Adri�n Perez

El secretario general de Coalición Cívica ARI, Adrián Pérez, señaló hoy que la fuerza que preside insistirá este año en el Congreso en el tratamiento sobre la necesidad de regular la publicidad oficial. “Es una ley muy necesaria, porque la discrecionalidad en el manejo de la pauta publicitaria oficial deteriora la calidad de las instituciones y es una distorsión grave que pretende manipular la opinión ciudadana. Vamos a insistir para que se termine el manejo abusivo de la pauta. Establecer un regimen de publicidad oficial es garantizar la igualdad; la autonomía y la dignidad de las personas; la deliberación pública y la necesidad de construir instituciones estables”, planteó.

En tal sentido, Pérez destacó: “Nuestros legisladores en el Senado y en Diputados han presentado e impulsan proyectos muy serios y completos para abordar esta cuestión. Pretendemos que el marco regulatorio contenga los criterios de asignación de la pauta y los principios bajo los cuales estos se rijan, el establecimiento de un plan anual de publicidad que otorgue previsibilidad a las asignaciones no pudiendo contratarse publicidad oficial por fuera de lo establecido en dicho plan, la elaboración de un informe semestral y su presentación ante el Parlamento y la creación de una autoridad de aplicación plural de dicho régimen, entre otras cuestiones.”

 Según el titular de CC ARI, “En la región existe la discusión legislativa del tema en México y Uruguay y ya se está implementando una norma en Chile. En la Provincia de Tierra del Fuego se adoptó una medida que pone orden a la distribución equitativa de la publicidad oficial y exhorta al Ejecutivo a que se revisen y aclaren los criterios a utilizarse para la asignación de espacios, constituyendo un ejemplo de autolimitación y eliminación de formas de discrecionalidad”.”Las ultimas leyes sancionadas en diciembre demuestran que cuando hay voluntad política las cuestiones pendientes se resuelven rápidamente. Esta también debe ser una cuestión de tratamiento perentorio”, concluyó Pérez.

Fecha: 2 de febrero de 2011

En tal sentido, Pérez destacó: “Nuestros legisladores en el Senado y en Diputados han presentado e impulsan proyectos muy serios y completos para abordar esta cuestión. Pretendemos que el marco regulatorio contenga los criterios de asignación de la pauta y los principios bajo los cuales estos se rijan, el establecimiento de un plan anual de publicidad que otorgue previsibilidad a las asignaciones no pudiendo contratarse publicidad oficial por fuera de lo establecido en dicho plan, la elaboración de un informe semestral y su presentación ante el Parlamento y la creación de una autoridad de aplicación plural de dicho régimen, entre otras cuestiones.”

Según el titular de CC ARI, “En la región existe la discusión legislativa del tema en México y Uruguay y ya se está implementando una norma en Chile. En la Provincia de Tierra del Fuego se adoptó una medida que pone orden a la distribución equitativa de la publicidad oficial y exhorta al Ejecutivo a que se revisen y aclaren los criterios a utilizarse para la asignación de espacios, constituyendo un ejemplo de autolimitación y eliminación de formas de discrecionalidad”.”Las ultimas leyes sancionadas en diciembre demuestran que cuando hay voluntad política las cuestiones pendientes se resuelven rápidamente. Esta también debe ser una cuestión de tratamiento perentorio”, concluyó Pérez.

La Junta Ejecutiva Nacional del Partido Coalición Cívica ARI se reunió hoy y resolvió reiterar la oposición de esa fuerza política a cualquier iniciativa para reformar la Constitución, hizo un llamado a los otros partidos a posicionarse rápidamente sobre la cuestión para “evitar la continuidad en el tiempo de un debate estéril” y anunció que impulsará una reforma tributaria “amplia y abarcativa que ataque el problema de la regresividad del sistema impositivo argentino”.

Los dirigentes de CC ARI reiteraron el planteo esgrimido ni bien se conocieron declaraciones públicas del vicepresidente Amado Boudou acerca del interés del oficialismo de acelerar la reforma de la Constitución: “No es tiempo de hacer cambios en la carta magna, si no de cumplir con lo estipulado en ella”. “Es necesario cumplir el mandato constitucional de 1994 sobre el que existen deudas acerca de la composición del Consejo de la Magistratura, la excepcionalidad en el uso de los decretos de necesidad y urgencia y la facultad legislativa de controlarlos, el vaciamiento de los organismos de control, la ausencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, las asistencias del Jefe de Gabinete al Congreso entre otros tantos temas”, señalaron, e instaron al resto de las fuerzas políticas a “expedirse a la brevedad de modo de neutralizar cualquier intento de extender una discusión estéril, porque si no hay acuerdo con algún partido de la oposición, no habrá números en el Congreso para votar la necesidad de la reforma”.

