conflictos todos los días son el saldo de estos dos años”.

En cambio, el jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto, consideró que “la gestión de la Presidenta fue realmente importante y de profundos cambios estructurales, como los cambios en el sistema estatal de jubilaciones y la asignación universal por hijo”.

En la vereda de enfrente, el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez, calificó de negativo el balance de estos dos años de gestión: “Hay menos calidad institucional y más pobreza y desigualdad”, dijo.

En la misma línea opinó el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, quien consideró que “el grave defecto del gobierno de Cristina Kirchner es haber intentado tener un poder absoluto mediante la división y polarización de la sociedad”.

La pérdida de calidad de las instituciones fue un lugar común entre las críticas que esbozaron los distintos referentes de la oposición.

“La agenda política que instaló la segunda parte de la gestión Kirchner no es fruto justamente de discusiones maduras entre sectores políticos, sociales y económicos”, dijo el titular de la UCR, Ernesto Sanz. Y agregó que “no sólo desde lo procedimental sino mirando el fondo de la gestión, el gobierno de Cristina Fernández no cumplió con la promesa de dotar a la política nacional de mayor institucionalidad”. Por su parte, el diputado radical Miguel Giubergia, consideró que “no se puede diferenciar el cambio entre el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, dado que se mantuvo la misma línea de intolerancia, agresión y falta de apego a las instituciones democráticas”.

Pero no todas fueron críticas para la gestión de la Presidenta. Juan Carlos Schmid, titular del gremio de Dragado y Balizamiento, elogió las gestión: “El gobierno ha mantenido el rumbo de la gestión de Néstor Kirchner. Continuamos con los convenios colectivos de trabajo, se regresó al sistema previsional del sector público y se mantuvieron políticas activas a favor del consumo y del empleo, lo que hizo posible que no se practicara ningún ajuste en la economía a pesar a la crisis internacional”.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 11 de diciembre de 2009

Link: www.clarin.com/diario/2009/12/11/elpais/p-02059763.htm

Diputados opositores, intendentes de la provincia de Buenos Aires y representantes de la Mesa de Enlace se amotinaron ayer en la Cámara de Diputados para reclamar el urgente tratamiento del veto presidencial al artículo 4 de la Ley de Emergencia Agropecuaria.

Como adelantó el martes este diario, la polémica por el veto de Cristina de Kirchner volverá a estallar en el Congreso dentro de los próximos 10 días. Ése es el plazo que tiene la Casa Rosada para enviar la decisión de la Presidente a la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario, para resolver si se acepta o rechaza el veto.

Pero el oficialismo no sólo tiene una amplia mayoría en la Comisión Bicameral, sino que sus principales representantes son kirchneristas de paladar negro que no están dispuestos a ceder un milímetro frente a los reclamos agro-opositores. La cordobesa Patricia Vaca Narvaja, la bonaerense Diana Conti, la mendocina María Cristina Perceval y el santacruceño Nicolás Fernández, custodio del matrimonio presidencial en el Consejo de la Magistratura, son algunos de los halcones de la Casa Rosada que dominan este cuerpo legislativo donde también se blindan los DNU de la Presidente.

«El veto fue implementado mediante un decreto, por lo que nos corresponde analizarlo en la Comisión Bicameral. La ley en cuestión fue aprobada por unanimidad en las dos Cámaras. Es ridículo el argumento del oficialismo de que la aprobación fue un error. Es de caradura decir que ninguno de los ciento veinte diputados oficialistas y sus más de quinientos asesores leyera el proyecto completo en los 7 meses que pasaron desde que fue presentado. Tampoco pueden ignorar la grave situación que atraviesa el campo», se quejó ayer en el Anexo de la Cámara baja el diputado macrista Julián Obiglio.

La Sala 2 del segundo piso se pobló de diputados opositores, representantes de la Mesa de Enlace, como Carlos Garetto (CARBAP) y el actual secretario agropecuario del PRO Luciano Miguens. Estuvieron presentes también 12 intendentes de los departamentos bonaerenses afectados por la sequía que iban a recibir beneficios impositivos, entre ellos, Necochea, Azul y Bolívar. Horacio López, intendente de Puán, advirtió que se encuentran «en estado terminal» y narró inclusive cómo se dividen familias rurales, donde cargan las pertenencias de los más jóvenes y los envían en busca de otros horizontes.

«Es desgarrador ver la separación y a los ancianos quedarse en los campos improductivos, en soledad», alertó el jefe comunal.

