El diputado nacional Adrián Pérez y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña y cuestionaron hoy los pliegos para la licitación del contrato de recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires al presentar una agenda para la transparencia en la gestión porteña.

“Existe hoy una ley de basura cero en la Ciudad, que es una buena ley, pero que no se ha cumplido. Mañana nos presentaremos en la audiencia pública para cuestionar los pliegos de licitación del contrato de la basura, porque así como está no establece metas claras con sanciones al incumplimiento para los eventuales contratistas del servicio”, cuestionó Adrián Pérez.

En tanto, Graciela Ocaña señaló: “El de la basura es el principal contrato de servicio público de la Ciudad, que tiene implicancia sobre el medio ambiente y las finanzas de la Ciudad. Así como está puede tener consecuencias graves en lo económico y en lo ambiental en la Ciudad”.

Ambos dirigentes destacaron “la importancia de que dirigentes que comparten valores y principios puedan trabajar en conjunto, proyectos comunes para mejorar la gestión de Gobierno y favorecer la transparencia en la administración pública”. Ocaña preside la fundación Confianza Pública y Adrián Pérez el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Social e Institucional (CEDESI)

De la presentación participaron los diputados nacionales Roy Cortina (Partido Socialista), Silvana Giudici (UCR); y Fernando Iglesias y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica). Además se hicieron presentes los legisladores porteños de la CC Fernando Sánchez, Diana Maffía, Sergio Abrevaya y Rocío Sánchez Andía.

Sorpresivamente se hizo presente el ministro porteño de espacio público, Diego Santilli, quien manifestó su interés por escuchar las propuestas.

¿Por que es necesario pensar una agenda de políticas de transparencia?

La corrupción impacta directamente en la calidad de las prestaciones que el Estado local pueda brindar y en las prioridades de una gestión inclusiva y de un Estado bien financiado capaz de lograr más y mejor asignación de recursos. Una gestión transparente tiene el potencial de mejorar la asignación de recursos públicos y reducir las oportunidades para la corrupción y el clientelismo político. La conjunción de ambos factores niega los derechos, manipula el acceso a los bienes públicos y captura a las instituciones, de manera tal de inhibir la rendición de cuentas. Para ello es fundamental implementar reformas institucionales que permitan aumentar los niveles de transparencia –y por lo tanto aplicar las políticas económicas y sociales que generan una sociedad con equidad.

La Ciudad de Buenos Aires que tiene la Constitución mas avanzada del país, no ha generado herramientas que promuevan gestiones gubernamentales transparentes por el simple hecho de que las políticas de transparencia no constituyen una prioridad efectiva de este gobierno.

En ese sentido, la gestión transparente debe ser una política prioritaria del gobierno, deben ser un conjunto de medidas ineludibles para todos los ámbitos de gobierno.  En tal sentido, las fundaciones que conducen Graciela Ocaña y Adrián Pérez elaborarán propuestas para reformar, entre otros aspectos de la vida institucional de la Ciudad:

El contrato del Servicio de Recolección de Residuos en la Ciudad de Bs. As.

Este informe fue realizado por las fundaciones Confianza Pública, el Cedesi y el Instituto GEN.

El principal contrato de servicio público de la Ciudad de Buenos Aires es el de la recolección de residuos sólido e involucra un gasto de alrededor de $ 1.000 millones. Este contrato no sólo tiene consecuencias sobre higiene y limpieza de la Ciudad, sino implicancias sobre el medio ambiente, las finanzas públicas, y la inclusión social. En este contrato, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta con un doble discurso: mientras critica al gobierno nacional por su matriz de negocios para amigos, lo reproduce con los mismos actores.

Estos son los principales cuestionamientos que hace el informe al contrato:

-          Están habilitados para participar de la licitación personas condenadas por delitos de corrupción.

-          Las faltas referidas a daños al medio ambiente son consideradas faltas leves.

-          No incluye control social de la ejecución del contrato.

-          No hay compromiso de las partes de no realizar prácticas corruptas.

-          El plazo para las impugnaciones es demasiado corto.

-          Las adjudicatarias no se comprometen a colaborar con campañas de concientización para el tratamiento inteligente de los residuos.

-          El Gobierno de la Ciudad no se compromete a construir nuevos centros verdes.

-          No hay capacitación para las cooperativas de recuperadores de residuos sólidos.

-          No se establece una cantidad mínima de camiones a utilizar por parte del contratista.

-          Debería eliminarse la previsión por la cual es el Gobierno de la Ciudad el que se hará cargo del costo de adquisición de 20.000 contenedores.

-          Hay obstáculos para nuevos oferentes.

Fecha: 26 de julio de 2010