Por otra parte, en la reunión que encabezaron el secretario general, Adrián Pérez y el jefe de bloque de diputados nacionales, Alfonso Prat Gay, se acordó impulsar  ”una agenda programática integral, con eje en un plan de reforma tributaria amplio y abarcativo que ataque el problema de la regresividad del sistema impositivo argentino”, que a juicio de CC ARI es “injusto y presiona más sobre los sectores medios y bajos de la sociedad”. “Es necesario gravar la renta financiera, bajar el impuesto a las ganancias para asalariados, deudores hipotecarios e inquilinos y eliminarlo para jubilados, eliminar el impuesto al cheque a las PyMEs y devolverle IVA a los beneficiarios de tarjetas sociales para de este modo avanzar en un esquema más progresivo donde cada persona pague impuestos en función de su capacidad contributiva”, destacaron.

Además de Pérez y Prat Gay, estuvieron presentes los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Sánchez y Maximiliano Ferraro; los diputados provinciales, Walter Martello (Buenos Aires), Susana García (Santa Fe), Beatriz Kreitman (Neuquén) y Magdalena Odarda (Río Negro); y la dirigente cordobesa y ex diputada nacional, Griselda Baldatta.

El secretario general de Coalición Cívica ARI se reunió con dirigentes partidarios de la Tercera Sección Electoral bonaerense.

El secretario general del partido Coalición Cívica ARI, Adrián Pérez, pidió hoy al gobernador bonaerense Daniel Scioli y a su vicegobernador, Gabriel Mariotto, que dejen de lado sus diferencias, porque, dijo: “La provincia de Buenos Aires no está para bollos”. Pérez explicó: “La gravedad de la situación en el área de seguridad y la crisis presupuestaria de la provincia de Buenos Aires hacen necesario que los tres poderes distritales  trabajen en forma coordinada. Si las internas del PJ vuelven al Poder Ejecutivo contra el Legislativo y viceversa, los problemas se van a agravar. La provincia de Buenos Aires no está para bollos. Scioli y Mariotto tienen que dejar de lado sus diferencias o dirimirlas al interior del Frete para la Victoria y no tomar de rehenes a los ciudadanos en una puja ajena a los intereses de la comunidad”.

Pérez realizó estas declaraciones durante una reunión partidaria con dirigentes de la tercera sección electoral, en la localidad de Lomas de Zamora. Allí se hicieron presentes el diputado nacional Horacio Piemonte y el jefe de Bloque de Lesgisladores provinciales de CC ARI, Walter Martello, ambos referentes de la tercera sección.

Según Pérez, “A pesar de los primeros cuatro años de una gestión que el gobernador califica como la más importante de la década en materia de seguridad, las estadísticas oficiales demuestran que los problemas se agravan: solamente en los primeros meses de 2011 se denunciaron ante el fuero penal juvenil 107 homicidios y 3300 delitos contra la propiedad cometidos por menores”. “Y ya fuera del ámbito de los menores, el total de los homicidios cometidos si se suman y proyectan los en grado de tentativa y los consumados, nos daría que en Buenos Aires se cometen 6 por dia, es decir 1028 para el primer semestre de 2011″. Para el secretario general de CC ARI, “Esto sucede mientras el presupuesto destinado a la seguridad es el más bajo de la etapa sciolista, mientras las políticas actuales son contradictorias con las previas y mientras los programas de asistencia a jóvenes en situación de riesgo no se ejecutan.”

Por otra parte, Pérez, planteó: “Los municipios se encuentran hoy asfixiados ante el vencimiento del plan de endeudamiento con la Provincia, que a su vez necesita $ 13.000 millones para poder financiarse en el 2012 y que deberá obtener al menos $ 9.000 millones más para hacer frente al pago de los sueldos el año próximo. Son problemas graves, concretos, estructurales que tienen que resolverse con trabajo coordinado y que una disputa anticipada por el poder solo tenderá a agravarlos”.

La Junta Ejecutiva del Partido Coalición Cívica ARI, que encabeza Adrián Pérez y el Bloque de Diputados Nacionales de esa fuerza, presidido por Alfonso Prat-Gay reclamaron hoy a la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vete la Ley Antiterrorista votada por el Congreso de la Nación.

“Es una ley que puede traer graves consecuencias para las personas, a partir que deja a criterio de un juez qué acción conlleva una finalidad terrorista y cuál no”, sostuvieron Pérez y Prat Gay y afirmaron que “tal como lo dijo el presidente del Bloque del PJ Agustín Rossi, en el debate parlamentario, el objetivo es darle una herramienta de extorsión a Guillermo Moreno para controlar el mercado de cambios”.  Pérez y Prat Gay sostuvieron que “si el Gobierno quiere quedar bien con el GAFI alcanza con la definición de terrorismo de las Convenciones internacionales en la que no quedan dudas de que la protesta social no es un acto terrorista”.

Legisladores y dirigentes de CC ARI anunciaron que enviarán hoy una carta a la Presidencia de la Nación para formalizar el pedido e iniciarán en breve reuniones y contactos con diferentes organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos y civiles, para discutir un plan de acción en contra de la norma.

Para legisladores y dirigentes de CC ARI, “La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales y el aumento de las penas.”