Adrián Pérez (Coalición Cívica) reiteró que «el Gobierno está demostrando que no quiere resolver el conflicto con el campo, sino mantenerlo en el tiempo». Y Francisco de Narváez, autor de la ley vetada por la Casa Rosada, advirtió sobre la metodología oficial: «No vaya a ser esto una forma con la cual Néstor Kirchner planea llevar adelante los destinos del país».

El titular de la Municipalidad de Necochea, Daniel Molina, fue categórico: «Estamos a las vísperas de un conflicto social».

Referencia: nota diario Ambito Financiero

Fecha: 27 de agosto de 2009

Link:www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=478929

Como reacción al veto de Cristina Kirchner a la ley que bajaba las retenciones a 37 distritos bonaerenses, diputados e intendentes opositores de las zonas en emergencia se reunieron en el Congreso para expresar su protesta y avanzar con una estrategia a dos puntas: presionar a los legisladores para que insistan con el texto que aprobaron por unanimidad y pedir una audiencia con el gobernador Daniel Scioli, para exigirle que se ponga a la cabeza del rechazo al veto. Tarea difícil, porque el gobernador apoyó públicamente la decisión de Cristina.

Al día siguiente de publicarse el veto en el Boletín Oficial, la Mesa de Consenso Agropecuario que nuclea a diputados radicales, macristas, de la Coalición Cívica y peronistas disidentes -faltó el socialismo- armó una puesta en escena con 13 jefes comunales del sur y el centro provincial que pertenecen al Acuerdo Cívico. Faltaron 6 opositores -algunos con aviso- y mandó adhesión escrita un solo justicialista, Cristian Breitenstein, de Bahía Blanca. Es un kirchnerista crítico que se negó a una candidatura testimonial.

Del lado opositor estuvieron, entre otros, Francisco de Narváez, Felipe Solá (por el PJ disidente), Adrián Pérez (jefe de la Coalición Cívica), Christian Gribaudo (el macrista que convocó, en su carácter de vice de la Comisión de Agricultura) y Pedro Morini, puntal de la UCR en temas agrarios.

La intención fue potenciar el costo político de la medida presidencial y retomar la iniciativa parlamentaria para insistir con la rebaja de las retenciones. El proyecto vetado entró el martes a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -sobre 16 integrantes, 10 son oficialistas-, que tiene diez días hábiles para expedirse. Trascendió que podría reunirse el próximo jueves. Después de emitido el dictamen, debe ser tratado por ambas cámaras y en cada una se requieren dos tercios de los votos para rechazar el veto y obligar al Ejecutivo a promulgar la ley. Una posibilidad que aparece remota, dada la relación de fuerzas en el Parlamento.

Diputados e intendente advirtieron sobre el “peligro” que implica la práctica del veto, con el antecedente del que aplicó Cristina a la Ley de Glaciares el año pasado. Morini habló de una “ofensa al Congreso” y Pérez acusó al Gobierno de “potenciar” el conflicto con los ruralistas. “Hay una política de retenciones y es incrementarlas”, dijo. Francisco De Narváez, autor del proyecto que generó la polémica, adelantó que en diciembre -cuando asuman los diputados electos- pedirá “la revisión de las leyes que atenten contra lo que se votó el 28 de junio”.

Participaron los intendentes de Necochea, Guaminí, Saavedra, Tres Lomas, Coronel Dorrego, Carlos Casares, Pringles, Hipólito Yrigoyen, Puan, Bolívar, Saliqueló, Pellegrini y Benito Juárez. Además de los ruralistas y diputados electos Ulises Forte y Pablo Orsolini.

Referencia: nota diario Clarín

Fecha: 27 de agosto de 2009

Por: Martín Bravo

Foto: diario Clarín

Link: www.clarin.com/diario/2009/08/27/elpais/p-01986596.htm

El inminente veto a la ley de emergencia agropecuaria, aprobada por “error” del Senado el jueves pasado, concitó críticas de amplios sectores de la oposición que advierten el peligro de que esta metodología se convierta en una costumbre presidencial después del 10 de diciembre cuando cambie la composición del Congreso. ” Vetan una ley desfavorable al pensamiento único que pregonan y uno pone una luz amarilla sobre una posible estrategia“, señaló a Perfil.com el diputado del GEN, Juan Carlos Morá, quien alertó que ” hay que ver si este no es el primer paso a una vetocracia“.

“Cuando uno ve que después del 28 de junio, el dialogo significa que no es ceder y sólo es una foto, cuando ve que el Indec sigue manejado por Moreno, que en el Consejo de la Magistratura no están dispuesto a darle independencia al Poder Judicial, que se promueven políticas focalizadas en vez de universales, que se prorrogan las facultades delegadas y aprueban los superpoderes es preocupante”, ilustró el bonaerense, que reencausó la denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner.

Morán explicó que para conseguir que un veto del Ejecutivo quede sin efecto, la oposición debe reunir el 66% de votos, es decir que no alcanza con juntar 129 votos o 37 en el caso del senado. El diputado afirmó que este antecedente, de concretarse sería “preocupante” debido a “la legitimidad que tiene una ley unánime” y aseveró que si esta herramienta se vuelve usual “vamos camino a una vetocracia en 2010″.

“Nosotros el 1 de marzo bajamos las retenciones 10 puntos, eliminamos las del trigo y la carne, por poner un ejemplo, aprobamos el ingreso ciudadano a la niñez, hacemos una reforma impositiva donde gravamos con más fuerza al juego y la presidenta lo veta, anula al Parlamento, porque nosotros [por la oposición] al 66% no vamos a llegar, y gobierna con las facultades delegadas“, argumentó el diputado, que criticó la facultad del veto presidencial por considerarla “más propia del Príncipe que de una república”.

En ese sentido, el jefe de Bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez expresó que “Si la Presidente se atreve a contrariar la voz unánime del Congreso, es lícito preguntarse por la suerte que correrán las leyes que se aprobarán luego del 10 de diciembre producto de la nueva composición del Parlamento”. Además, señaló que espera que “el Gobierno no esté pensando en fomentar un conflicto de poderes permanente en los dos años que le quedan de mandato”.

En ese mismo sentido, el titular del bloque PRO, Federico Pinedo, fue optimista: “Tenemos esperanza en que la Presidenta vuelva a analizar la situación y reglamente la ley, lo cual sería de mucha ayuda para muchas familias de la provincia de Buenos Aires que padecieron importantes pérdidas”, manifestó en otro comunicado.

La polémica decisión, adelantada esta mañana por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y apoyada por varios gobernadores, entre ellos Daniel Scioli, unió también a los diputados provinciales bonaerenses Ramiro Tagliaferro y Jorge Macri (Pro), Maricel Etchecoin Moro y Walter Martello (ARI/CC), Gustavo Zuccari y Ricardo Jano (UCR), Jorge Cravero (Gen), Arata Rodolfo (La Concertación) y Ramiro Gutiérrez (Unión Celeste y Blanca), que recharzaron el veto.

Los legisladores provinciales esgrimieron que si CFK veta la ley habrá demostrado “una vez más que no ha podido interpretar el mensaje de las urnas” ya que “el pueblo argentino no quiere más medidas basadas en revanchismos contra el sector agropecuario ni el desprecio a las instituciones de la República”.

Referencia: nota Diario Perfil

Fecha: 24 de agosto de 2009

Link: http://www.perfil.com/contenidos/2009/08/24/noticia_0023.html

La Coalición Cívica planteará en el Congreso una profunda reforma impositiva, la derogación de los superpoderes, cambios en el Consejo de la Magistratura y la eliminación del impuesto al cheque para las Pyme

Adrián Pérez, presidente del bloque en la Cámara de Diputados, informó cuáles son los planes de la Coalición Cívica para los próximos meses en materia económica, política y social que se plantearán en el Congreso Nacional.

Como medida principal, el bloque de Carrió pedirá prorrogar por seis meses las facultades especiales del Ejecutivo en materia impositiva (vencen el 24 de agosto), con la excepción de aquellas que le posibilitan el cobro de retenciones al sector agropecuario.

En un mensaje de apoyo al campo, el partido opositor prevé proponer la supresión de las retenciones a la carne, la leche, el trigo y el maíz, así como establecer “un techo” (rebaja) del 25% para la soja, la oleaginosa que mayores ingresos genera en las arcas del fisco y que desembocó el año pasado en el prolongado conflicto entre el campo y el Gobierno.

En materia impositiva, la Coalición Cívica también propondrá la reducción del IVA en dos puntos y gravar la renta financiera. Además planteará la eliminación del impuesto al cheque en el caso de las Pyme.

En cuanto a la reforma política anunciada por la presidente Cristina Kirchner, la Coalición Cívica afirmó que “sería una irresponsabilidad” que el Ejecutivo no mantuviera la facultades por otros seis meses a partir del 24 agosto, fecha que vence la prórroga para que el Gobierno tenga la potestad para determinar los aranceles a las exportaciones.

A su vez se planteó que “en el transcurso de los seis meses se cree una comisión bicameral que defina si se ratifican o anulas esas facultades”, señaló el legislador. Y advirtió que “no hay reforma política si no cortamos con el clientelismo político“.

Eso no fue todo. El bloque de la oposición anunció que reclamará “otorgar independencia al ONCA, el INDEC“ y además propondrá la designación por concurso de los funcionarios que encabecen estos organismos. También se habló de “quitarle facultades al Ministerio del Interior en el proceso eleccionario y que éstas sean trasladas a la Cámara Nacional Electoral”.

No obstante, el diputado nacional aclaró que la prioridad en el Congreso será la lucha contra la pobreza y “revertir el proceso recesivo y de deterioro económico”, según dijo Adrián Pérez. Para ello estipulan un ingreso ciudadano a la niñez universal de 200 pesos administrado por las madres con la condición de incorporar a los chiquitos al sistema educativo y sanitario, y actualizado en función de la inflación.

Referencia: nota diario Infobae

Foto: Infobae

Fecha: 14 de julio de 2009

Link: http://www.infobae.com/contenidos/460349-101275-0-Diputados-Carri%C3%B3-impulsar%C3%A1n-bajas-las-retenciones-al-campo

La fecha se fijó en una reunión que duró más de tres horas y que fue el resultado de un fallido intento de oposición y ruralistas por hacer sesionar a la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. La Comisión es presidida por el kirchnerista Alberto Cantero, que al igual los demás legisladores K decidió no presentarse a la reunión, en la que hubo representantes de casi todo el arco opositor.

“Esperamos juntar entre 110 y 120 diputados. Ese número nos dejaría muy cerca del quórum”, afirmó uno de los presentes en la reunión. Otro participante arriesgó un número similar y confió que todas las miradas estarán puestas en el bloque del SI que lidera Eduardo Macaluse, de ocho diputados.

Sin embargo, ayer por la tarde Macaluse afirmó que por el momento no participará de las sesiones convocadas por la oposición.

Si bien se eligió el 1° de abril, en un primer momento algunos ruralistas planteaban la posibilidad de postergar el pedido de sesión para el miércoles 8. Alfredo de Angeli, principal promotor de realizarla la semana próxima, afirmó a Clarín: “Esto se tiene que discutir en el Parlamento y hay que hacerlo pronto porque hay mucha bronca entre los productores”.

Hugo Biolcati, titular de Sociedad Rural, afirmó: “Nos sorprende la negativa oficialista a tratar las retenciones, cuando de hecho no sólo acudimos al Legislativo por convicción propia, sino por la sugerencia que nos hizo la misma Presidenta”. Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, criticó al Ejecutivo porque “mediante decretos fija alícuotas de forma discrecional, sin diferenciar escala de productores ni analizar su impacto en el interior”.

Referencia: nota diario Clarín
Fecha: jueves, 26 de marzo de 2009
Link: http://www.clarin.com/diario/2009/03/26/elpais/p-01884852.htm

Un clima de escepticismo sobre el resultado del diálogo recién iniciado entre el Gobierno y el campo copó ayer el enorme Salón Azul del Senado, donde los dirigentes de la Mesa de Enlace compartieron una audiencia pública con legisladores de casi toda la oposición.

“Los problemas no se resuelven si no se tocan las retenciones”, dijo el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, y cosechó la primera ovación de los 300 productores que hicieron de hinchada. A partir de allí, la baja de las retenciones a los granos, medida que el Gobierno ya calificó de innegociable, se erigió en el reclamo central de los ruralistas.

Las dudas sobre las verdaderas intenciones de la Casa Rosada rondaron los discursos de los que llevan la voz cantante en el conflicto: Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria; Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, y Mario Llambías, de CRA. Pero esta vez, la sorpresa la dio Carlos Garetto, el habitualmente moderado titular de Coninagro, que se robó los aplausos con un vibrante tono de barricada.

“Mirá vos, éste que parecía tan mansito”, comentaba una productora santafesina alineada con los “autoconvocados”. Es que Garetto lanzó el mensaje más político, al denunciar -a viva voz y con el rostro enrojecido- que “el Gobierno está destruyendo el aparato productivo del interior” y advertir que “en lugar de exportar los alimentos que el Mundo necesita, vamos a exportar hambre”.

En otro tramo más reflexivo, el dirigente cooperativo cordobés sostuvo que “el nivel impositivo es tan alto que hace bajar la productividad. Si bajan las retenciones, vamos a producir más y habrá más dinero para políticas sociales”.

Como maestro de ceremonias actuó el senador y jefe de la UCR, Gerardo Morales, quien de entrada diagnosticó que “la sequía y la crisis global agravaron la situación, pero los problemas centrales del campo son por causas domésticas y obedecen a la ausencia de políticas públicas”.

El senador socialista Rubén Giustiniani se mostró más optimista: “Cuando se reinicien las sesiones del Congreso vamos a conseguir los votos para sacar las leyes que necesita el campo”. El macrista Chistian Gribaudo, vice de la Comisión de Agricultura, estimó que “hoy somos cien” y llamó a obtener los 129 votos que se necesitan en la Cámara baja para reunir mayoría y torcerle el brazo al oficialismo.

Buzzi y Llambías anunciaron que desfilarán por el Congreso para sumar voluntades, como lo hicieron el año pasado. El mandamás de la Federación Agraria se quejó de que “los funcionarios son conciliadores adentro y cuando salen de negociar dicen todo lo contrario”. Biolcati acusó al Gobierno de hacer “operaciones tramposas” por la divulgación de sus contactos reservados con el ministro Julio De Vido. “Pero estamos más unidos que nunca”, remató.

El oficialismo y la oposición se unieron ayer en un enérgico repudio contra la agresión de la que fueron víctimas los diputados nacionales Agustín y Alejandro Rossi en la localidad santafecina de Laguna Paiva.

El jefe de Gabinete, Sergio Massa, afirmó que “es preocupante y grave que algunos elijan el camino de la agresión, porque con violencia e intolerancia no se solucionan los problemas”.

Desde la oposición se manifestaron rápidamente en contra de los hechos que tuvieron lugar al mediodía en la ciudad ubicada a unos 50 kilómetros de Santa Fe.

El diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, dijo que “el escrache no es un método aceptable para que los ciudadanos ejerzan su legítimo derecho a la protesta”, y realizó un llamado a todos los sectores para buscar la paz y transitar los caminos para solucionar los problemas de la mejor manera posible.

Eduardo Macaluse, de Solidaridad e Igualdad, se opuso al método de protesta que utilizaron los productores. “Rechazamos las expresiones de violencia física contra dos diputados en cumplimiento de sus funciones, aún cuando no estemos de acuerdo con las posturas que ellos tienen”, dijo el legislador por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Federico Pinedo, de Pro, y Luis Lusquiños, del Frejuli, presentarán un proyecto en la Cámara de Diputados para que “las instituciones reaccionen con firmeza frente a hechos de intolerancia que lesionan las reglas democráticas”.

Eduardo Fellner, presidente de la Cámara baja, y Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de ese cuerpo, se solidarizaron con los legisladores agredidos. El jujeño dijo que fue una actitud repudiable y lo atribuyó a “grupos patoteros y autoritarios que son inadmisibles en el marco del ejercicio democrático”.

Vaca Narvaja afirmó que acciones como la sucedida ayer ponen de manifiesto que “subsisten en nuestra sociedad grupos de interés” que actúan “guiados por la lógica del autoritarismo y el sectarismo”.

Cobos

El vicepresidente Julio Cobos también manifestó su solidaridad con los hermanos Rossi al sostener que en tiempos de democracia “se debe respetar la diversidad de pensamiento y buscar el diálogo, porque siempre es el camino más racional para resolver las diferencias”.

Otro de los funcionarios nacionales que manifestaron su repudio fue el ministro del Interior. Florencio Randazzo dijo que acciones de este tipo no contribuyen a resolver las dificultades que puede tener el sector agropecuario. “Nadie debería actuar de esta manera”, afirmó.

Julio Pereyra, presidente de la Federación Argentina de Municipios, se sumó al rechazo a la agresión. “Es inentendible la acción de ciertos sectores que buscan generar enfrentamientos a través de acciones violentas y patoteriles”, afirmó el intendente de Florencio Varela. También el sindicalismo, a través de Juan Carlos Schmid, integrante del Consejo Directivo de la CGT, manifestó su “total repudio y condena” a un acto que considera perpetrado “por un minúsculo grupo que no representa la opinión y voluntad de la ciudadanía”.

Referencia: nota diario La Nación

Fecha: martes. 3 de febrero de 2009

Link: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1095966